La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre lo ocurrido en la región de Tibú, Norte de Santander, donde dos jóvenes de 13 y 18 años fueron asesinados después de haber sido detenidos por la comunidad, al parecer, por un caso de hurto en un establecimiento comercial.
El hecho dejó un sinsabor en el país al tratarse de una nueva masacre en la que dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, resultan ser las víctimas.
Tras conocer el caso por medio de las redes sociales y las denuncias de la comunidad, la Defensoría del Pueblo pidió celeridad en la investigaciones a las autoridades para dar con el paradero de los responsables.
Así mismo, la entidad rechazó este acto que ensucia nuevamente la imagen del país ante los organismo de derechos humanos del mundo. "Repudiamos que un menor de edad haya resultado asesinado, dado que los niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección del Estado", señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Además de las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo le está prestando todo su apoyo a la comunidad a quien acompaña y protege tras el asesinato a los dos jóvenes en la región de Tibú, Norte de Santander.
"Seguiremos acompañando a la comunidad de Tibú a través de nuestros equipos en el territorio", manifestó Camargo. Y agregó: "Nos han manifestado que se sienten atemorizados por las circunstancias que rodearon este crimen".
Según las primeras versiones que llegan desde Tibú, Norte de Santander, el crimen cometido estaría liderado por grupos armados ilegales que operan en esta región de Colombia.
"Reiteramos nuestro llamado a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes cualquier acción contraria a la Ley, y a estas últimas a tomar las acciones necesarias para brindar garantías de seguridad a la ciudadanía", solicitó la Defensoría del Pueblo, en voz de su representante Carlos Camargo.
La entidad aseguró que semana tras semana se han emitido diferentes alertas en las que se advierten posibles casos de "homicidios, reclutamiento forzado, extorsiones, amenazas a líderes sociales, entre otros".
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en muchos de esos casos los responsables suelen ser grupos armados ilegales como disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo.
El caso es materia de investigación y la Policía ofrece hasta 100 millones de pesos de recompensa por las personas que privaron de la libertad a los jóvenes de 13 y 18 años, para posteriormente asesinarlos.
Según información preliminar las disidencias de las Farc serían los responsables.
