El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 y ordenó al Gobierno Nacional expedir, en un plazo máximo de ocho días, un nuevo acto administrativo de carácter transitorio que se ajuste a los parámetros legales y constitucionales vigentes.
La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado oficial del alto tribunal, en el que se explica que la medida cautelar fue adoptada por el magistrado ponente que estudia la demanda contra el decreto que estableció un incremento del 23,78 %. La suspensión regirá mientras se resuelve de fondo la legalidad del acto administrativo.
Suspensión provisional del incremento
Con la medida cautelar, los efectos jurídicos del aumento quedan en pausa hasta que el Ejecutivo emita un nuevo decreto que cumpla estrictamente los criterios técnicos exigidos por la ley. El tribunal subrayó que el acto deberá ser transitorio y aplicar integralmente las variables previstas en la normativa para la fijación del salario mínimo.
El pasado 29 de enero de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un aumento del 23,78 % del salario mínimo. Con ese ajuste, el salario básico quedó en 1.746.882 pesos, a lo que se suman cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, para un total aproximado de dos millones de pesos mensuales.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró necesario suspender provisionalmente el decreto mientras analiza si se cumplieron todos los requisitos legales en su expedición.
Nuevo decreto en ocho días
El comunicado judicial establece que el Gobierno deberá expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días. Este deberá tener carácter transitorio y ajustarse a los parámetros técnicos definidos por la ley y la Constitución.
Entre los criterios que deben ser evaluados se encuentran la inflación, la productividad y el comportamiento general de la economía. Además, la normativa vigente exige que el proceso de fijación del salario mínimo incluya una etapa de concertación entre representantes de los trabajadores, los empresarios y el Estado.
La decisión enfatiza que el incremento salarial no puede obedecer exclusivamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en indicadores objetivos y verificables.
Reacciones del Gobierno
Tras conocerse la determinación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó el alcance de la medida y sostuvo que el aumento decretado por el Ejecutivo se fundamentó en el concepto de salario vital, calculado con base en el costo de la canasta familiar y en lineamientos asociados a estándares internacionales.
El ministro también advirtió sobre las implicaciones prácticas de la suspensión, especialmente frente a trabajadores que ya recibieron pagos ajustados al nuevo monto. Según señaló, el salario mínimo funciona como referencia para múltiples escalas salariales y obligaciones contractuales, lo que podría generar efectos en cadena mientras se define el fallo de fondo.
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Impacto jurídico y político
La orden de expedir un salario mínimo transitorio abre un escenario inédito en el país, dado que el mínimo legal es un referente central para contratos laborales, prestaciones sociales y otras obligaciones económicas.
En paralelo, el proceso continuará su trámite en el alto tribunal administrativo, que posteriormente deberá pronunciarse de fondo sobre la legalidad del incremento. Hasta entonces, el país queda a la expectativa del nuevo decreto que deberá definir, al menos de manera provisional, las reglas que regirán el salario mínimo en 2026.
