Una nueva controversia golpea al Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez por cuenta del jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade. La Red de Defensa Ciudadana presentó una queja disciplinaria en su contra ante el procurador general, Gregorio Eljach, solicitando su suspensión provisional por una presunta extralimitación de funciones en el manejo del contrato de pasaportes.
El documento, revelado en primicia por la revista Semana, sostiene que Saade habría incurrido en una “falta gravísima dolosa”, según los numerales 1 y 20 del artículo 54 del Código General Disciplinario. La queja también fue enviada a la procuradora delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez, para fortalecer el proceso investigativo.
De acuerdo con la denuncia, Saade habría actuado como “vocero, articulador y promotor” de decisiones relacionadas con el nuevo modelo de expedición de pasaportes, sin contar con competencia legal o delegación formal. Este comportamiento, según la Red de Defensa Ciudadana, representa una intervención sin sustento jurídico en funciones propias del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La situación se originó en octubre de 2024, cuando la Cancillería firmó un contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025. Sin embargo, ocho meses después, la misma entidad reconoció que no alcanzaría a implementar el nuevo sistema antes del 1 de septiembre de 2025. En ese contexto, Saade comenzó a intervenir públicamente en el proceso.
En una entrevista radial del 2 de julio, Saade afirmó: “Yo estoy articulando el contrato con Portugal”, y añadió: “Vamos a firmar en horas, si no estoy mal”. No obstante, nueve días después, el contrato aún no se ha suscrito.
Las declaraciones generaron una fuerte reacción por parte de la entonces canciller, Laura Sarabia, quien denunció que Saade se había “autoproclamado” como líder del proceso de pasaportes. Según Sarabia, el funcionario incluso impartió órdenes contrarias a las suyas mientras ella se encontraba en el exterior, como retrasar la asignación de citas para alargar el uso del inventario vigente.
Además, Sarabia advirtió que no existía un contrato en firme que asegurara la continuidad del servicio más allá del 31 de agosto y que el nuevo modelo requería, al menos, dos meses adicionales para su implementación.
El caso se complicó aún más cuando Saade, en otra entrevista, manifestó su disposición a intervenir en el contrato de la Registraduría con Thomas Greg & Sons para las próximas elecciones, si así lo indicaba el presidente Petro. Esta declaración fue calificada por la Red de Defensa Ciudadana como una eventual “usurpación de funciones y abuso de poder”.
La queja señala que Saade actuó de forma “antijurídica” al interferir en competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y alterar el funcionamiento de una entidad nacional, afectando principios clave de la función pública como legalidad, competencia, autonomía institucional y reserva legal.
Dada la gravedad de los hechos expuestos, la Red de Defensa Ciudadana solicitó a la Procuraduría la adopción de medidas cautelares, incluida la suspensión inmediata de Alfredo Saade, mientras avanza la investigación disciplinaria.
Este nuevo episodio se suma a la ya prolongada crisis por la expedición de pasaportes, que ha derivado en la salida de tres ministros de Relaciones Exteriores y pone en riesgo la continuidad del servicio a partir de septiembre.
