Más de cinco mil representantes de los pequeños y medianos trabajadores de la minería cesarán sus labores para protestar por lo que ellos consideran un abandono de las entidades gubernamentales a un sector que le brinda beneficios al aparato productivo colombiano.
En total, 18 municipios se verán afectados. Antioquia, Córdoba, Chocó y Caldas serán los escenarios principales de las manifestaciones. Luz Stella Ramírez, directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros, le contó a KienyKe que hasta el momento tienen contemplado suspender indefinidamente sus trabajos y que en el paro que comenzará a las 12:00 de la medianoche exigirán que se legalicen numerosas peticiones de explotación minera que desde hace unos meses presentaron cientos de trabajadores artesanales; además, el grupo sindical alega por un nuevo código minero y la modificación al sistema judicial para sancionar de manera concreta a la minería ilegal del país.
"En el caso de Caldas participarán los delegados de 20 municipios pero nos preocupa la situación del Municipio de Marmato ya que a la población no se le ha definido la explotación a cielo abierto(...)además en esa parte del territorio nacional se han suspendido más de 100 minas y a la multinacional Gran Colombia Gold se le han transferido varios títulos mineros", declara la representante colectiva.
Aunque los representantes del gobierno han intentado a toda costa que el paro no se ejecute este 17 de julio, los integrantes de la confederación de mineros concluyen que es poco probable que la decisión se cambie en las próximas horas."Aquí no está funcionando una mesa de negociación, y no se va a firmar ningún tipo de acuerdo por lo que supongo que esta tarde va a pasar exactamente lo mismo cuando el gobierno se acerque a hablar con nosotros", recalca Ramírez.
Organismos sindicales que apoyan la decisión del sector minero dicen que el Gobierno ha venido incumpliendo una serie de acuerdos pactados desde 2011.
Luz Stella Ramírez, directora ejecutiva Conalminercol
Estos son los principales puntos del pliego de cargos presentado al Ministerio de Minas y Energía.
A) Incorporación al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal.
B) Derogación del Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 y se incorpore en el ordenamiento jurídico de manera inmediata, un procedimiento para la reparación e indemnización de las personas que han sido sujeto y/o víctimas de las acciones derivadas del Decreto 2235 de 2012.
C) Subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques.
D) Reforma del actual Código Minero, previa concertación con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia.
E) Creación en los epicentros mineros del país de oficinas de atención, asesoría, acompañamiento, capacitaciones en los temas técnicos, ambientales y sociales para el pequeño y mediano minero.
Federico Renjifo, Ministro de Minas y Energía
La respuesta del gobierno
Desde el lunes el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, estuvo reunido con los voceros sectoriales en los que afirmó que el Gobierno está dispuesto a reconocer a cerca de 300.000 mineros tradicionales del país aclarando que sólo perseguirán a los grupos que estén vinculados con la criminalidad.
"La voluntad que ha manifestado el gobierno en el proceso de atención a los mineros ilegales es clara. Debo decir que existen varios mecanismos que posibilitan esta determinación en términos de normas, con varios decretos. Estamos dispuestos a reglamentarlos", afirmó el jefe de la cartera de Minas.
Los representantes de Conaminercol, productores del 85% del oro colombiano, insisten en señalar que hasta que no se apruebe una modificación a la reglamentación que reconoce a los mineros informales del país, no habrá un cambio de opinión en cuanto a la decisión de efectuar el paro.
Trabajadores de la Drummond irían a huelga
Una de las compañías privadas de explotación y procesamiento de carbón que ha tenido que afrontar duros cuestionamientos a nivel nacional es la Drummond. Luego del escándalo por cientos de toneladas de carbón que la empresa arrojaba al mar de Santa Marta, decisión que le llevó a ser suspendida temporalmente por el Gobierno Nacional, se le suman las quejas de sus trabajadores.
Los voceros sindicales de la multinacional votarán este miércoles para decidir si van a huelga u optan por un tribunal de arbitramento. Aunque la empresa presentó el pasado viernes una propuesta que contiene un aumento salarial del 4.5 % para el primer año los sindicatos no están de acuerdo y mantienen sus reclamaciones.
En entrevista con KienyKe Alfredo Tovar, miembro de la junta directiva nacional de Sintramienergética afirmó que la exigencia primordial que tienen los trabajadores hacia la compañía está enfocada en la humanización del trabajo. “Contamos con una jornada extenuante de trabajo. Son 12 horas intensivas pero los trabajadores tienen que hacer hasta tres horas más (…) reclamamos que haya más seguridad industrial porque hasta la fecha ha habido cerca de 18 muertos”, comenta.
Tovar dice que la empresa se ha comprometido a cumplir bajo los requisitos de ley pero que esto sólo se queda en papeles y formalismos.”Como esta empresa viene pagando por horas, los trabajadores exigen que se les pague un básico. Además la empresa está ofreciendo únicamente el 3.8% del salario y nosotros creemos que el trabajo que hacemos vale más”.
Luz Stella Ramírez, directora ejecutiva Conalminercol
Estos son los principales puntos del pliego de cargos presentado al Ministerio de Minas y Energía.
A) Incorporación al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal.
B) Derogación del Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 y se incorpore en el ordenamiento jurídico de manera inmediata, un procedimiento para la reparación e indemnización de las personas que han sido sujeto y/o víctimas de las acciones derivadas del Decreto 2235 de 2012.
C) Subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques.
D) Reforma del actual Código Minero, previa concertación con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia.
E) Creación en los epicentros mineros del país de oficinas de atención, asesoría, acompañamiento, capacitaciones en los temas técnicos, ambientales y sociales para el pequeño y mediano minero.
Federico Renjifo, Ministro de Minas y Energía
La respuesta del gobierno
Desde el lunes el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, estuvo reunido con los voceros sectoriales en los que afirmó que el Gobierno está dispuesto a reconocer a cerca de 300.000 mineros tradicionales del país aclarando que sólo perseguirán a los grupos que estén vinculados con la criminalidad.
"La voluntad que ha manifestado el gobierno en el proceso de atención a los mineros ilegales es clara. Debo decir que existen varios mecanismos que posibilitan esta determinación en términos de normas, con varios decretos. Estamos dispuestos a reglamentarlos", afirmó el jefe de la cartera de Minas.
Los representantes de Conaminercol, productores del 85% del oro colombiano, insisten en señalar que hasta que no se apruebe una modificación a la reglamentación que reconoce a los mineros informales del país, no habrá un cambio de opinión en cuanto a la decisión de efectuar el paro.
Trabajadores de la Drummond irían a huelga
Una de las compañías privadas de explotación y procesamiento de carbón que ha tenido que afrontar duros cuestionamientos a nivel nacional es la Drummond. Luego del escándalo por cientos de toneladas de carbón que la empresa arrojaba al mar de Santa Marta, decisión que le llevó a ser suspendida temporalmente por el Gobierno Nacional, se le suman las quejas de sus trabajadores.
Los voceros sindicales de la multinacional votarán este miércoles para decidir si van a huelga u optan por un tribunal de arbitramento. Aunque la empresa presentó el pasado viernes una propuesta que contiene un aumento salarial del 4.5 % para el primer año los sindicatos no están de acuerdo y mantienen sus reclamaciones.
En entrevista con KienyKe Alfredo Tovar, miembro de la junta directiva nacional de Sintramienergética afirmó que la exigencia primordial que tienen los trabajadores hacia la compañía está enfocada en la humanización del trabajo. “Contamos con una jornada extenuante de trabajo. Son 12 horas intensivas pero los trabajadores tienen que hacer hasta tres horas más (…) reclamamos que haya más seguridad industrial porque hasta la fecha ha habido cerca de 18 muertos”, comenta.
Tovar dice que la empresa se ha comprometido a cumplir bajo los requisitos de ley pero que esto sólo se queda en papeles y formalismos.”Como esta empresa viene pagando por horas, los trabajadores exigen que se les pague un básico. Además la empresa está ofreciendo únicamente el 3.8% del salario y nosotros creemos que el trabajo que hacemos vale más”.
