La Fiscalía General de la Nación incluyó el nombre de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, en un proceso judicial relacionado con un complejo entramado de presunta corrupción administrativa ocurrido entre 2020 y 2022.
Las investigaciones, dadas a conocer a profundidad por Noticias Caracol, involucran presuntos contratos irregulares celebrados entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá; un organismo presidido durante el periodo señalado por el alcalde de Medellín, en su momento Quintero, que fue mandatario entre 2022 y 2023.
Según reveló el medio de comunicación, en la audiencia judicial, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción leyó una denuncia en la que se señaló a Miguel Quintero como presunto articulador de la entrega de contratos a terceros, hecho que habría ocurrido durante la administración de su hermano en la Alcaldía de Medellín, que se extendió hasta el 1 de octubre de 2023, cuando renunció.
El fiscal aseguró que, de acuerdo con la información en poder del ente investigador, Miguel Quintero y Álvaro Villada, entonces subdirector financiero del área metropolitana, al parecer diseñaron y ejecutaron un esquema por el cual se entregaron contratos, a cambio de coimas que ascenderían a 3.200 millones de pesos; de acuerdo con la información que tiene el ente acusador.
De acuerdo con la investigación, en este entramado, Villada era el encargado de negociar los pagos ilícitos y de coordinar los detalles con un contratista de apellido Cadavid.
En ese orden de ideas, la Fiscalía Anticorrupción tiene a su cargo una investigación que involucra también a otros actores, entre los que destaca Sebastián Ortega, hijo del conocido dirigente político de Bello William Ortega. Entre las piezas clave del caso figura el testimonio de una persona que colabora con la justicia y la existencia de un grupo de chat en la red de mensajería Telegram denominado ‘Amigos’.
Desde el 31 de enero de 2020 y hasta marzo de 2021, los miembros de este grupo: Miguel Quintero, Álvaro Villada y Sebastián Ortega, compartieron videos, audios, conversaciones y fotografías que, según la declaración del testigo ante el ente acusador, revelan la influencia directa de Quintero en los asuntos contractuales, financieros y administrativos del área metropolitana.
En uno de los fragmentos presentados por Noticias Caracol, se evidencia cómo Álvaro Villada, cuando era subdirector financiero y manejaba un presunto público superior a medio billón de pesos, operaba como puente para tramitar solicitudes de personas externas a la entidad, principalmente canalizadas a través de Miguel Quintero, que tenía poder al interior de la administración distrital y Ortega.
Asimismo, se evidenció que el 13 de febrero de 2020, Villada convocó en el chat a una reunión semanal para discutir temas administrativos, jurídicos y financieros. En la conversación se enviaron hojas de vida de personas recomendadas por Quintero y Ortega, entre ellas Jennifer Quinceno y César Augusto Chavarría, para que fueran tenidas en cuenta para cargos en el área metropolitana y entidades relacionadas.
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Chavarría fue finalmente nombrado jefe de la unidad logística en Metroparques y su nombre, junto al de Villada, aparece entre los imputados por presuntas irregularidades contractuales. Según el reporte, Chavarría trabaja actualmente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de salir de la administración de Daniel Quintero, que hoy quiere ser el aspirante del Pacto Histórico a la Presidencia.
La información revelada ante la fiscalía por el testigo daría cuenta de cómo el grupo operaba bajo una lógica de cuotas y favores, al intervenir en decisiones administrativas y de contratación pública. En diferentes diálogos, Miguel Quintero se enojó por demoras en la vinculación de personas recomendadas y recibió sugerencias de Villada sobre la necesidad de formar un comité paralelo de contratación.
Este comité incluiría abogados externos, para acelerar los procedimientos. En uno de los mensajes, Villada sugirió contactar a “JD”, que según la investigación del referido reporte periodístico correspondería a Juan David Palacio, el entonces director del área metropolitana.
En la revelación también difundió fragmentos de chats de febrero de 2020, en los que Villada y Quintero conversan sobre el estado de varios procesos de contratación e incluso mencionan la intervención de la Secretaría General y otros funcionarios para “destrabar” compromisos pendientes. Según los registros presentados, estos manejos facilitaron la incorporación de personas allegadas a su círculo.
Entre ellas, una sobrina del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, que finalmente fue contratada como asesora en el área metropolitana.
Otra de las revelaciones más llamativas del expediente publicado por Noticias Caracol está relacionada con un penthouse en El Poblado, barrio exclusivo de Medellín. En mayo de 2020, Miguel Quintero envió mensajes, videos y fotografías al chat grupal mostrando el apartamento, de más de 500 metros cuadrados, que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra tras su embargo a mafias locales.
El inmueble fue incautado hace 25 años en la llamada operación Nueva Generación, declarada en extinción de dominio en 2012 y entregada como depósito a Uver Gildardo Muñoz a finales de 2019. El implicado grabó y compartió imágenes recorriendo el apartamento, mencionó problemas mínimos de mantenimiento y afirmó que ya se lo habían entregado, aunque no figura ninguna asignación formal.
En esas conversaciones, Sebastián Ortega y Quintero intercambiaron opiniones sobre utilizar el penthouse como un punto de encuentro para el grupo, e incluso discutieron arreglos que requería el inmueble. Días más tarde, el hermano del exalcalde de Medellín difundió una foto con Jorge Liévano, exgerente de Metroparques e imputado por los mismos hechos investigados, en la zona del jacuzzi del apartamento, acompañada de una nota de voz donde hacía referencia a encuentros sociales en el lugar.
De acuerdo con el medio, el apartamento seguía bajo administración de la SAE y la Central de Inversiones S.A., sin exposición en registros de venta ni asignación a particulares al momento de los hechos. La SAE removió al depositario oficial en noviembre de 2021, sin que existan registros sobre la estancia de Quintero en el inmueble.
Por último, Noticias Caracol señaló que intentó obtener respuestas tanto de Miguel Quintero como del exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero sobre las circunstancias investigadas y la relación de ambos con los procesos y hechos descritos, pero ninguno de los dos respondió a las solicitudes de entrevista del medio.
