La elección de Francisco Barbosa como fiscal general de la nación podría estar en riesgo por cuenta de una demanda de nulidad electoral que fue admitida por el Consejo de Estado esta semana para ser estudiada.
El recurso será analizado por la oficina de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, quien tendrá que decidir si Barbosa Delgado debe seguir o no al frente del ente investigador. De darle la razón a los demandantes, el fiscal general podría salir del cargo el próximo viernes 31 de julio.
La demanda, que fue interpuesta por dos estudiantes de derecho de la Universidad Nacional, está dirigida a solicitar la nulidad de la expresión del Acuerdo 1383 de 2020 por el cual se hizo el nombramiento de Francisco Barbosa como fiscal general. En él se estableció que el periodo definido para el ejercicio de sus funciones en la Fiscalía sería de cuatro años contados a partir de su posesión, realizada el pasado 13 de febrero de 2020.
Sin embargo, para los accionantes esta determinación no se encuentra en armonía con el ordenamiento jurídico y constitucional. En la demanda presentada aseguran que la expresión de "cuatro años que se cuentan a partir de su posesión" resulta violatoria del principio constitucional de la separación de poderes.
La demanda revive una tediosa discusión sobre si el periodo del fiscal general es personal o institucional. La posición de los demandantes es que el periodo debe ser institucional, lo que llevaría a que el período del fiscal Barbosa Delgado estaría finiquitado el 31 de julio del presente año.
Para los demandantes establecer el periodo del elegido con carácter personal vulnera el artículo 125 de la Constitución, el cual dice que "quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.
Es decir, Francisco Barbosa solo podría estar al frente de la Fiscalía hasta el próximo 31 de julio, día en el que se terminaba el periodo de Néstor Humberto Martínez, quien renunció el 15 de mayo de 2019.
"El hecho de dotar al fiscal general de un periodo personal para el ejercicio de sus funciones afecta sensiblemente la vocación de imparcialidad institucional de la Fiscalía General de la Nación e incide sustancialmente en el principio de autonomía e independencia de la Rama Judicial del Estado", afirman los demandantes.
El Consejo de Estado explicó que admitió esta demanda en contra de la elección de Francisco Barbosa como fiscal general porque reúne todos los requisitos legales.
