Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia han sufrido momentos de tensión, en especial luego de que la administración del expresidente Donald Trump ha reactivado una serie de medidas que tendrán impacto directo sobre el bolsillo de diplomáticos colombianos y podrían extenderse a otras áreas clave de cooperación.
La más reciente decisión implica la suspensión del alivio de impuestos a diplomáticos colombianos en suelo estadounidense, lo que marca un cambio significativo en la tradicional dinámica de reciprocidad diplomática.
Fin del alivio tributario para diplomáticos colombianos
Uno de los más recientes y significativos es que el gobierno estadounidense notificó oficialmente a la Embajada de Colombia en Washington sobre esta medida a través de una nota diplomática. A partir del 16 de junio, los diplomáticos y cónsules colombianos deberán comenzar a pagar impuestos en Estados Unidos, tal como lo hace cualquier ciudadano.
La decisión, argumentada por la falta de reciprocidad del Gobierno colombiano, responde al hecho de que los diplomáticos estadounidenses no gozan de los mismos beneficios fiscales en Colombia. Este cambio, aparentemente técnico, tiene implicaciones prácticas importantes: los diplomáticos colombianos perderán una exención que les representaba un ahorro considerable en su vida diaria.
Por ejemplo, el impuesto sobre las ventas en ciudades clave como Nueva York alcanza el 8.75 %, en Washington D.C. llega al 10.75 % y en Miami se ubica en el 7 %. Estos porcentajes, aplicados a los gastos regulares de vivienda, transporte, alimentación y servicios, podrían traducirse en una carga económica significativa para los funcionarios diplomáticos y sus familias, quienes ahora deberán ajustar sus presupuestos a este nuevo escenario.
¿Revancha diplomática?
La medida no solo es vista como una acción administrativa, sino también como un gesto político de presión. En un contexto de tensiones globales y reajustes en la política exterior estadounidense, la decisión de Trump busca enviar un mensaje claro: Estados Unidos espera una relación de mutuo beneficio y reciprocidad real con sus aliados, incluyendo Colombia.
Esta postura también podría interpretarse como parte de una política exterior más unilateral y transaccional, característica del estilo político de Trump. Ya en su primer mandato, el exmandatario mostró una disposición a condicionar beneficios a resultados concretos, una tendencia que parece acentuarse en su segundo periodo.
Pero los impuestos a diplomáticos no son la única fuente de preocupación. Trump ha reiterado su intención de reforzar la política migratoria en la frontera sur, con propuestas de deportaciones masivas y restricciones más estrictas al asilo. Esto tiene consecuencias directas para Colombia, que no solo alberga a más de dos millones de migrantes venezolanos, sino que también sirve de punto de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Una postura más dura desde Washington podría obligar a Colombia a intensificar los controles migratorios y asumir mayores responsabilidades humanitarias, sin garantías de apoyo financiero adicional por parte de Estados Unidos. Además, el riesgo de sanciones comerciales o restricciones diplomáticas a países que no cooperen plenamente con las deportaciones añade presión a Bogotá para alinearse con las políticas estadounidenses, incluso cuando estas entren en conflicto con sus propios objetivos de derechos humanos y desarrollo social.
La lucha antidrogas, en la cuerda floja
Otro punto crítico es la cooperación antidrogas. Aunque históricamente ha sido un eje central de la relación bilateral, la administración Trump ha mostrado una inclinación por exigir resultados inmediatos, incluso recurriendo a medidas coercitivas o condicionando la ayuda. Esto podría chocar con la estrategia de “Paz Total” del Gobierno colombiano, que prioriza soluciones estructurales y el desarrollo rural sobre acciones militares.
El desacuerdo sobre cómo abordar la erradicación de cultivos ilícitos y el narcotráfico puede generar fricciones en la agenda bilateral. Una presión excesiva para adoptar medidas de fuerza podría socavar los avances en materia de paz y afectar directamente a comunidades vulnerables, empeorando la ya compleja situación social en varias regiones del país.
