En la Cámara de Representantes y en el Senado se aprobó el proyecto de seguridad ciudadana, el cual deberá ser firmado por el presidente Iván Duque para que se convierta en ley. El proyecto tipifica el uso de armas, propone un aumento en las penas de agresión contra la fuerza pública y dispondrá el fortalecimiento de la seguridad en las cárceles.
Uno de los aspectos principales que imparte el proyecto es que se impartirán mayores sanciones a quienes reinciden en delitos como hurto, de igual manera habrá un aumento de pena a las personas que cometan homicidio contra miembros de la fuerza pública, lo cual podría incurrir en una condena de hasta 58 años de prisión.
El proyecto de ley contempla la creación de delitos como el porte de armas blancas, la amenaza e intimidación. Con esta normativa se creará un Registro Nacional de armas, el cual funcionará para otorgar permisos para el porte e incautación y estas se regularán al igual que dispositivos menos letales.
También se empezará a cobrar multas por violación al código de seguridad y convivencia y habrá consecuencias para quienes no paguen sus multas transcurridos seis meses.
El proyecto de ley determina que las personas que comentan daños a la infraestructura del servicio público tendrán una pena de 12 años de prisión, con lo que se endurecerán las medidas para quienes cometan actos de esta magnitud.
Los centros de traslados por protección serán regidos por la norma y deberán estar supervisados por funcionarios de la Alcaldía, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo donde, se contará con un grupo interdisciplinario para la atención del trasladado.
De igual forma, la iniciativa dará paso al uso de armas en legítima defensa y la legítima defensa privilegiada, la cual se podrá ejercer en situaciones que lo ameriten como al rechazar un extraño que ingrese violentamente, en propiedad privada.
Para que sea aprobado el proyecto de ley falta la firma del presidente Iván Duque. Aunque está a un paso de entrar en vigencia, el articulado ha sido rechazado por la bancada de oposición, que ha manifestado estar en desacuerdo con las medidas que cobija el proyecto.
