China es el segundo país más poblado del mundo, con más de mil cuatrocientos millones de personas, siendo Shangái (30.482.000 hab.), Pekín (22.596.000 hab.) y Chongqing (18.171.000 hab.) las ciudades más habitadas por encima de otras como Osaka, Buenos Aires o Calcuta. A pesar de la enorme densidad poblacional con la que cuenta este país, sorprendentemente no hay personas sin hogar, también llamados “homeless”, como les denominó Estados Unidos a los 770.000 habitantes que residen hoy en día en las calles mayormente de Nueva York, Los Ángeles y Seattle.
En los últimos años, salió la noticia de que más del 90% de las personas que viven en China tienen su vivienda propia, un índice casi que imposible de creer, teniendo en cuenta las dificultades del resto de la población mundial para adquirir una vivienda. En el caso más optimista, el 65,1% de los estadounidenses, el 63,1% de los franceses y el 64,7% de los ingleses cuentan con una propiedad. En Colombia, este porcentaje no alcanza la mitad de la población, con un 39,6% de hogares que tiene vivienda propia, un 40,4% de familias en condición de arrendatarios y un 14% de personas que ocupan casas sin pago con permiso del propietario.
Entonces ¿cómo uno de los países más sobrepoblados del mundo ha logrado reducir el déficit de vivienda y ha garantizado un hogar para prácticamente toda su población?
La respuesta fue una serie de reformas realizadas durante la década de 1980 bajo la premisa de que la tierra era propiedad colectiva a cargo del Estado, que abrieron la posibilidad para que los y las habitantes de China adquirieran propiedades en el país sin necesariamente comprar el suelo sobre el que se construyen las viviendas.
A diferencia de nuestra concepción occidentalizada, en donde la propiedad privada constituye un derecho natural incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para China, la tierra es una extensión del Estado. Esto significa que allí es imposible ser propietario del suelo; sin embargo, lejos de convertirse en un obstáculo para acceder a la vivienda, este sistema ha funcionado como un puente que permite que millones de personas adquieran sus hogares cada año.
Hoy en día, a pesar de que no se puede comprar o vender terrenos en este país, sí se pueden obtener derechos de uso del suelo para adquirir una vivienda por 70 años, y pueden ser transferidos hacia el resto de integrantes de una familia. Una vez excedido este tiempo, si se considera que la vivienda no representa un riesgo para sus habitantes, se procede a una renovación del derecho sin ningún costo.
Los 70 años se aplican únicamente en el caso de uso residencial, con algunas restricciones para otros usos, como industriales, deportivos o tecnológicos, casos en los que se otorgan 50 años y las propiedades con fines comerciales o turísticas, que tienen una tenencia máxima de 40 años.
Estas reformas están justificadas bajo el principio de prosperidad común del Partido Comunista Chino liderado por Xi Jinping, el cual busca el bienestar de su población y el mejoramiento de sus condiciones de vida; una visión distinta al panorama capitalista que nos ha compartido Estados Unidos, en donde las altas tasas hipotecarias y los precios elevados de las viviendas dejan sin casa a muchos estadounidenses y migrantes.
China ha alcanzado una superficie disponible per cápita de 40 metros cuadrados, equiparando a los países europeos, pero con una tasa de vacantes mucho mayor y un costo de vivienda menor en comparación. Del mismo modo, las bajas expectativas de revalorización de la vivienda han permitido que la demanda especulativa se reduzca considerablemente, frenando así la existencia de una burbuja inmobiliaria que termine por afectar la economía china, la cual tiene una contribución importante del mercado inmobiliario correspondiente al 23% de la economía nacional.
Este aspecto es relevante si se considera la crisis financiera internacional del 2008 que tuvo su origen en el estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense, producto de la baja calidad de hipotecas que ofrecían los bancos en Estados Unidos, configurándose como la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929.
En el caso de los jóvenes, la tasa de propiedad privada de vivienda indica que el 70% de la población de China tiene una casa propia, según un estudio del banco HSBC. En comparación, el 51,5% de la población joven en Estados Unidos tiene una vivienda propia según estimaciones del 2022. Pese a que estos datos contemplan a más de la mitad de los jóvenes estadounidenses, una franja de la población que aún no ha adquirido vivienda propia teme no tener la posibilidad de acceder a una en el futuro, debido a los altos precios del mercado, motivo por el que el 24,7% de los jóvenes ha renunciado a la posibilidad de comprar una vivienda.
A diferencia de esto, las expectativas de la población juvenil china son mayormente positivas, en tanto el 90% de los jóvenes manifiestan sus deseos de adquirir una segunda propiedad en los años siguientes.
En un contexto donde la vivienda se ha vuelto inaccesible por la ocupación del territorio, los altos costos, la especulación inmobiliaria, y la falta de acceso a trabajos estables y bien remunerados, el caso de China representa uno de los pocos países que permite el acceso a vivienda bajo costos asequibles para la gran cantidad de habitantes que hacen parte de la nación.
Quizá la reflexión para Colombia no está en mirar hacia el norte, sino en observar como otros países utilizan la propiedad para ampliar el acceso de vivienda y no para limitarlo. Además de preguntarnos por qué un país sí y otro no, deberíamos cuestionarnos qué país queremos ser: uno donde la vivienda siga siendo un privilegio a pesar de ser llamada un derecho, o uno donde tener casa propia sea la regla y no la excepción.
