Por la emergencia provocada el 28 de abril de 2018 en el proyecto Hidroituango, que provocó un retraso en la entrada comercial del proyecto, la Alcaldía y Empresas Públicas de Medellín demandarán a los constructores, aseguradores, interventores y diseñadores por 9,9 billones de pesos.
“Nos comprometimos a sacar a Hidroituango adelante, pero con la verdad, que los verdaderos responsables asumieran los costos del proyecto y no los ciudadanos a través de sus servicios públicos”, aseguró el alcalde Daniel Quintero al realizar el anuncio de las acciones legales contra los involucrados en el proyecto.
EPM había iniciado una investigación al Proyecto Hidroeléctrico Ituango para conocer las causas de la contingencia y los sobrecostos que generó esa situación para la capital antioqueña. Tras el análisis, se determinó que los recursos por detrimento patrimonial para la ciudad fueron por el rango de los 9,9 billones de pesos, que será la suma que EPM y la Alcaldía de Medellín esperan que los constructores les devuelvan.
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Antes de las acciones legales, el gerente de EPM señaló que dará trámite a una conciliación, la cual deberá dar resultados antes del 10 de noviembre del presente año, de lo contrario se iniciarán las acciones legales en contra de la compañía.
Los solicitados por la Alcaldía y EPM son Consorcio Generación Ituango, Consorcio CCC Ituango, Consorcio Sedic-Ingetec y Seguros Generales Suramericana y Chubb Generales Seguros. Como partícipes del proyecto.
Según Guillermo Rendón, gerente de EPM, el resultado del análisis de la causa raíz indicó que la contingencia se generó por la cizallas en el subsuelo, aspecto que se había acordado solucionar en adiciones y minutas al contrato, pero que finalmente no se realizaron.
“Durante la ejecución del contrato, en varias minutas de los acuerdos de modificación bilateral suscritas con los contratistas, se abordó el manejo de las cizallas con el fin de evitar riesgos, sin embargo, después de revisar dichas fuentes, se constató que no se desarrollaron las obras a las que se comprometieron los contratistas, lo que nos indica un incumplimiento contractual”, señaló Rendón.
El gerente explicó que la contingencia y fallas en Hidroituango generaron retrasos en la entrada de la operación comercial del proyecto, aumento no controlado de mayores valores económicos no presupuestarios, y la generación de incertidumbre del riesgo en las comunidades aguas arriba y abajo de la represa.
“Luego de una revisión minuciosa de toda la documentación jurídica se identificó que muchos agentes conocieron, durante el desarrollo constructivo, que había problemas para cumplir correctamente la entrada de operación comercial de las unidades de generación y que las acciones y decisiones que se tomaron trajeron un riesgo que, a la postre, condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de la infraestructura siniestrada”, aseveró Rendón.
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Finalmente, el gerente de Empresas Públicas de Medellín explicó que la suma de 9,9 billones de pesos que esperan en retribución por parte de los responsables del proyecto, son por concepto de daño emergente, maquinaria, préstamos, intereses, atención a los 4.000 afectados y lucro cesante por demoras en la operación comercial. Esa suma deberá ser entregada en los dos años siguientes a la conciliación.
