El Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, ecológica y social tras las lluvias imprevistas e inundaciones en el norte del país y la Costa Caribe. Como respuesta, expidió el Decreto 173 de 2026, que creó un impuesto temporal al patrimonio de personas jurídicas.
En entrevista con KienyKe.com, el abogado Mauricio Marín Elizalde explicó los alcances, las tarifas y los posibles riesgos constitucionales de la medida.
Según Marín, el tributo “se causa el 1 de marzo”, es decir, nació jurídicamente ese día. Grava el patrimonio líquido (activos menos pasivos) de las sociedades que superen aproximadamente $10.474 millones (200.000 UVT).
Las tarifas son:
- 0,5% como regla general.
- 1,6% para entidades financieras, aseguradoras, reaseguradoras y sector extractivo.
El pago se hará en dos cuotas: abril y 4 de mayo de 2026. Es un impuesto temporal, aplicable únicamente por este año.
“El debate no está en si se necesita dinero para atender la emergencia, sino en la manera en que el Gobierno lo recauda”, señaló el abogado.
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Impacto en empresas, empleo y precios
Marín advierte que el impuesto afecta directamente a quienes generan empleo y dinamizan la economía. “En Colombia el impuesto de renta lo pagan mayoritariamente las personas jurídicas, no las naturales”, recordó.
Además, cuestionó que el tributo haya sido creado con apenas 96 horas de anticipación, obligando a las empresas a hacer un corte extraordinario de estados financieros al 28 de febrero de 2026, lo que genera una carga administrativa adicional y dificulta la planeación financiera.
Sobre el posible traslado a los consumidores, fue claro:
“Una empresa que tiene que pagar más impuestos, de una u otra manera traslada esa carga al consumidor”.
Esto podría traducirse en:
- Aumento en primas de seguros.
- Incremento en comisiones bancarias.
- Posible alza en bienes del sector extractivo.
Incluso mencionó cifras estimadas en el sector educativo:
- Universidad Externado de Colombia: cerca de $23.000 millones.
- Universidad Javeriana: $9.000 millones.
- Pontificia Bolivariana: $8.200 millones.
- Universidad de los Andes: $8.100 millones.
- Universidad de Medellín: $5.500 millones.
“Si tienes que sacar plata para pagar un impuesto, restringes las posibilidades de crecimiento”, afirmó.
¿Puede caerse en la Corte Constitucional?
El decreto, al ser dictado en estado de excepción, tiene control automático ante la Corte Constitucional. Sin necesidad de demanda, ya fue enviado para revisión.
Marín expuso tres posibles argumentos de inconstitucionalidad:
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Posible confiscatoriedad
Señala que podría existir sobrecarga tributaria, ya que una misma utilidad puede terminar gravada hasta cuatro veces: impuesto de renta corporativo (35%), dividendos en cabeza del accionista, impuesto al patrimonio de la sociedad y al patrimonio del accionista.
“Los mismos hechos económicos se están gravando cuatro veces”, explicó.
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Vulneración del principio de igualdad
La tarifa diferencial del 1,6% frente al 0,5% podría no estar suficientemente justificada. “Es demasiado alta la diferencia”, sostuvo.
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Exclusión del régimen simple
Las personas jurídicas acogidas al régimen simple de tributación no son contribuyentes del nuevo impuesto, lo que podría generar una desigualdad frente a quienes declaran renta en el régimen ordinario.
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¿Qué deben hacer ahora las empresas?
El abogado fue enfático: el impuesto ya se causó. “No hay mucho por hacer más allá de revisar los estados financieros al 28 de febrero, determinar si se es contribuyente y cumplir con las cuotas en abril y mayo”.
Aunque la Corte podría pronunciarse más adelante, Marín reconoció que “en dos meses no vamos a tener sentencia”, por lo que el recaudo se realizará antes de una decisión definitiva.
El panorama jurídico está abierto, pero mientras tanto, las empresas deberán prepararse para asumir uno de los tributos más controvertidos del 2026.
