El domingo el presidente Iván Duque finalmente hizo públicas las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Devolvió la norma al Congreso y argumentó su decisión con seis puntos. "He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la JEP por razones de inconveniencia e invito a que el Congreso las debata constructivamente", dijo en su discurso.
Pero, ¿Cómo impactaría a la economía del país que se objete o no esta ley? ¿Qué pasaría con los integrantes del partido Farc y su proceso de reincorporación? ¿Habría inversión extranjera con el nuevo panorama?
Distintos sectores del país ya se han
pronunciado, 19 importantes Gremios de Producción del país respaldaron las objeciones. Entre ellos, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Fedegán, Confecámaras, y esta mañana se unieron Asocolflores, la Asociación Colombiana de Minería y Fenalcarbón.
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Los dirigentes gremiales aseguraron que por tratarse de cuestiones importantes para el país consideran oportuno fijar su posición y argumentaron que "Colombia debe continuar avanzando con firmeza en la estrategia de recuperación del orden público, elemento central de la convivencia pacífica".
¿Un riesgo internacional?
La comunidad internacional es quizás el apoyo más importante de la justicia transicional,
el Sistema de Naciones Unidas y la Misión de Verificación en Colombia reiteraron la importancia del libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz como el principal instrumento de garantía del derecho a la justicia de las víctimas.
Agregaron que lamentan que a más de dos años de la firma del Acuerdo Final la JEP no cuente con una Ley Estatutaria y un marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia.
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Por su parte,
Ricardo Bonilla González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia aseguró que la posición del presidente podría generar rechazo de organismos internacionales que son quienes señalan cuáles son las directrices de inversión:
"Desde ese punto de vista aumenta el riesgo del país frente a la falta de credibilidad en las políticas consensuadas a nivel internacional. Lo que hizo Santos fue lograr un consenso internacional pero esto se ve resquebrajado cuando la nueva administración le dice a la comunidad internacional que objetará el proceso".
Agregó que en ese sentido las calificadoras y varios organismos dirán que ya no es tan confiable invertir en Colombia.
¿Y qué pasa internamente?
Debido a que la palabra que había empeñado el Estado, luego de la firma del acuerdo, está en entre dicho; pues nadie sabe qué va a pasar en el caso de que solo una de las dos cámaras apruebe la iniciativa y la otra la rechace, hay incertidumbre en el país.
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Esto no solo por parte de los gremios económicos, la seguridad jurídica es uno de los pilares de la inversión, sino también los miles de exguerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso de paz, dudan de que hayan garantías para su proceso de reincorporación.
"El riesgo es que algunos excombatientes se sientan menoscabados y corran el riesgo de regresar a las armas. Hasta ahora han dicho que no, falta ver que pasa con el 'Paisa' e Iván Márquez que hasta ahora no se han pronunciado, pero hay el riesgo de que más de uno se vea tentado a regresar a la vida armada, no tiene que ser a las disidencias, sino otro escenario", aseguró el profesor.
Cabe recordar que en el proceso de desmovilización que inició el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) cy continuó con el de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) con las guerrillas M-19, Epl, Prt,Quintín Lame y algunos miembros de la extinta guerrilla de las Farc se formó el partido Unión Patriótica (UP) que permitía la participación política de los exguerrilleros.
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Sin embargo, después de la firma del acuerdo algunos miembros de la insurgencia regresaron a las armas al encontrar que no había garantías para su seguridad. En esa época al rededor de 3.000 miembros del partido Unión Patriótica fueron asesinados.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del exnegociador Iván Márquez quien militó en la UP y obtuvo una curul en el Congreso que después abandonó para regresar a las armas. Hoy el proceso parece repetirse por circunstancias completamente diferentes.
Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, aseguró que hay que esperar. “Duque objetó solo 6 artículos de los 159 de todo el proyecto. Esto significa que no se va a acabar la JEP y que la justicia transicional va a seguir adelante. En todo este panorama, en realidad no son muchos ajustes. Son pocos y muy necesarios”.
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Por su parte, el profesor Bonilla Gonzáles se refirió a la opinión de los gremios de recuperar el orden público, "elemento central de la convivencia pacífica". Explicó que este aspecto está deteriorado y es preocupante el asesinato de líderes sociales, "esto ya va para otro genocidio muy parecido al de la UP".
Los gremios aseguraron que al expresar su respaldo a las iniciativas formuladas por el Presidente de la República, invitan a las autoridades involucradas en estos procesos, a los partidos políticos y a la ciudadanía a participar en los debates que la decisión presidencial suscita con ecuanimidad, prudencia y alto sentido de responsabilidad social.
Agregaron que harán seguimiento a todas las medidas adoptadas que resulten de esta decisión y que continuarán con el propósito de trabajar en la reparación integral de las víctimas y la construcción del bienestar social para así garantizar la paz y justicia necesarias "que nos permitan a los colombianos dejar atrás los hechos atroces del conflicto armado", finalizaron.
