Adeptos y detractores de la cadena perpetua para violadores de niños

Jue, 18/06/2020 - 18:19
KienyKe.com habló con varios expertos para conocer las consecuencias que tendría la prisión perpetua en el país.

La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas está cada vez más cerca de ser realidad. La plenaria del Senado aprobó, con 77 votos a favor, el proyecto de acto legislativo que pretende implementar esta pena en el país. 

La noticia no cayó bien en algunos sectores, pues los detractores aseguraron que la cadena perpetua es "populismo punitivo", no resolvería el problema de raíz y aumentaría la impunidad.

Los adeptos al proyecto, por su parte, insisten en que la prisión perpetua tendría gran incidencia en la reducción de crímenes contra los menores de edad y protegería los derechos que están contemplados en la Constitución.

Yohana Jiménez defiende la cadena perpetua
 

Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez (la primera persona que habló sobre la cadena perpetua en el país), celebró la decisión y argumentó a KienyKe.com las razones por las que considera que esta es una buena medida. 

A su juicio, nada garantiza que un asesino o violador de menores no reincidirá en estos actos al salir de una cárcel. "Lo único que hará que estas personas no vuelvan a matarlos o a violarlos es que estén encerradas para siempre. Hoy, la justicia pone por encima los derechos de los verdugos ", afirmó.

Jiménez señaló que en Colombia la violencia contra los niños es parte del paisaje, porque las personas y las instituciones han sido permisivas con estos actos.

“Somos un país indolente e indiferente frente a esta dolorosa realidad. Violan o matan a un niño y no pasa nada. Con la cadena perpetua daremos un mensaje contundente. Los niños y niñas son sagrados, quien se meta con ellos la va a pagar muy caro. Se pudrirá en una cárcel”, manifestó.

Oposición a la cadena perpetua 
 

Gerardo Barbosa, abogado penalista y asesor de organizaciones protectoras de niños y niñas, dijo por su parte que implementar la cadena perpetua sería contraproducente, inútil y "desgastaría un esfuerzo importante para proteger en realidad a los menores".

Indicó que en el país existe una tasa de impunidad muy alta que se incrementaría con esta medida, "porque la mayor parte de los casos suceden dentro del mismo entorno familiar".

"A las familias les da miedo denunciar estos casos. Así que, si se incrementan las penas, lo más seguro es que las denuncias se reduzcan significativamente por temor de enviar a una cárcel de por vida a un familiar", sostuvo.

Barbosa mencionó que las penas existentes tienen la suficiente capacidad de retribuir y enviar un mensaje de intimidación para quien tenga en mente atentar contra la vida e integridad de los menores de edad.

"Si lo que queremos es proteger a los niños hay que crear mecanismos eficaces de prevención y romper el circulo de impunidad que arranca en la propia familia", resaltó.

Además, Barbosa indicó que aplicar la cadena perpetua en Colombia no es viable, debido a que hay tratados internacionales que obligan al país a establecer penas con propósitos de resocialización.

"La política criminal del Estado no puede apartarse de la función resocializadora de las condenas, que es darle una segunda oportunidad a quien ha sido sentenciado por estos hechos", resaltó.

No pasaría el filtro en la Corte Constitucional según expertos
 

Abogados consultados por KienyKe.com aseguraron que el proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad violaría varios tratados internacionales firmados por Colombia y no pasaría la evaluación cuando llegue a la Corte Constitucional.

El abogado Juan Camilo Sanclemente le dijo a este medio que, a su parecer, esta es una iniciativa innecesaria y populista, pues ya existen herramientas jurídicas que garantizan que los victimarios de abuso y/o violencia sexual puedan recibir una pena de hasta sesenta años de prisión.

Sanclemente señaló que la prisión perpetua violaría los tratados internacionales ratificados por el país al ir en contravía de los derechos y la dignidad humana.

Según dijo, incumpliría el pacto internacional de los derechos civiles y políticos destinados a abolir la pena muerte, el cual fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1989, y aprobado por Colombia a través de la Ley 297 de 1996. 

“Se llama pena de muerte a nivel internacional pero también incluye la cadena perpetua. Se supone que el fin de la pena es la resocialización, entonces condenar a una persona para que el resto de su vida la pague en una cárcel va en contravía de su dignidad humana”, explicó.

El abogado indicó que si Colombia incumple con estos protocolos podría ser denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sancionada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Organización de Naciones Unidas.

“Es importante señalar que a través de la Constitución, por medio del Artículo 93, todo tratado y convenio internacional que ratifique el país prevalece en el orden interno, por lo que no puede existir ninguna norma que vaya en contra del protocolo, ya que al momento de ratificar, Colombia se comprometió de manera definitiva e irrevocable a erradicar la pena de muerte, lo que incluye a la cadena perpetua”, afirmó. 

Conozca aquí otra opinión del abogado Oscar Sierra:

Juan Camilo Sanclemente aseguró, por otro lado, que cuando el proyecto llegue a la Corte Constitucional "se rajará en su evaluación", pues dijo que el alto tribunal ha hecho énfasis en el compromiso definitivo e irrevocable de estos pactos internacionales, tal como se evidencia en la Sentencia C-144 de 1997.

Al finalizar su opinión, el abogado mencionó que el proyecto de cadena perpetua es insuficiente porque, a su juicio, “la solución de estos problemas no es aumentando las penas”. 

“Es como si el criminal pensara que porque existe una pena más alta esto le impedirá cometer el delito. Si esa fuera la solución, en países como Estados Unidos nadie cometería delitos los cuales son sancionados con cadena perpetua o pena de muerte”, ejemplificó.

Además, insistió en que el derecho penal es la última opción para darle fin a los problemas de la sociedad e indicó que el Congreso debería ponerse en la tarea de crear programas eficaces en materia de educación para prevenir este tipo de crímenes contra los menores de edad. 

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