Entre 2017 y 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó 913 ataques contra la educación en Colombia, hechos que dejaron casi 19 000 víctimas, la mayoría niños, niñas y adolescentes.
El informe “Ataques a la educación en Colombia (2017–2025): consensos globales para un país que se educa en paz”, elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP con apoyo de Save the Children y la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA), ubica al país como el cuarto con más agresiones al sector educativo y el segundo con más asesinatos de docentes, solo detrás de Palestina, Ucrania y la República Democrática del Congo.
Violencia persistente en entornos escolares
El estudio muestra que, pese al Acuerdo de Paz de 2016, la violencia en entornos educativos no se redujo.
Entre 2022 y 2023 se registraron 363 ataques, y solo en 2022 hubo 243, el año más crítico del periodo.
El 73 % de los casos afectó a docentes, personal administrativo y estudiantes, con una concentración del 97 % en zonas rurales.
Las agresiones más frecuentes incluyen amenazas, hostigamientos, reclutamiento forzado, homicidios selectivos, presencia de minas antipersonales y ocupación de escuelas.
La JEP atribuye la mayoría de los hechos a grupos armados ilegales, cuyas acciones han generado cierres prolongados de colegios y abandono escolar masivo en regiones como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo.
Impacto social y llamado a la protección
La investigación advierte que la desescolarización forzada y el miedo han deteriorado la estructura educativa y el tejido social en comunidades rurales.
También identifica un aumento de ataques contra la educación superior, lo que exige estrategias específicas de protección y prevención para estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.
La JEP sostiene que estas agresiones prolongan el conflicto al debilitar los espacios de aprendizaje y perpetuar el miedo. Por ello, recomienda fortalecer la justicia restaurativa y reconocer a los maestros y estudiantes como víctimas del conflicto armado, con medidas integrales de reparación y garantías de no repetición.
“Los ataques contra la educación destruyen el tejido social y obstaculizan la construcción de paz”, señala el informe, que urge a proteger la escuela como territorio de paz y no de guerra
