La alta consejera para los Derechos Humanos del Gobierno colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó un informe sobre los homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país.
Gutiérrez aseguró que en lo corrido de 2020 han sido asesinados 37 defensores de DDHH y líderes sociales.
En el segundo trimestre del año hubo 27 personas asesinadas en proceso de verificación distribuidos así: ocho en Cauca, tres en Norte de Santander, tres en Antioquia, dos en Valle, tres en Bolívar, dos en Córdoba, uno en Arauca, uno en Putumayo, uno en Cundinamarca, uno en Guaviare, uno en Chocó y uno en Bogotá, explicó el Gobierno.
Además de esto, Gutiérrez detalló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno colombiano están verificando otros 49 homicidios.
Según el informe, los departamentos con mayor afectación por este flagelo fueron: Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.
“Estas zonas coinciden con factores de riesgo por la convergencia de fenómenos criminales como el accionar de Grupos Armados Organizados (GAO) como el ELN, GAO Residual, ‘Clan del golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparrapos’; y 21 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que se disputan el control de economías ilícitas en torno a la cadena de narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras”, detalló el documento.
La funcionaria del Gobierno manifestó que durante el primer trimestre de 2020 las tipologías de liderazgo más afectadas fueron: líder comunal, líder comunitario, líder social, líder ambiental, líder campesino, líder sindical, líder de movimiento político, líder indígena y líder de ONG de Derechos Humanos.
“Es claro que las amenazas provienen predominantemente de estructuras criminales organizadas que violan los derechos humanos de la población y actúan en contra de líderes comunitarios, sindicales, políticos, campesinos e indígenas, defensores de tierras, de comunidades negras y afrocolombianas. Hago un llamado por el respeto a la vida y a la labor de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y que lideran procesos en favor de sus territorios y comunidades”, afirmó Gutiérrez.
“Nos corresponde a todos: Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes, funcionarios territoriales, a la rama judicial, al Congreso de la República, a los órganos de control, pero también a la comunidad en general, para que se asuma el respeto por los derechos humanos, lo que implica denunciar a quienes se salen de la legalidad", concluyó Gutiérrez.
