Un juez, un fiscal y un abogado fueron enviados a la cárcel de manera preventiva porque, al parecer, durante años delinquieron en una empresa criminal dedicada a torcer procesos judiciales en el departamento del Cesar a cambio de dinero y otros beneficios.
Una jueza de control de garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía General e impuso medida privativa de la libertad en contra del juez primero promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote; el fiscal sexto delegado ante los jueces de circuito penal de ese municipio, Yesith Pallares Aguilar; y el abogado Carlos Luis Ropero Galván.
Según la Fiscalía, estas tres personas harían parte de una organización criminal que manipuló el reparto de procesos y direccionó el sentido de fallos judiciales.
Entre el material probatorio en su contra hay denuncias de las víctimas, audios de conversaciones telefónicas y videos en los que los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que recibían por su actuar ilegal.
Por estos hechos, el fiscal de conocimiento imputó al abogado Ropero Galván por concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal.
Al fiscal Pallares Aguilar le formuló concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales. Al juez Orozco Argote, por otro lado, se le imputó concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Los procesos que habrían torcido
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones permitieron conocer que estas personas, al parecer, delinquían desde 2017 y estarían involucradas en cinco casos.
En un primer evento, el abogado Ropero habría exigido 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en flagrancia por porte ilegal de armas, fuera enviado a la cárcel.
La víctima, supuestamente, dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida entre el juez, el fiscal y el abogado.
El ente investigador indicó que, en otro hecho documentado, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno.
Según la Fiscalía, el funcionario judicial, de acuerdo con un pacto monetario previamente establecido, logró el dominio pleno y absoluto del bien a favor del ‘cliente’, y recibió 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción.
También habría evidencia de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales. Por ejemplo, respecto a un procesado por receptación de hidrocarburos, el fiscal Pallares Aguilar precluyó el proceso.
