La violencia en Colombia se intensifica. Un informe divulgado por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), en alianza con Vivamos Humanos y la Coordinadora Nacional Humanitaria, revela que las acciones violentas en el país han aumentado en un alarmante 45 % en comparación con 2024. El estudio advierte sobre un recrudecimiento del conflicto armado y una preocupante ausencia del Estado en los territorios más vulnerables.
Este aumento coincide con el debilitamiento de los procesos de paz y el estancamiento de las mesas de negociación entre el Gobierno Nacional y los grupos armados ilegales, lo que ha generado una mayor exposición de la población civil a diversos tipos de violencia.
Un enfoque más amplio para medir la violencia
A diferencia de los informes oficiales que se enfocan en cifras como homicidios o desplazamientos, PARES adopta una metodología centrada en incidentes humanitarios que muchas veces no se registran en las estadísticas del Estado. Estos incluyen confinamientos, amenazas, desapariciones, y desplazamientos silenciosos.
“Hay muchas afectaciones que no se denuncian por miedo o por control territorial de los grupos armados. Esta metodología permite medir de manera más amplia lo que está ocurriendo en los territorios”, explicó Laura Bonilla, subdirectora de PARES, en entrevista con Caracol Radio.
Esta visión más integral revela una situación aún más crítica de la que reflejan los informes oficiales, destacando el abandono institucional y la falta de protección efectiva para comunidades en zonas de conflicto.
¿Quiénes son los principales actores armados?
Según el informe, tres grupos armados concentran la mayoría de las acciones violentas en 2025:
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ELN (Ejército de Liberación Nacional): Responsable de desplazamientos forzados y homicidios selectivos, especialmente en el Catatumbo y otras zonas del norte del país.
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EMC (Estado Mayor Central): Ha declarado objetivos militares a comunidades indígenas y liderazgos sociales.
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Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia): Encabeza los casos de confinamientos, amenazas directas y control social armado.
Cada uno de estos grupos utiliza métodos distintos de violencia, pero todos comparten un mismo objetivo: el control territorial y económico. En muchos casos, estas organizaciones operan en regiones sin presencia del Estado, lo que les permite ampliar su influencia a través de economías ilegales como el narcotráfico y la minería criminal.
El nuevo rostro del conflicto
Para PARES, el conflicto armado actual ha mutado. Ya no responde a ideologías políticas tradicionales, sino que está marcado por intereses económicos y redes criminales. La subdirectora Bonilla advierte que los grupos armados de hoy se parecen más entre sí que a las guerrillas ideológicas del pasado.
“Se alimentan de economías ilícitas y su interés principal es expandirse. Ya no se trata de luchas políticas, sino de mercados ilegales”, indicó.
Bonilla también señaló que, a pesar de los intentos de paz en años recientes, la falta de estrategia, análisis y capacidad estatal han debilitado los avances logrados. En su opinión, el diseño de la política de “paz total” presentó incentivos mal estructurados que terminaron por fortalecer a algunos actores armados en lugar de desmovilizarlos.
¿Qué hacer frente a esta crisis?
El informe hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para replantear su estrategia de seguridad y revisar los mecanismos de diálogo con los grupos armados. No basta con discursos pacifistas ni con acciones militares aisladas.
“Esta guerra es distinta. Hay mucha gente, mucho dinero y muchos mercados ilegales detrás. Necesitamos un enfoque integral que combine presencia estatal, regulación económica e institucionalidad fuerte”, afirmó Bonilla.
PARES también recomienda fortalecer las instituciones responsables del proceso de paz, dotarlas de recursos y capacidades reales, y garantizar el acompañamiento a las comunidades más afectadas por el conflicto.
La paz sigue siendo el camino, pero requiere más que voluntad
Aunque el panorama es desalentador, la Fundación insiste en que la paz no puede abandonarse como objetivo nacional. Sin embargo, recalca que proclamar la paz no es suficiente: se necesitan transformaciones profundas en la forma en que el Estado aborda el conflicto.
En palabras de Bonilla, “la paz es el norte, pero requiere planificación, recursos y transformación real en los territorios. Solo así podremos frenar esta nueva ola de violencia que amenaza con desbordar al país”.
