A 97 años de los hechos ocurridos entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, el Gobierno declaró que la Masacre de las Bananeras fue un crimen de Estado contra trabajadores en huelga que exigían mejores condiciones laborales a la United Fruit Company. El anuncio se hizo en la Plaza del Centenario de Ciénaga, durante un acto de conmemoración con presencia de organizaciones sindicales, familias de víctimas y autoridades nacionales.
Reconocimiento como crimen de Estado
El presidente Gustavo Petro afirmó que la masacre no fue un exceso individual, sino una decisión del gobierno de entonces, que ordenó al Ejército disparar contra trabajadores desarmados en medio de la huelga bananera. Recordó que la intervención militar buscó proteger los intereses de la multinacional y que ese patrón de alianza entre poder político, fuerza pública y empresas marcó buena parte del siglo XX colombiano.
El Gobierno enmarcó este reconocimiento en una política de memoria histórica y señaló que los hechos de 1928 deben entenderse como un antecedente de posteriores violencias contra sindicalistas, campesinos y líderes sociales en distintas regiones del país.
Mensaje a las Fuerzas Militares y lectura del presente
Ante mandos y miembros de la Fuerza Pública, Petro insistió en que ningún militar debe acatar órdenes que vayan contra la Constitución o la dignidad humana, y subrayó que no se debe volver a disparar contra trabajadores, campesinos o jóvenes desarmados. Según el presidente, la legitimidad de las Fuerzas Militares depende de que su actuación se mantenga dentro de la ley y no al servicio de intereses particulares.
El mandatario también aludió al papel de Estados Unidos en la época de la masacre y lo conectó con tensiones actuales sobre el Caribe y la política colombiana, señalando que los intereses externos siguen influyendo en las decisiones internas del país.
Sindicalismo, memoria y lo que viene
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recordó que Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para el sindicalismo y citó cifras según las cuales más de la mitad de los asesinatos de sindicalistas en el mundo entre 1971 y 2024 ocurrieron en el país.
Representantes de centrales obreras pidieron que el gesto no se quede en una declaración simbólica y reclamaron políticas de reparación al movimiento sindical. El acto coincidió con el trámite en el Congreso de un proyecto de ley de reparación simbólica para las víctimas de la masacre y otras formas de violencia antisindical.
Descendientes de sobrevivientes valoraron que el Estado reconozca de forma explícita su responsabilidad y que la Masacre de las Bananeras pase de ser un episodio discutido en los libros de historia a una verdad oficial asumida por las instituciones, con el compromiso de no repetir hechos similares.
