
El Gobierno de Gustavo Petro publicó un proyecto de decreto que plantea un incremento del 20% en el costo de la energía eléctrica para algunos sectores económicos. La medida, presentada el 25 de agosto por el Ministerio de Hacienda, está disponible para comentarios ciudadanos antes de su aprobación definitiva.
El objetivo es recaudar $1,2 billones como parte de la reglamentación del Estatuto Tributario, y será la DIAN la encargada de controlar y recaudar este nuevo aporte, tal como lo establece la Resolución 000139 de 2021.
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¿Por qué se propone el aumento?
El Ministerio de Hacienda explica que la decisión responde al déficit creciente del Fondo de Solidaridad para Subsidios de Energía, que financia el servicio a estratos 1, 2 y 3. Aunque los estratos altos y usuarios no residenciales aportan hasta el 20% del costo, estos recursos han sido insuficientes. El faltante recae en el Gobierno, que ha visto aumentar las presiones fiscales.

En palabras de la entidad: las contribuciones han crecido más lento que los subsidios, lo que obliga a “mejorar la eficiencia del gasto tributario y orientar las exenciones hacia quienes realmente deben beneficiarse”.
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Actividades impactadas
El decreto afectará seis sectores con los siguientes incrementos en el costo total de la energía:
- Industria manufacturera: 0,31%
- Explotación de minas y canteras: 0,18%
- Agropecuario: 0,13%
- Construcción: 0,09%
- Información y comunicaciones: 0,06%
- Suministro de electricidad, gas y agua: 0,03%
El beneficio de exención se restringirá a las empresas cuya actividad principal registrada en el RUT corresponda a la industria manufacturera, entendida como la transformación de materias primas en productos nuevos.
Argumento del Ministerio
Según Hacienda, la manufactura tiene menores márgenes de rentabilidad (4,4% en 2023) frente a sectores como minería (9,8%) o energía y gas (11,2%). Además, aunque representa la mayor pérdida de ingresos fiscales por exenciones, es el sector con menor participación proporcional en beneficios tributarios.
El costo fiscal actual de la exención asciende a $2,8 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a la industria manufacturera. Limitar el beneficio a este sector permitiría un ahorro de $1,2 billones, lo que significaría un alivio parcial a las finanzas públicas.
Exenciones y control
La medida aplicará únicamente a la actividad económica principal del usuario industrial. Si una empresa modifica su registro en el RUT para intentar acceder al beneficio, la empresa prestadora de energía verificará la información y notificará a la DIAN en caso de inconsistencias.
Con este ajuste, el Gobierno busca aliviar el déficit fiscal y reducir la presión sobre el endeudamiento, que ya ha requerido activar la cláusula de escape de la regla fiscal, cuyo límite de deuda es 71% del PIB y el ancla de 55%.