Tras 18 días de angustia y negociaciones, el niño Lyan Hortúa, de 11 años, fue liberado este miércoles 21 de mayo por las disidencias de las Farc, quienes lo habían secuestrado en el corregimiento de Potrerito, Jamundí, al sur del Valle del Cauca. La entrega del menor se dio a través de la Defensoría del Pueblo, luego de un proceso que, según fuentes cercanas al caso, incluyó el pago de una suma cercana a los 4.000 millones de pesos.
Lyan fue sacado de su casa por hombres armados el pasado 3 de mayo, en un secuestro extorsivo que mantuvo en vilo a su familia y a toda la comunidad. Aunque en un principio se especuló que su liberación podría haber sido voluntaria por parte del grupo armado ilegal, con el paso de las horas se confirmó que fue producto de una compleja negociación.
El encargado de liderar ese proceso fue el padrastro del menor, Jorsuar Suárez, quien fue citado por integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc la noche del martes 20 de mayo. Al día siguiente, se desplazó hasta el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, para concretar los términos del acuerdo. Una vez el trato fue confirmado, el niño fue entregado a una prima que actuó como intermediaria de confianza de la familia.
Tras su liberación, Lyan fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, donde recibió atención médica y psicológica. De acuerdo con los padres, por ahora no se entregarán detalles sobre la identidad de los captores, y enfatizaron que no tienen vínculos con ninguna organización criminal, asegurando que son simplemente comerciantes.
Durante los días del secuestro, la familia logró mantener contacto con el niño en dos ocasiones mediante videollamadas. “Nos decía que estaba bien y lo trataban bien”, aseguraron sus padres. Sin embargo, también revelaron que Lyan les confesó que estuvo cuatro días amarrado, lo cual deja claro que se trató de un secuestro extorsivo cuidadosamente planeado.
La liberación de Lyan reabre el debate sobre el accionar de los grupos armados ilegales en el suroccidente del país, especialmente en zonas donde persisten las economías criminales. Aunque el niño ya está de regreso con su familia, el caso ha generado una fuerte indignación por el alto costo económico y emocional que debieron afrontar sus seres queridos para lograr su liberación.
