Uno de los principales problemas surgidos luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc es reemplazar los cultivos ilícitos. Se trata de una tarea complicada ante la proliferación de bandas al margen de la ley que buscan apropiarse de los territorios que pertenecían al grupo desmovilizado.
A esto se suma que los campesinos, acostumbrados al dinero que recibían al cultivar la coca, no ven en la agricultura y la ganadería una actividad que les pueda dar suficientes recursos para sobrevivir.
Varios candidatos a la Presidencia de la República han manifestado su preocupación ante esta problemática, que será uno de los temas de mayor interés en los debates de cara a las próximas elecciones. Tanto el Gobierno, entidades privadas y organizaciones sociales se encuentran diseñando e implementando políticas públicas para atender esta necesidad.
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Recientemente se acordó la puesta en marcha de una de estas estrategias. Se trata de una alianza entre la Superintendencia de Industria y Comercio junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El propósito de este plan es permitir que los campesinos logren crear empresa y asociarse con más facilidades.
De esta forma se les dará un descuento del 93% para el registro de sus marcas, según explicó el superintendente Pablo Felipe Robledo: "Estas personas que decidieron el camino de la legalidad empresarial y una contribución a la construcción de la paz y el desarrollo en el marco del postconflicto. El trabajo es claro: la UNODC determina y consolida los grupos que participarán en las capacitaciones, los cuales son Organizaciones de Desarrollo Alternativo y la Superindustria capacita y otorga esa tasa preferencial para sus registros marcarios a las personas que recibieron dicha capacitación”.
Por su parte, Bo Mathiasen, Representante de UNODC en Colombia aseguró que “este tipo de alianzas y el trabajo colaborativo con el Gobierno Nacional potencian el campo y fortalecen la agroindustria como fuente de empleo e inversión. Ello permitirá mantener las condiciones económicas necesarias para la construcción de paz, legalidad y desarrollo”.
Serán 331 organizaciones en 23 departamentos del país las que podrán acogerse a este beneficio. Se realizará un proceso periódico de monitoreo en estas zonas con el fin de capacitar a las personas para la erradicación de cultivos, así como a trabajar la tierra de otra forma.
