La muerte de Kevin Arley Acosta, el niño con hemofilia que estuvo semanas sin recibir su medicamento, no solo desató cuestionamientos al sistema de salud. Ahora abrió un nuevo frente de controversia: la divulgación pública de su historia clínica por parte del presidente Gustavo Petro.
En un acto oficial, el mandatario citó apartes del documento médico del menor y sostuvo que la madre habría rechazado una intervención quirúrgica tras una caída que agravó su estado. La afirmación provocó una respuesta inmediata de la familia, que calificó la revelación como un acto indebido y anunció que evalúa demandar al jefe de Estado por vulnerar la confidencialidad médica.
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La madre de Kevin insiste en que el punto central no puede distorsionarse: su hijo padecía hemofilia A severa y estuvo cerca de dos meses sin recibir el factor de coagulación que requería, en medio de la crisis de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno. Según ha reiterado, la interrupción del tratamiento debilitó gravemente su salud.
El debate tomó dimensión jurídica. La historia clínica es considerada por la ley colombiana como un dato personal sensible y está protegida por normas de habeas data y reserva médica. Su divulgación sin autorización expresa del titular o sus representantes puede constituir una vulneración de derechos fundamentales como la intimidad y la dignidad humana.
En paralelo, el concejal Daniel Briceño radicó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Nueva EPS por la presunta entrega del documento clínico. El caso también puso bajo la lupa el manejo institucional de información privada en medio de la discusión sobre la reforma a la salud.
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Para la familia, la exposición pública del historial médico del niño no solo es un error legal, sino una revictimización. “El dolor ya es suficiente”, han expresado allegados, señalando que convertir el expediente clínico en argumento político profundiza la herida.
La controversia ocurre en un momento de alta tensión por la situación del sistema de salud y la intervención de varias EPS. Mientras el Gobierno defiende su postura y asegura que busca esclarecer responsabilidades, la familia de Kevin reclama respeto y respuestas.
Más allá del choque político, el episodio deja una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar un presidente en el uso de información médica reservada para sustentar un debate público? La respuesta, ahora, podría definirse en los tribunales.
