Al menos uno de cada dos nuevos reclutas en grupos armados en Colombia es un menor de edad, alertó este jueves la organización International Crisis Group, que advirtió que el reclutamiento infantil se ha disparado en los últimos años hasta transformar la dinámica del conflicto armado en el país.
"Los menores ahora luchan en primera línea en combates de alto riesgo y son tratados como mercancías: esenciales para controlar el territorio, pero prescindibles a ojos de los comandantes", señala el informe, que concluye que es probable que haya más de mil niños combatientes actualmente en Colombia.
Según estimaciones de la Policía citadas en el informe, más del 50 % de los nuevos reclutas en los grupos armados del país son menores de edad, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.
El reporte agrega que las filas de estos grupos crecieron en aproximadamente 3.300 integrantes entre diciembre de 2024 y julio de 2025. En ese periodo se reportaron más de 620 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, aunque la cifra real podría ser mayor debido al temor de las familias a denunciar.
El documento subraya que todos los grandes grupos armados ilegales del país recurren al reclutamiento de menores sin excepción, incluidas las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia.
En el caso del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, hasta el 37 % de sus combatientes podrían ser menores de edad, según datos citados en el informe.
Del secuestro a la seducción
La organización advierte que, a diferencia de décadas anteriores, cuando predominaban los secuestros forzados, el reclutamiento actual suele basarse en engaños y falsas promesas de dinero, estatus, protección o relaciones sentimentales.
Las escuelas y las redes sociales se han convertido en escenarios clave para captar a los jóvenes, especialmente en zonas rurales y en comunidades indígenas y afrodescendientes.
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El norte del Cauca (suroeste) y la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, figuran entre los territorios más afectados. Allí, los grupos armados instalan campamentos cerca de centros educativos o entregan útiles escolares y ayudas económicas para ganar la confianza de las familias.
Según el informe, este fenómeno se intensificó tras la firma del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, cuando la salida de esa guerrilla dejó vacíos de poder en regiones estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Miedo, estigmas y respuesta del Estado
El reclutamiento, agrega el reporte, no solo engrosa las filas de las organizaciones ilegales, también debilita la capacidad de las comunidades para resistir su control. Las familias temen denunciar por posibles represalias contra sus hijos.
Además, los menores que intentan escapar se enfrentan a riesgos de ejecución o persecución. Quienes logran regresar a sus hogares suelen cargar con estigmatización y secuelas psicológicas.
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El informe fue publicado con motivo del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado, que se conmemora cada 12 de febrero, y busca llamar la atención sobre el repunte del reclutamiento infantil en los países.
Crisis Group instó al Estado colombiano a reforzar los mecanismos de prevención temprana, aumentar la protección en las escuelas y fortalecer las investigaciones judiciales contra las redes de reclutamiento. También pidió ampliar los programas de atención a los menores desvinculados y sus familias.
El uso de niños en el conflicto armado constituye un crimen de guerra según el derecho internacional, recuerda el informe, que advierte que el aumento sostenido de esta práctica podría tener implicaciones más allá del ámbito interno colombiano.
