El caso del expresidente Álvaro Uribe tiene al país conmocionado y muy atento de lo que pueda seguir pasando con la investigación que lidera la Corte Suprema de Justicia. Tras hacerse pública la orden de detención del político con una providencia de más de 1.500 páginas, la defensa del exmandatario pidió formalmente al alto tribunal hacer público el expediente de Uribe.
El abogado Jaime Granados envió una solicitud a la Corte Suprema en base al artículo 4 de la Constitución, para que se dejen de aplicar las normas que regulan la reserva sumarial y se haga público el expediente que manejan contra el expresidente.
“Si bien la reserva sumarial está establecida en la ley, la Constitución, norma de normas, avalaría su inaplicación cuando se generan violaciones a los derechos fundamentales, lo cual se compagina con los estándares de información pública establecidos a nivel Interamericano por las propias Corporaciones de Justicia”, indicó Granados.
El abogado de Uribe indicó que la solicitud de hacer público el expediente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se hace con la única intención de aportar mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, "sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica".
¿Qué dice la ley sobre la reserva sumarial?
Si bien la defensa del expresidente Uribe pide que su caso sea público, la ley puede que obstaculice en ese objetivo; exactamente la Ley 600 y su artículo 330 que establece:
"Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de queja".
También detalla: "La reserva de la instrucción no impedirá a los funcionarios competentes proporcionar a los medios de comunicación información sobre la existencia de un proceso penal, el delito por el cual se investiga a las personas legalmente vinculadas al proceso, la entidad a la cual pertenecen las personas, si fuere el caso, y su nombre, siempre y cuando se haya dictado medida de aseguramiento".
Respecto a la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Granados indicó que es "injusta" pues, según dijo, el país debe saber que el hoy senador del Centro Democrático no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran estas declaraciones.
