La elección de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de víctimas.
Desde la Corporación Rosa Blanca, su director Adel González calificó la designación como “un hecho revictimizante”.
“La Corporación Rosa Blanca fue conformada por víctimas (...) especialmente niñas que fueron violadas sexualmente por comandantes de las Farc”, explicó, al señalar que la organización trabaja desde 2018 en defensa de víctimas en diferentes regiones del país.
Sobre el nombramiento, aseguró que lo consideran "como un hecho revictimizante. Es una acción con daño que no entendemos”.
González cuestionó que una persona con pasado en la antigua guerrilla de las Farc represente al Congreso en temas de derechos humanos. “Es absurdo que una persona que toda su vida violó los derechos humanos esté representando al Senado en la defensa de las víctimas”, afirmó.
Respuesta de la senadora
Por su parte, la congresista defendió su designación argumentando que se trata de un derecho derivado del Acuerdo de Paz.
“Todo un escándalo se ha armado en torno a mi elección (...) como senadora tengo todo el derecho. Esta elección obedece a mi participación política aquí en el Congreso de la República”, señaló.
Ramírez también cuestionó a sectores políticos y mediáticos por lo que considera una instrumentalización de las víctimas. “He llamado a los medios de comunicación, a los politiqueros, que no instrumentalicen a las víctimas”, indicó.
Además, aseguró que su labor estará orientada a garantizar que no se repitan hechos de violencia en el país: “Para las víctimas todo mi respeto y las garantías de que en nuestro país no se vuelva a repetir esa larga y oscura noche de la guerra”.
Debate sobre el Acuerdo de Paz
Desde la Corporación Rosa Blanca también se plantearon críticas al impacto del Acuerdo de Paz en materia de justicia, verdad y reparación.
Según González, tras ocho años de implementación, las víctimas no han visto avances significativos: “No han aportado verdad (...) y tampoco se ha dado cumplimiento al derecho a la justicia”.
El vocero también cuestionó las sanciones impuestas en la justicia transicional y afirmó que no representan una reparación efectiva para las víctimas.
Finalmente, advirtió que persisten problemáticas como el reclutamiento de menores y la violencia en varias regiones del país, lo que, según dijo, evidencia dificultades en las garantías de no repetición.
