Aunque el escándalo por los archivos atribuidos a alias Calarcá fue presentado como un posible golpe institucional para las Fuerzas Militares e incluso para el Gobierno, las decisiones recientes indican que, al menos por ahora, no habrá consecuencias inmediatas para los funcionarios investigados.
La Procuraduría General de la Nación decidió no extender la suspensión provisional que pesaba sobre el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército Nacional, y sobre Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos podrían regresar a sus cargos mientras el proceso disciplinario continúa bajo reserva.
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El caso tomó fuerza en noviembre de 2025, luego de la publicación del reportaje titulado “Los archivos secretos de Calarcá”, que reveló supuestas comunicaciones y documentos extraídos de dispositivos incautados por la Fiscalía General de la Nación a disidencias bajo el mando de alias Calarcá.
El 24 de noviembre, la Procuraduría abrió indagación preliminar y, tres días después, formalizó la investigación disciplinaria, ordenando la suspensión temporal de los dos altos funcionarios. La medida buscaba garantizar transparencia y evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas.
Sin embargo, la Sala Disciplinaria de Instrucción concluyó recientemente que no existía evidencia suficientemente corroborada de que las conductas señaladas se hubieran mantenido o concretado mientras Huertas y Mejía ejercían funciones públicas. Con base en ese análisis, determinó que no era necesario prorrogar la suspensión.
Qué señalan los archivos y cuál es el debate
La investigación periodística apuntaba a presuntas conversaciones y encuentros entre integrantes de la estructura armada y los hoy investigados. También sugería gestiones para crear empresas de seguridad que facilitarían la movilidad de insurgentes y el porte de armas bajo aparentes ventajas legales.
Pese al impacto inicial de estas revelaciones, hasta ahora no hay una sanción disciplinaria definitiva.
Wilmar Mejía ha rechazado las acusaciones y afirmó que su labor se limita a la inteligencia estratégica dentro del marco legal, negando haber compartido información con grupos armados ilegales. El presidente Gustavo Petro, por su parte, calificó como “falsos” algunos de los informes difundidos y sugirió que podrían estar siendo utilizados para desacreditar a su gobierno.
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En paralelo, la Fiscalía, a través del CTI, ha realizado diligencias en instalaciones militares por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de fortalecer la investigación sobre los dispositivos incautados y otros elementos probatorios.
Por ahora, el proceso continúa en etapa de recolección y contraste de pruebas. El caso que generó expectativa de un fuerte remezón institucional sigue abierto, pero sin decisiones de fondo que determinen responsabilidades disciplinarias o penales.
