La Contraloría General de la República advirtió que los $107,4 billones ejecutados en nueve años para la implementación del Acuerdo Final de Paz no han generado resultados verificables ni cambios reales en los territorios más afectados por el conflicto.
El organismo de control señaló que el 42% de los proyectos identificados como de “paz” carecen de productos concretos asociados al acuerdo, mientras que apenas el 17% permite medir resultados claros, lo que significa que la mayoría de las iniciativas no permiten comprobar avances tangibles en la construcción de paz.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que en casi una década solo se han formalizado 27.000 hectáreas de tierras dentro de la Reforma Rural Integral, cuando la meta es de tres millones. “A este ritmo, el país tardaría cerca de 400 años en cumplir con ese objetivo”, advirtió, dejando en evidencia el rezago en uno de los pilares centrales del acuerdo.
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El informe también alertó sobre fallas graves en programas estratégicos. El Plan de Electrificación Rural arrastra un déficit de más de $10 billones para lograr cobertura universal, mientras que varios proyectos productivos financiados con recursos del OCAD Paz carecen de sostenibilidad y presentan fallas que impiden su funcionamiento.
Aunque en 2024 la inversión aumentó a $19,2 billones, un 16% más que en 2023, la Contraloría concluyó que el gasto no se traduce en cambios reales en educación, salud, infraestructura o productividad rural. La falta de articulación interinstitucional y las demoras en los sistemas de información hacen aún más difícil garantizar que cada peso invertido beneficie a las comunidades.
El análisis del ente de control es contundente: la paz no se construye con cifras de gasto, sino con resultados medibles. Si no se corrige el rumbo, la implementación del Acuerdo Final podría convertirse en uno de los mayores fracasos de política pública en la historia reciente del país, pese al enorme costo fiscal asumido por el Estado.
