
Este martes 8 de julio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez concluyó la presentación de sus alegatos finales en el juicio penal que enfrenta por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos. El proceso, considerado histórico por tratarse del primer juicio a un exmandatario colombiano, entra ahora en su recta final: la jueza Sandra Liliana Heredia anunció que dará su veredicto el próximo 28 de julio.
Durante la audiencia, la Fiscalía General pidió una condena, asegurando que Uribe habría planeado y ejecutado una estrategia para influir en el sistema judicial a través de terceros, con el objetivo de modificar declaraciones clave en su contra. No obstante, la defensa, liderada por el abogado Jaime Lombana, rechazó estas acusaciones y afirmó que no se logró probar la participación directa de Uribe como determinador de los hechos.
Según Lombana, el expresidente solo intentó verificar información sobre un supuesto plan de venganza orquestado por exparamilitares extraditados a Estados Unidos, quienes, según la defensa, habrían buscado perjudicar a Uribe y a su hermano Santiago. "Defenderse o tratar de confrontar y averiguar la verdad por parte del juez natural no puede ser un hecho delictivo, es decir, nadie tiene el absoluto patrimonio de la verdad", declaró Lombana en entrevista con Caracol Radio.
Uno de los puntos más controvertidos del juicio ha sido la actuación del abogado Diego Cadena, quien, con autorización de Uribe, se reunió con Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso. Monsalve, recluido desde 2008, había manifestado desde 2012 su intención de declarar en contra del expresidente. La defensa sostiene que Uribe actuó de buena fe y buscaba que la Corte Suprema de Justicia pudiera evaluar todas las versiones disponibles.
Lombana también enfatizó que el proceso ha avanzado con inusual rapidez y que su cliente ha sido tratado como cualquier ciudadano, sin fueros ni privilegios. Asimismo, descartó que la defensa haya tenido intención de dilatar el juicio.
Sobre la figura de Monsalve, Lombana reiteró que se trata de un testigo cuestionado, que desde prisión habría presionado a otros exparamilitares, y que la intención de Uribe era protegerse ante lo que considera una retaliación.
"Yo reitero mi confianza en la imparcialidad del despacho y confío en la absolución y cualquiera que sea la decisión obraré en derecho y nuestra defensa en conjunto con el doctor Granados", concluyó Lombana, en una declaración en la que subrayó que aceptarán cualquier decisión del tribunal.
A menos de tres semanas del veredicto, el país se mantiene expectante ante lo que será un fallo con profundas implicaciones políticas y jurídicas, tanto para Álvaro Uribe como para el sistema judicial colombiano.