El Gobierno Nacional anunció el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona como medida preventiva para proteger la vida e integridad de visitantes, comunidades y funcionarios.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Defensa Nacional, tras una serie de hechos registrados en los accesos y sectores del área protegida.
Amenazas y bloqueos en los accesos
Según la información oficial, el 11 de febrero se realizó una intervención institucional en el sector de Cañaveral para hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del parque, así como apoyar actuaciones judiciales relacionadas con el uso indebido de zonas de especial importancia ecológica.
Posteriormente, comenzaron a circular en redes sociales mensajes con amenazas directas contra el personal del parque y se registraron actos de intimidación en los accesos, donde se impidió el ingreso de funcionarios y se solicitó que no portaran sus uniformes.
El 16 de febrero se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en otros puntos como Neguanje. En estos lugares también se denunciaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad.
Estas situaciones obligaron al retiro del personal y generaron un escenario que, según las autoridades, impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida.
Suspensión temporal del ingreso
Ante el contexto de riesgo advertido por autoridades competentes en el territorio, el Gobierno decidió suspender temporalmente el ingreso al parque mientras se fortalece de manera articulada la presencia institucional en la zona.
Las entidades indicaron que se mantendrán abiertos los espacios de diálogo con comunidades y actores locales para avanzar en acuerdos que permitan superar las tensiones y facilitar el retorno progresivo a la normalidad.
El Parque Tayrona es uno de los territorios de mayor riqueza ambiental, cultural y espiritual del país, donde confluyen ecosistemas estratégicos y comunidades ancestrales. El Gobierno reiteró su compromiso con la protección de este patrimonio natural y con el ejercicio de la autoridad ambiental para garantizar que continúe siendo un espacio seguro y conservado.
