La educación superior pública en Colombia atraviesa una de sus peores crisis presupuestales en décadas. Así lo evidenció un reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó un preocupante déficit financiero en las principales universidades del país, agravado por factores estructurales y decisiones recientes del Gobierno nacional.
La situación ha sido respaldada por voces del Congreso como la de Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, quien advierte que el sistema universitario “va a colapsar” si no se toman medidas estructurales urgentes.
Un pasivo pensional de $8,3 billones: el peso invisible
La Contraloría alertó que tres de las universidades más representativas —la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle— presentan un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones, siendo la Nacional la más afectada, con una deuda que llega a $4,5 billones.
Estos montos, producto de cálculos actuariales acumulados, ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la capacidad de las instituciones para operar con normalidad.
La entidad fiscalizadora también advirtió que muchas universidades hacen estas proyecciones con datos desactualizados, incluso de hace más de una década, lo que podría ocultar aún mayores dificultades a futuro.
Además, instó a que el Gobierno central gire oportunamente los recursos de concurrencia, ya que muchas universidades, como la del Valle, no logran cubrir su porcentaje de participación (19,9 %) con los ingresos propios.
Costos laborales desbordados y sin respaldo
Uno de los factores que más presionan las finanzas de estas instituciones es el régimen salarial y prestacional de los docentes (Decreto 1279 de 2002). Este permite acumular puntos por productividad académica, lo que incrementa considerablemente los costos salariales.
Por ejemplo, la Universidad de Antioquia pasó de reconocer $10.364 millones en puntos salariales en 2017 a $18.239 millones en 2024, un aumento del 76 %. La Contraloría fue clara: “La Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención”.
A esto se suma el impacto del Decreto 391 de 2025 sobre formalización laboral, que implicaría una nueva carga presupuestal de $2.9 billones para el sistema universitario, sin que se haya establecido una fuente de financiación clara por parte del Ejecutivo.
Pedraza: “El sistema va a colapsar”
Desde el Congreso, la representante por Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza ha sido una de las voces más activas denunciando el riesgo inminente que enfrenta la educación superior pública. En entrevista reciente con Kienyke.com, explicó que el aumento del 9 % en el presupuesto anunciado por el Gobierno para 2024 es insuficiente frente a las nuevas exigencias.
“Si bien los recursos de las universidades crecieron en un 9% por encima de la inflación... el gobierno está presionando muy fuertemente a las universidades para que aumenten cobertura”, afirmó.
Esto significa que gran parte de los nuevos recursos están comprometidos, dejando poco margen para funcionamiento, salarios, infraestructura y deuda acumulada:
“Solo quedaron cuatro puntos disponibles para atender los gastos de funcionamiento… y resulta que las universidades tienen una deuda histórica”, advirtió Pedraza.
La representante también denunció que universidades como la de Antioquia están teniendo que hipotecar sus predios para funcionar, y que se han recortado 23.000 horas cátedra, lo que afecta directamente la calidad y cobertura del servicio educativo.
La gratuidad y los giros tardíos: otro golpe a la caja
El esquema de gratuidad en las matrículas, reglamentado por el Decreto 2271 de 2023, cambió el flujo de ingresos de las universidades. Ahora, el 80 % de los recursos se gira al inicio del semestre y el 20 % restante solo tras validaciones del Ministerio de Educación.
Sin embargo, la Contraloría señaló que en 2024 el primer giro “suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico”, lo cual genera incertidumbre financiera y limita la capacidad de planificación de las universidades.
“Lo que tú vas a terminar haciendo es que colapse el sistema”, advirtió Pedraza frente a estas presiones de cobertura sin el respaldo económico suficiente.
Infraestructura rezagada y reforma pendiente
La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene proyectos de inversión física y tecnológica por $1,4 billones que siguen sin financiación. Esta situación representa una deuda histórica en infraestructura que impacta directamente la calidad académica.
Tanto la Contraloría como la representante Pedraza coinciden en que es urgente reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que definen la estructura de financiación universitaria.
“Queremos resolver estructuralmente este problema. Necesitamos reformar la ley para no tener que estar marchando cada cuatro años”, explicó Pedraza, quien impulsa un proyecto de ley en el Congreso para modificar el modelo actual.
El déficit de las universidades públicas en Colombia es una bomba de tiempo. Entre pasivos pensionales, costos salariales, formalización laboral sin financiación, retrasos en los giros de gratuidad e infraestructura colapsada, el sistema universitario enfrenta una amenaza estructural.
Tanto la Contraloría como representantes del Congreso coinciden en que se necesita una solución estructural, no paliativos. Reformar la Ley 30 y garantizar el giro oportuno de recursos no es solo una exigencia técnica, es una necesidad urgente para preservar el derecho a la educación superior pública de calidad.
