El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que indagará preliminarmente la campaña presidencial del 2018 de Iván Duque. Un proceso que empezará con ahondar en dos temas centrales; una presunta financiación irregular por parte de un empresario venezolano y la otra indagar sobre el caso de la 'ñeñepolítica'.
La noticia generó reacciones inmediatas en el partido de Gobierno, el Centro Democrático, que aseguró que le hará llegar al CNE todos los documentos que requiera el tribunal para comprobar que no incurrieron en ninguna acción que vaya contra la ley.
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“En todas las campañas el manejo de los recursos se lleva a cabo con estricto apego a la ley (...) las cuentas fueron debidamente avaladas, registradas y certificadas por la autoridad electoral y han estado abiertas al escrutinio público”, señaló el partido.
Ante esta indagación, Kienyke.com consultó al exmagistrado del CNE, Armando Novoa, quien se mostró pesimista con el curso de este proceso.
Explicó que las campañas presidenciales se rigen por unas reglas específicas que están establecidas en la Ley. "Una campaña debe tener una estructura en la cual hay un gerente, una cuenta bancaria única, un revisor fiscal y todo los recursos y los ingresos tienen que manejarse a través de la cuenta única bancaria", comentó Novoa.
Frente a este tipo de indagaciones señaló que en los libros de la campaña y en las cuentas de la campañas que se encuentran en el aplicativo de cuentas claras todo estará en regla. "Ahí no hay información que permita decir que hubo una financiación ilegal en una campaña", comentó.
¿Estructura paralela para la campaña de Iván Duque?
Sobre el caso de una indagación preliminar el exmagistrado aclaró que apenas se trata de un trámite que permite la recolección de pruebas que resuelvan si se debe abrir una investigación formal contra los involucrados en la campaña, entre ellos el presidente Iván Duque.
"Aida Merlano lo que señaló es que el clan de los Char le entregaron recursos a la gerencia de la campaña y son recursos que no entran a las arcas de la campaña sino que son dineros que entran a través de caciques políticos para que se mueva la maquinaria en las regiones y se dé la compra de votos", explicó Novoa.
El exmagistrado aseguró que lo que deberá analizar el CNE es si los directivos del partido del Centro Democrático participaron en la construcción de una estructura paralela para recibir esos dineros.
"A partir del 2010 las fórmulas ganadoras acudieron a la misma práctica que es recoger dinero por debajo de la mesa, en el año 2010 y 2014 hubo pagos que se hicieron en Panamá. En el año 2018 buena parte de esos recursos al parecer ingresaron a las estructuras regionales de las campañas".
"Magistrados hacen parte de los partidos de gobierno": Novoa
Para el exmagistrado hay un diagnóstico no resuelto en la composición partidaria del CNE y el control que siempre ejercen los partidos políticos que frustran cualquier posibilidad de que allí las investigaciones se adelanten con celeridad.
"Las declaraciones de Merlano se conocieron a finales del año 2019 y en febrero se conocieron las interceptaciones del 'Ñeñe' Hernández y han pasado siete meses y el CNE decide abrir una indagación preliminar", dijo Armando Novoa.
También agregó que es pesimista porque los magistrados que investigan hacen parte de los partidos de gobierno.
"Esperemos que el CNE, que ha recibido más autonomía e independencia y le están duplicando el presupuesto cumpla con lo que establece la Constitución".
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Bajo el supuesto de que hayan pruebas que comprueben que hubo financiación irregular en la campaña de Iván Duque, el exmagistrado explicó que habría una responsabilidad entre el candidato, el gerente de la campaña, el revisor contable y el partido político y habrían sanciones para cada uno.
"Si hubiera irregularidades el Consejo Nacional Electoral podría suspender la personería jurídica del partido y pedirle a la comisión de acusaciones que investigue al presidente de la República e incluso la pérdida del cargo".
Pero recordó que eso es lo que dice la Constitución pero otra cosa es lo que haga la autoridad electoral que, según Novoa, tiende a no investigar sino proteger a los investigados.
