En medio de la conmemoración por la lucha de los derechos de las personas lebianas, gays, bisexuales, transexuales y toda la diversidad sexual en el Día del Orgullo LGBTI+, el panorama en Colombia presenta avances pero también preocupantes situaciones de violación de derechos humanos contra esta población.
En los seis meses corridos del presente año se han registrado, según Colombia Diversa, 26 asesinatos de personas LGBTI+. De estos casos, 15 ocurrieron durante las medidas de aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19.
El panorama es preocupante en el país. Según Gustavo Pérez, coordinador de Derechos Humanos de Colombia Diversa, en Colombia, a pesar de los importantes avances normativos en reconocimiento de derechos para las personas LGBTI+, las violaciones contra personas de esta población continúan en la práctica.
“Muchas de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el país siguen enfrentando distintas formas de violencia, en distintos ámbitos de su vida por parte de su familia, en el colegio, en el trabajo o en las instituciones de salud, por parte de vecinas y vecinos”, afirmó Pérez en diálogo con KienyKe.com.
Son varios los casos conocidos de vulneración de derechos contra personas LGBTI+ en el país. Solo en Bogotá se conocieron en los últimos meses dos casos. El primero fue la muerte de Alejandra Monocuco que por presunto prejuicio de las autoridades de salud, no recibió atención médica oportuna y falleció el pasado 29 de mayo. Así mismo, la Red Comunitaria Trans denunció la agresión policial por parte de miembros de la Policía Nacional en el barrio Santa Fe, de la localidad de Mártires.
Por eso, las organizaciones de derechos humanos LGBTI+ resaltan la preocupación de agresiones y estigmas por parte de las instituciones del Estado, las cuales no han disminuido a pesar de los esfuerzos normativos y educativos que han realizado las instituciones.
En otros casos es la misma fuerza pública y la policía quienes cometen agresiones contra la población LGBTI+. “Hace poco se conoció un caso de violencia policial muy grave en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Si bien estos casos son muy comunes con la población en general, en los casos en que la Policía ataca sistemáticamente, sobre todo a mujeres trans, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, hemos identificado un patrón en varias ciudades”, señaló Pérez.
Según el coordinador de Derechos Humanos de Colombia Diversa, la organización ha registrado por lo menos 500 casos de violencia policial contra personas LGBT en el periodo de 2013 a 2019. “Obviamente vemos que no es un problema que afecta solamente a las personas LGBTI, pero parte del problema es que la Policía nunca investiga”, afirma Pérez.
Señala que uno de los principales problemas de la violencia policial contra personas LGBTI es que los casos y las denuncias quedan en la impunidad.
“La gran mayoría de las pocas investigaciones preliminares que la Policía ha abierto por presunto abuso de autoridad son archivadas. Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que la Policía está capacitando uniformados, no sanciona los hechos de violencia policial, es un hecho sistemático”, advierte el funcionario de Colombia Diversa.
Esta violencia no viene solo de un prejuicio por parte de los uniformados, que no ha logrado eliminarse con capacitación. También radica en que no hay políticas diferenciales por parte de las autoridades locales y esto ha generado violencia contra personas LGBTI en procedimientos como recuperación del espacio público en Bogotá, Manizales y Cúcuta, o las medidas de “pico y género” que han motivado la exclusión de personas trans.
“Las administraciones locales, en Bogotá particularmente, ninguna administración se ha comprometido a combatir la violencia policial. Hay problemas sistemáticos estructurales de violencia por parte de policía contra las personas LGBT en general y este problema no está siendo abordado adecuamante, ni por la Fiscalía ni por la Policía ni por la Procuraduría”, afirmó Pérez.
“Esto es un problema estructural y apunta a capacitaciones y a punta de discursos, de discursos de la Policía que dicen que son unas cuantas manzanas podridas, no se va a solucionar. Se requiere una política diferencial y de raíz, comenzando por investigar y sancionar a los agresores”, puntualizó Pérez.
Una de las poblaciones más afectadas dentro de la comunidad LGBTI son las personas trans. Estas personas no solo sufren la exclusión en sus contextos cotidianos, sino también por agentes del Estado y sus propios familiares en algunos casos.
Adicionalmente, las personas trans presentan mayores dificultades para conseguir empleos formales por el estigma.Todas estas situaciones llevan a estas personas a condiciones de vulnerabilidad que terminan por afectar radicalmente su vida.
Este panorama, según lo planteó Gustavo Pérez de Colombia Diversa, empieza desde muy pequeños cuando empiezan el tránsito hacia el otro sexo. En ese momento empieza la exclusión por parte de los colegios, la familia y los vecinos.
“Desde ese momento algunas son expulsadas del colegio o expulsadas de sus familias. Entonces una persona adolescente, sin las ventajas de la educación básica, sin apoyo y sin oportunidades laborales, ¿cómo puede sobrevivir? Obviamente a través de economías informales, como por ejemplo el trabajo sexual que las expone a mucho riesgo de discriminación”, señaló.
Así mismo, por falta de recursos algunas personas trans terminan sometiéndose a procedimientos artesanales en los que se inyectan compuestos para lograr su cambio físico. Esas complicaciones resultan no siendo atendidas por las instituciones de salud y causando profundos daños emocionales y físicos a las personas.
“Para las personas trans es muy problemático el acceso a tratamientos especialistas endocrinos, porque en general en Colombia no hay profesionales en salud formados en esta materia, que puedan entender sus necesidades específicas de salud sin estar marcado por el prejuicio. Entonces muchas de ellas no tienen acceso adecuado, por ejemplo, a tratamientos hormonales con una buena supervisión y ayuda, sin que esté mediado por el entendimiento prejuicioso de su identidad de género”, agregó.
Pérez afirma que aunque hay motivos para celebrar, en cuanto a avances en reconocimiento de derechos, también hay mucho por qué continuar en la lucha por los derechos humanos en Colombia.
“Tenemos que estar más orgullosos, pero también hay que tener en cuenta que no todo puede ser celebración, porque en muchos casos, a pesar del reconocimiento, las personas siguen siendo víctimas de muchas formas de discriminación y violencia en su vida cotidiana, y por eso es que tenemos que seguir trabajando para proteger sus derechos”, afirmó.
Para Gustavo Pérez, coordinador de derechos humanos de Colombia Diversa, hay cuatro puntos en los cuales focalizar la atención para reducir las violaciones. El primero son las campañas de comunicación para reducir los prejuicios de la sociedad hacia la diversidad sexual. Segundo, fortalecer la inclusión laboral de las personas LGBTI+ para reducir la vulnerabilidad que representan las condiciones precarias habitabilidad y acceso a servicios y derechos fundamentales.
Así mismo, el tercer punto es fortalecer el acceso a la justicia y la efectividad de las investigaciones para condenar los crímenes por prejuicio contra esta población. Finalmente, el cuarto punto plantea generar, por medio de concientización, que haya un ambiente favorable y libre de discriminación para las personas independientemente de su identidad sexual, tanto en contextos públicos como privados.
Es así como este 28 de junio la población LGBTI tiene razones para celebrar, pero también para reafirmar la lucha que desde hace décadas busca que los derechos humanos, sean eso, derechos para todos los humanos, sin distinción de su identidad sexual.
