El debate sobre penalizar por completo el aborto o despenalizarlo más allá de las tres causales que establece la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional se volverá a poner sobre la mesa.
Un sector político anunció que dará la pelea para cerrarle la puerta a esta práctica, mientras que otro manifestó su intención de impulsar que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se regule y así “se protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país”.
El tema del aborto volvió a generar discusión luego de que se conociera una información que indicaba que la senadora María del Rosario Guerra iba a presentar un proyecto en el que, supuestamente, se propondría que sea obligatorio el concepto del padre a la hora de decidir sobre la interrupción del embarazo.
Sin embargo, la legisladora del partido Centro Democrático aseguró que “todavía no ha presentado ningún proyecto en esa materia” pero que, de todas formas, “seguirá defendiendo la vida del no nacido y diciéndole no al aborto”.
La senadora Esperanza Andrade anunció que como parte de su agenda legislativa para el periodo 2020-2021 pondrá a discusión un proyecto contra la despenalización del aborto en las primeras 16 semanas, tal como lo pretendía la ponencia del magistrado Alejandro Linares que fue discutida el pasado mes de marzo en la Corte Constitucional.
Cabe recordar que dicha ponencia no llegó a ningún término, pues el alto tribunal decidió declararse inhibido y no modificó las tres causales del aborto: malformación del feto, problemas de salud física o mental de la mujer y/o violación.
La iniciativa de la congresista conservadora pretende prohibir el aborto en las primeras semanas de gestación. Según explicó, la idea es modificar los artículos 90 y 93 del Código Civil para establecer que la vida existe desde la concepción y así prohibir la interrupción del embarazo, sin afectar las tres causales.
En pro de que el aborto no sea un delito
Expertas consultadas por KienyKe.com aseguraron que el aborto debe ser un derecho para las mujeres y no un delito como lo establece el Código Penal en su Artículo 122, el cual dice:
“La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”.
Cifras de la Fiscalía citadas por El Tiempo en febrero de este año indican que, entre 1998 y 2019, llegaron al ente acusador 5.833 denuncias por delitos de aborto en el país. De ese número, se dice que 1.365 casos están activos y 4.468 inactivos.
En el informe señala que de los casos sin actuaciones judiciales, la mayoría se debe a que las denuncias fueron archivadas porque no había mérito para continuar con el proceso penal, “y de los pocos casos activos, la mayoría están en etapas incipientes, pues un 96 % está en indagación y un 0,7 %, en juicio”.
Otro dato resalta que el 29% de las mujeres denunciadas por aborto tienen registros en la Fiscalía de haber sido víctimas de algún delito, como violencia intrafamiliar, lesiones personales y delitos sexuales.
Viviana Bohórquez, abogada feminista y co-creadora de Las Igualadas, dijo a KienyKe.com que el tipo penal del aborto tiene que ser eliminado del Código Penal porque pensar en este momento histórico que por interrumpir el embarazo una mujer debe ser condenada y privada de su libertad "es totalmente desproporcionado".
La experta aseguró que, al contrario, el aborto debería ser despenalizado y establecido como un derecho para las mujeres en el sistema de salud, en el que se tenga en cuenta un sistema de plazos y ciertos requisitos fundamentales.
“Quitarlo del Código Penal se hace necesario para confiar en la capacidad de las mujeres. Simbólicamente la penalización del aborto es muy fuerte y, aunque por abortar una mujer no va a la cárcel, queda en la mente esa idea de que es algo malo y solo se presta para la desinformación”, señaló.
Bohórquez mencionó que en la discusión sobre el aborto hay que tener en cuenta a las mujeres que viven en zonas rurales y que no tienen la suficiente capacidad económica, pues ellas son las que generalmente corren el riesgo de acudir a procesos en sitios inseguros y perder la vida.
“Esto se vuelve un tema de salud pública, de inequidad social e injusticia. Todas las mujeres deberíamos tener los mismos derechos al decidir sobre nuestro cuerpo. Sería más justo que el aborto fuera legal en todos los casos con algunas reglas y que dejara de ser un crimen. Llevamos muchos años con ese delito en el Código Penal y las mujeres no han dejado de abortar y tampoco se ha logrado un cambio social”, afirmó.
La abogada Helena Hernández coincidió en que la interrupción voluntaria del embarazo debe dejar de ser un delito en Colombia y que un primer paso sería aprobar la despenalización del aborto en las primeras 16 semanas de gestación y aplicar las tres causales establecidas por la sentencia C-355 de 2006 en las siguientes.
"Muchos conceptos académicos han dicho que hay que avanzar en este tema y establecer un modelo de plazos, en los que se despenalice el aborto en los primeros tres meses y después entre a operar las tres causales con todas las garantías. Hacia esa dirección se están yendo los países occidentales y ese sería un avance enorme”, indicó.
Hernández resaltó que este problema "no se soluciona recrudeciendo el delito" y que, al contrario, la despenalización del aborto resuelve las barreras que se interponen en un embarazo no deseado.
Voz a favor de la penalización del aborto
A su turno, Natalia Bernal Cano, doctora en derecho constitucional y abogada demandante ante la Corte Constitucional en la causa de la prohibición del aborto, explicó a KienyKe.com el porqué se debería penalizar la interrupción del embarazo en todas sus formas.
Bernal Cano fue la persona que en 2019 interpuso las dos acciones públicas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que los niños en gestación tengan los mismos derechos que los que ya nacieron, lograr que se prohíban los abortos legales en los hospitales y así “evitar los dolorosos riesgos que tiene este proceso en las mujeres”.
La abogada indicó que hay estudios que demuestran que los métodos para interrumpir el embarazo no son el 100 % seguros y que causan "graves complicaciones en la salud física y mental de quienes se someten a ellos”.
“No se les debe permitir a las mujeres acceder al aborto porque van a sufrir graves daños en su salud y en su vida. En todas las pruebas que yo demostré en los procesos de constitucionalidad dejé establecido que las mujeres que abortan así sea en la forma legal sufren daños irreversibles, tanto físicos como mentales”, aseguró.
Según dijo, el debate sobre el aborto debe volver a ser prioridad en el país debido a que la decisión que en marzo profirió la Corte Constitucional “hubo muchas irregularidades y violación al debido proceso”.
“Se negó el material probatorio que yo presenté sobre los daños en la salud de la madre y el hijo. Se mintió al país diciendo que yo no demostré con estudios científicos serios los daños que se presentan en la vida y en la salud de las mujeres. Por esta razón interpuse de nuevo las demandas y estoy esperando respuesta de la Corte Constitucional, porque este organismo está dejando atrás un debate público de suma importancia y evadiendo su responsabilidad”, finalizó.
