Han pasado 13 años desde que el joven Luis Andrés Colmenares fue hallado sin vida en extrañas condiciones. Un caso que lideró durante meses las portadas de los medios en todo el país, y que, después de años de investigación, vuelve a captar la atención del público.
Jessy Quintero, una de las principales sospechosas en la muerte de la víctima, reaparece demandando con una suma significativa suma de dinero y alegando daños y perjuicios causados durante el largo proceso de investigación del misterioso caso.
De hecho, tanto Jessy Quintero como Laura Moreno fueron identificadas por la Fiscalía como las principales sospechosas de la muerte de Colmenares.
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Este trágico suceso ocurrió en una noche en Bogotá, cuando el joven abandonó una fiesta y más tarde fue hallado sin vida en un canal del parque El Virrey, al norte de la ciudad.
Después de enfrentar una imputación por falso testimonio por parte de la Fiscalía, Jessy Quintero fue absuelta en 2017, y esta absolución fue confirmada por la entidad judicial en mayo del año 2021.
Jessy Quintero y su equipo legal han estado preparando esta demanda desde que fue absuelta en el caso. La demanda está dirigida contra la Fiscalía, el sistema judicial en su conjunto y el cuerpo oficial de bomberos.
Según informes iniciales, la demanda ya ha sido presentada y se encuentra en proceso de estudio por el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá.
¿Cuáles son las razones que llevaron a Jessy Quintero a presentar una demanda contra el estado?
Iván Bula, abogado de la persona implicada, se comunicó directamente con el diario El Tiempo y explicó que la demanda tiene como objetivo reparar el daño sufrido por el nombre de Quintero y su familia, buscando "la compensación de los perjuicios tanto patrimoniales como morales derivados de la responsabilidad extracontractual del Estado".
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Según la información disponible, el abogado solicitará una compensación equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por "el tiempo que la víctima pudo haber dedicado a su vida durante su injusta privación de libertad", confirmó el abogado al diario.
En resumen, la demanda busca obtener la máxima reparación posible del Consejo de Estado, que asciende a aproximadamente 300 salarios mínimos para Jessy, y otros 100 salarios mínimos para su madre y su padre, según afirmó la defensa de la implicada.
Tras la admisión de la demanda, las entidades mencionadas tendrán 55 días para responder, seguidos de audiencias y, finalmente, el fallo del juez.
