La Fiscalía expidió la Resolución 00119 de 2026, con la que adopta lineamientos para orientar y fortalecer la investigación de crímenes, amenazas y agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación.
La decisión busca acelerar las investigaciones por homicidios, intimidaciones y otros hechos de violencia relacionados con el ejercicio de la labor informativa, bajo estándares de mayor rigurosidad, oportunidad y enfoque diferencial.
Según la entidad, las agresiones contra periodistas no solo afectan de manera individual a las víctimas, sino que también impactan la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público.
- Le puede interesar: Lo que se sabe de Mateo Pérez, el periodista desaparecido en Antioquia.
Investigaciones con contexto y enfoque diferencial
La resolución establece que los fiscales deberán analizar los casos con una comprensión amplia del contexto. Esto implica revisar no solo la agresión sufrida por el periodista, sino también los hechos que venía denunciando, investigando o verificando en desarrollo de su trabajo.
El objetivo es identificar posibles móviles asociados a censura, retaliación o intentos de silenciar información sobre intereses ilícitos.
El acto administrativo también reconoce la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales. Esto incluye a personas que desarrollan su trabajo en entornos digitales.
Con este enfoque, cada caso deberá ser analizado teniendo en cuenta el posible efecto de amedrentamiento, autocensura o afectación a la circulación de información de interés público.
La Resolución 00119 de 2026 fija un estándar de debida diligencia reforzada para que los fiscales actúen con celeridad, rigor técnico y sin dilaciones injustificadas.
También contempla medidas específicas cuando exista riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico. En esos casos, se deberá priorizar la protección de la víctima, verificar de inmediato el riesgo y activar mecanismos de protección para prevenir nuevas agresiones.
En materia operativa, la Fiscalía fortalecerá los procesos de recepción, registro y enrutamiento de denuncias, con el fin de identificar adecuadamente la condición de la víctima y el vínculo entre los hechos denunciados y su actividad periodística.
La entidad también promoverá la articulación entre sus dependencias y direcciones especializadas para facilitar el intercambio de información, el análisis conjunto de casos y la identificación de patrones criminales.
De manera complementaria, se establecerá un canal permanente de interlocución con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de prensa. Además, se prevén planes de capacitación para fiscales y servidores encargados de recibir denuncias.
