Tras las fuertes tensiones políticas y crecientes divisiones institucionales, la reunión del lunes 16 de junio entre el presidente Gustavo Petro, las altas cortes, el Congreso y la Iglesia católica en la Curia Arzobispal de Bogotá dejó al descubierto las fracturas del poder en Colombia.
Aunque el objetivo inicial era promover un espacio de reconciliación y diálogo, el ambiente terminó cargado de incomodidad, desencuentros y roces personales que ponen en entredicho la estabilidad institucional del país.
El evento, promovido por la Conferencia Episcopal de Colombia, se presentó como un almuerzo informal destinado a "desarmar la palabra" y promover el respeto entre los principales actores del poder en Colombia. Sin embargo, la llegada tardía del presidente Petro —quien apareció a las 2:17 p. m., más de una hora después del inicio— marcó el tono del encuentro.
El mandatario justificó su retraso por dificultades en su transporte aéreo, pero, según fuentes presentes en la cita, esa no fue la única razón de molestia. Durante su intervención, Petro sorprendió a varios asistentes con un discurso cargado de referencias literarias —como su autodefinición como “el último Aureliano” de Cien años de soledad— y con duras críticas hacia el Congreso y los empresarios. Este tono no sentó bien entre los magistrados ni entre los líderes religiosos presentes.
Fricciones con el Congreso y las cortes
Uno de los momentos más tensos de la jornada se vivió cuando el presidente del Senado, Efraín Cepeda, informó que debía retirarse para asistir a la plenaria que debatía la reforma laboral. Petro respondió cuestionando su coherencia ideológica con el partido Conservador y las enseñanzas sociales de la Iglesia, especialmente citando la encíclica Rerum Novarum. Este señalamiento provocó un visible malestar en Cepeda y aumentó la tensión en el recinto.
Poco después, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, también se retiró del encuentro. Según se conoció, su salida respondió a la necesidad de preservar la imparcialidad del alto tribunal frente a decisiones cruciales que podrían involucrar reformas impulsadas por el Gobierno. Este gesto fue interpretado como una forma de marcar distancia frente a la postura del Ejecutivo.
Petro plantea una Asamblea Constituyente
Durante su intervención, el presidente Petro reiteró su sensación de estar "bloqueado" por otras ramas del poder, aludiendo a los obstáculos que ha enfrentado para avanzar en sus reformas sociales. Incluso planteó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como vía para viabilizar sus propuestas, una idea que ha generado alarma en sectores políticos y judiciales que la consideran una amenaza para el equilibrio institucional.
El acuerdo final: símbolo de un frágil consenso
Pese a los desencuentros, la reunión culminó con la firma de un documento conjunto en el que los asistentes —incluyendo los presidentes de las tres ramas del poder público y los líderes de la Iglesia— se comprometieron a “escucharse, valorarse y respetarse” en el marco de la hermandad y la no violencia. La declaración subraya la urgencia de preservar el diálogo institucional y fue presentada como un gesto de unidad frente a la creciente polarización nacional.
El documento fue firmado por Gustavo Petro; Efraín Cepeda (presidente del Senado); Jaime Raúl Salamanca (presidente de la Cámara); los presidentes de las cortes; y monseñor Francisco Javier Múnera, en representación de la Conferencia Episcopal. También asistieron el procurador general, Gregorio Eljach, y otros altos funcionarios del Estado.
Implicaciones políticas
Este encuentro refleja una Colombia políticamente tensionada, donde las diferencias entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado son cada vez más evidentes. La alusión a una constituyente, el choque con Cepeda, la salida de Ibáñez y el uso de un lenguaje simbólico por parte de Petro ilustran una estrategia política que mezcla confrontación, narrativa histórica y búsqueda de legitimidad popular.
Aunque el acuerdo firmado busca enviar un mensaje de unidad y reconciliación, los hechos revelan profundas fracturas institucionales. En un país donde las tensiones políticas están escalando —con intentos de censura en el Congreso, atentados recientes y cuestionamientos a la legalidad de ciertas decisiones del Gobierno— el llamado a “desarmar la palabra” parece más un imperativo ético que una realidad efectiva.
La reunión del 16 de junio pasará a la historia como un intento de mediación que dejó más preguntas que respuestas, y que plantea un serio desafío para el futuro de la gobernabilidad en Colombia.
