El Gobierno radicó en el Congreso un mensaje de insistencia para acelerar el trámite del proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria y Rural. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Agricultura y Justicia, está en riesgo de archivo si no supera sus debates pendientes antes del cierre de la legislatura.
El Gobierno nacional volvió a presionar al Congreso para que tramite el proyecto que define las competencias y el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, una de las normas pendientes para poner en marcha los jueces especializados en conflictos de tierras.
La solicitud fue presentada por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quienes radicaron un mensaje de insistencia para que la iniciativa sea priorizada en las plenarias de Cámara y Senado. Según el registro de la Cámara de Representantes, el proyecto 398 de 2024 Cámara y 183 de 2024 Senado sigue en trámite en plenaria.
Un proyecto contra el reloj
El punto central es el tiempo. El proyecto fue radicado en 2024 y, de acuerdo con el Gobierno, si no se aprueba antes del 20 de junio de 2026, deberá archivarse y volver a presentarse en una nueva legislatura. Varios reportes sobre la radicación señalan que aún faltan los debates en las plenarias de Cámara y Senado.
La iniciativa busca establecer reglas para que la nueva jurisdicción pueda resolver conflictos sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra, así como asuntos relacionados con baldíos y otros procesos agrarios. La Cámara señala que el proyecto define la competencia, el funcionamiento, el procedimiento especial agrario y rural, los principios de actuación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
¿Qué está pendiente?
La Jurisdicción Agraria y Rural ya fue creada en la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2023. Esa reforma incluyó a la jurisdicción agraria dentro de quienes administran justicia y ordenó que una ley definiera su competencia, funcionamiento y procedimiento especial.
Por eso, el proyecto actual no crea la jurisdicción desde cero, sino que busca darle las reglas necesarias para operar. En la práctica, su aprobación permitiría avanzar en jueces y magistrados especializados para atender disputas rurales que hoy llegan a otras instancias judiciales.
El Gobierno sostiene que la iniciativa es clave para la implementación de la Reforma Rural Integral y para dar seguridad jurídica en el campo. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria la presentó como una pieza para fijar reglas sobre conflictos de tierra, administración de baldíos y acceso a justicia rural.
Lo que sigue
El siguiente paso es que la Cámara de Representantes incluya y vote el proyecto en plenaria. Si supera ese debate, deberá pasar a la plenaria del Senado antes del cierre del periodo legislativo.
Si el Congreso no lo aprueba dentro del plazo, la iniciativa se archivará y el trámite tendría que reiniciarse. Ese escenario retrasaría la reglamentación ordinaria de la jurisdicción y dejaría pendiente una parte central de su entrada en funcionamiento.
