El nombre de Diego Marín, conocido por el alias de “Papá Pitufo”, sigue sonando, pero esta vez porque su defensa sigue intentando que el Tribunal de Apelaciones de Oporto, en Portugal, revoqué la orden de extradición a Colombia, de quien también es conocido como el “Zar del contrabando”.
Aunque su defensa esté intentando revocar dicho fallo, no es seguro que haya una decisión definitiva favorable para él, debido a que Marín enfrenta acusaciones en ese país por liderar redes de contrabando y haber sobornado a funcionarios y policías con grandes sumas de dinero.
Ante esto, el propio contrabandista ha explicado que es víctima de una persecución política y que, en caso de ser extraditado a Colombia, es condenarlo a una “pena de muerte”.
Estas revelaciones fueron hechas por el medio El Tiempo, quienes indicaron que “Pitufo” le ha estado sosteniendo a las autoridades del país europeo, que si es enviado al país suramericano su vida estaría en peligro inminente.
En la declaratoria que habría dado el contrabandista, ha dicho que es víctima de una persecución política impulsada por el presidente Gustavo Petro, por las supuestas aportaciones de dinero que él hizo a la campaña del Pacto Histórico, en el 2022.
Pese a que el mandatario ha negado rotundamente que esos dineros provenientes de origen ilegal entraron a su campaña, Marín ha indicado que esos rumores y versiones han desencadenado un serio riesgo para su integridad física.
Pitufo ha dicho que las acusaciones en su contra han sido infundadas y fabricadas por las autoridades colombianas, en un caso en su contra que han diseñado desde hace ya varios años.
Según se puede leer en la investigación de El Tiempo, hay documentos que tienen la firma de Marín, que demuestran que desde 1993 ha estado enfrentando varios procesos penales en el país. Sin embargo, él afirma que todos fueron archivados.
Por otro lado señaló que su negativa a participar en esquemas de corrupción ha desatado represalias en su contra por parte de la Policía Nacional y la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera.
En uno de los documentos que reveló el medio citado se lee que “Debido a su actividad económica en Colombia, las autoridades colombianas, especialmente la Policía Nacional - Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, al no participar en los esquemas creados por ellas, comenzaron a perseguirlo y pretender destruir su negocio, iniciándose en su contra desde 1993 varios procesos penales, los cuales siempre fueron archivados”.
Entre tanto, en el documento que se presentó al Tribunal de Oporto, se afirma que si Marín es “extraditado, será ejecutado”, asegurando que la negativa de Portugal por defenderlo, es ponerlo en una pena de muerte.
