Perú volvió a cambiar de jefe de Estado tras la remoción de José Jerí por decisión del Congreso en medio de una investigación fiscal. Con ese relevo, el país consolida una secuencia de presidentes que salen antes de tiempo y convierte el recambio en rutina institucional.
El dato de contexto no es una cifra suelta. Desde 2016, Perú ha tenido una cadena de mandatarios que no logra completar periodos con normalidad, y la herramienta más usada para sacarlos pasa por el Congreso.
Una década de salidas antes de tiempo
El ciclo arranca en 2016 con Pedro Pablo Kuczynski y su renuncia en 2018 cuando el Congreso avanzaba hacia una votación de destitución. Luego vino Martín Vizcarra, removido en 2020. La sucesión dejó a Manuel Merino por pocos días y después a Francisco Sagasti para cerrar el periodo.
Más tarde, Pedro Castillo fue destituido en 2022 tras anunciar la disolución del Congreso, y asumió Dina Boluarte, removida en 2025. Jerí llegó como transición y salió cuatro meses después. El patrón es el mismo: presidentes sin base sólida frente a un Congreso con llave de salida rápida.
El motor institucional es una causal abierta
La Constitución peruana permite que el Congreso declare vacante la Presidencia por “incapacidad moral o física permanente”. Esa redacción es amplia y deja un margen político grande para convertir la “incapacidad moral” en una herramienta de remoción cuando el presidente pierde apoyos o queda cercado por un escándalo.
La consecuencia es un incentivo claro. En un choque entre Ejecutivo y Legislativo, la vacancia deja de ser un evento excepcional y se vuelve una amenaza presente, útil para disciplinar, negociar o tumbar.
Fragmentación, escándalos y calle como aceleradores
La norma por sí sola no explica todo. Un Congreso fragmentado hace que el presidente gobierne con alianzas frágiles. Cuando esa mayoría se rompe, la salida queda servida porque el mecanismo está ahí.
A eso se suma el combustible de los escándalos. En el caso Jerí, la remoción se apoyó en una investigación preliminar y en la lectura congresional de la causal de “incapacidad moral”. Y en Perú hay un precedente reciente: renuncias y destituciones se encadenan cuando el gobierno pierde legitimidad en el Congreso y en la calle al mismo tiempo.
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Colombia no tiene una “vacancia” equivalente
En Colombia no existe un atajo funcional como la incapacidad moral peruana. La salida anticipada de un presidente por vía institucional pasa por un juicio político con dos pasos: la Cámara de Representantes formula la acusación y el Senado conoce y decide. Ese diseño eleva los costos y el umbral político de remover al jefe de Estado.
La consecuencia práctica es sencilla: la rotación exprés no está al alcance de una mayoría coyuntural. El Congreso colombiano puede bloquear, citar, controlar y presionar, pero sacar al presidente exige un trámite más pesado y más visible.
El “espejo” real para Colombia
La comparación útil no es “ocho presidentes en diez años”. Es otra: qué pasa cuando el Ejecutivo se queda sin mayoría y el Legislativo se vuelve el centro de la decisión política.
Perú muestra un sistema donde la herramienta de remoción está a la mano y se usa. Colombia, con su diseño, desplaza el conflicto a otros terrenos: coaliciones que se rompen, reformas que se estancan, choques judiciales y una gobernabilidad que se vuelve de supervivencia diaria. El riesgo no es el mismo desenlace, sino el mismo síntoma: reglas llevadas al límite cuando la política se queda sin acuerdos básicos.
