El 2023, lleno de cambios en casi todos los ámbitos jurídicos y sociales, llega con modificaciones de fondo en los contratos de prestación de servicios, que deberán tener un término de duración de cuatro meses.
Ese lapso será el tiempo del que dispongan las entidades para definir la creación de la planta del personal necesaria para cubrir a quienes llegan como contratistas.
Recientemente, se conoció una comunicación de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quien le dijo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República que tan propósito está fuera del alcance general:
“Se observa que la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa, sino que imponen una carga imposible de ejecutar”, cita el portal Ámbito Jurídico.
Ante esa y otras recomendaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió los lineamientos que deberían tomarse en cuenta siempre que se suscriban contratos de prestación de servicios.
Al final quedó determinado que no se aplicarían los plazos máximos de cuatro meses a los contratos que se celebren con personas jurídicas y a las que sean para funciones no permanentes. El tiempo será determinado por lo que se necesite como resultado.
Cabe recordar que la Procuraduría señaló que se opondría siempre al plazo de cuatro meses. Señaló que eso podría colapsar el Estado desde un punto de vista laboral.
