La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo un llamado "urgente" al Gobierno para que "de manera inmediata se detenga el exterminio físico y cultural que están viviendo los pueblos indígenas de Colombia", después de que 2022 fuera el "año más violento" para estas comunidades desde la firma del Acuerdo de Paz.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la organización, el año 2022 fue el más violento para los pueblos indígenas desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, mientras que las víctimas indígenas de violaciones a derechos humanos han aumentado en más del 100 %, pasando de 6.381 víctimas en el año 2017 a 453.018 en el 2022, alertó la ONIC en un comunicado.
En 2022 se reportaron un total de 543.000 víctimas, siendo el delito de confinamiento el que mayor afectación provocó -433.580-, seguido de desplazamiento forzado -8.183- y hostigamiento -7.711-víctimas. Estas tres afectaciones generaron más del 60 % de las víctimas.
De los 115 pueblos indígenas que existen en Colombia, 50 fueron afectados por estas vulneraciones a sus derechos humanos.
El pueblo zenú fue el más afectado con un total de 238.010 víctimas; le sigue la nación embera con 148.703 personas afectadas, en su mayoría por la imitación impuesta a su libre movilidad al interior de su territorio ancestral; y el pueblo awá con 12.465 víctimas de confinamiento, desplazamiento masivo y hostigamiento.
Por otro lado, la ONIC indicó que en estos dos primeros meses del año ya se han presentado violaciones a los derechos humanos como el feminicidio de Deisy Marileidy Naucil, del puebo inga, el asesinato del taita Marcos López Enríquez y el riesgo del pueblo awá por los enfrentamientos con los grupos armados en el departamento de Nariño.
La más reciente afectación se produjo el jueves en el departamento del Meta cuando el pueblo sikuani, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, fue "despojado y desplazado ilegalmente" de su territorio ancestral, denunció la ONIC.
Estas cifras y la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas llevó a la ONIC a "exigir" al Gobierno, a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional que "intervengan para detener el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia".
