Las violencias intrafamiliares son recurrentes en varias ciudades en el país, por tanto la Corte Suprema de Justicia comunicó un caso que monta un precedente respecto a las violencias de género al interior de los hogares.
El caso expuesto por la Corte, se enmarca una situación de violencia intrafamiliar contra una mujer en Medellín, la denunciante, Mildrey Durango, relató las situaciones repetitivas de violencia física y verbal que toleró por parte de su pareja.
Con esto, la mujer realizó un balance de la convivencia con el padre de su hija y tras la recolección del testimonio, el alto tribunal emitió la sentencia en la que se estableció que si una mujer debido a actos de violencia como el que sufrió Durango, tiene derecho a la pensión de sobreviviente a pesar de que se haya interrumpido el tiempo de convivencia con la pareja.
Anteriormente, uno de los requisitos que se exigía para reclamar la pensión de sobreviviente estaba en que se tenía que demostrar que la pareja había convivido en los últimos cinco años, sin embargo, en el caso expuesto anteriormente, la mujer decidió irse del hogar para evitar los maltratos, por tanto, la Corte Suprema de Justicia avala que en dichas circunstancias la mujer tiene el derecho a acceder a la pensión.
Otro de los factores que se evaluó en el caso de Mildrey Durango, se estableció en que el hombre murió mientras la mujer no estaba conviviendo con él, sin embargo, según la autoridad no perdería el derecho a recibir la pensión, incluso, si las aseguradores le nieguen la posibilidad a la Durango.
El proceso legal se llevó a cabo ya que Colfondos negó el reclamo de la pensión de sobreviviente a Durango, esto, porque la mujer no convivió con el esposo durante un mes a pesar de tener siete años de convivencia continuos.
La sentencia de la Corte brinda un precedente para las mujeres que pasan por sutuaciones similares a las del caso expuesto. Las determinaciones para el acceso a este tipo de pensión no serán solamente determinadas por las aseguradoras, sino que también, las víctimas se podrán amparar en este tipo de recursos para garantizar el acceso a sus derechos.
