
El sol de Aruba resplandecía con una sofocante fuerza, mayor a la que suele dominar las jornadas más calurosas del Caribe. Ese medio día del 22 de febrero de 2012 Alcides Peralta Pereira y Benjamín Castro Aguirre llegaban al centro comercial Renaissance Market Place para encontrarse con el también colombiano Wilmer Hurtado. Habían acordado almorzar en el restaurante Casa Tuna sobre las 12:15 de la tarde.
Alcides, de 55 años, originario de La Guajira, y Benjamín, 32 años, nacido en Santa Marta, arribaron al lugar -que queda sobre las playas de la capital, Oranjestad- en un carro Daihatsu Terios color verde claro, con las ventanas completamente cerradas y el sistema de aire acondicionado al límite.
Ingresando al parqueadero el carro, con los colombianos a bordo, fue sorprendido por un grupo de sujetos encapuchados. Al menos 12 hombres vestidos de negro, con pasamontañas y en jeans, se atravesaron al vehículo y apuntaron amenazantes sus armas al conductor y su copiloto. Eran agentes del Cuerpo Especial de Arresto de la Policía de Aruba, pero no se identificaban como tales.
Uno de ellos se acercó a la puerta delantera derecha para tratar de abrirla sin que los ocupantes hicieran el más mínimo movimiento. Un error de maniobra hizo que su arma se disparara por accidente. Eran las 12 del día, con 11 minutos y 17 segundos.
De inmediato, el resto de hombres armados abrieron fuego creyendo que el primer disparo provenía de los sospechosos. La balacera arreció contra el vehículo, aunque nadie allí disparó.
Los primeros 20 disparos habrían bastado para masacrar a los ocupantes. Tres minutos después de la primera descarga un par de oficiales del Equipo Especial de Arrestos rompieron con escudos el vidrio de la ventana trasera. Uno de ellos tomó su arma y -a menos de un metro de distancia- remató a los dos colombianos. Los tiros de gracia se produjeron a las 12 horas, 14 minutos con 15 segundos.
Los oficiales retrocedieron, tomaron impulso, y como por las dudas, volvieron a ensañarse apretando el gatillo, hasta completar 71 impactos contra hombres desarmados en un carro lleno de agujeros.
Imágenes divulgadas por la prensa local del lugar de los hechos y de cómo quedó el carro donde viajaban los colombianos.
La prensa llegó en cuestión de minutos. La balacera no tenía antecedentes en la isla y se rumoraba que las víctimas eran traficantes de drogas que llevaban en su interior un cargamento de alucinógenos y un arsenal bélico para defenderlo. Jamás se vio ni la droga ni las armas. Solo el par de cadáveres acribillados que solo fueron atendido por paramédicos 20 minutos después del operativo.
Alrededor del centro comercial había al menos 50 policías uniformados prestos a brindar apoyo al cuerpo élite. Los periodistas se preguntaban si era necesario el colosal despliegue contra dos sujetos desarmados.
"Alguien quería que los cuerpos volvieran a Colombia y que el caso se olvidara"
En ese momento en Santa Marta (Colombia), Ángelo Peralta, hijo del Alcides, terminaba de almorzar tras llegar del trabajo. Tomó una siesta y al despertar observó la hora en un reloj que cinco días antes le había enviado como obsequio su padre desde Aruba. Marcaba la 1:45 de la tarde.
Recordaba, por coincidencia, que su papá había viajado a mediados de 2010 a la isla para trabajar como obrero de construcción. Llevaba más de un año allí y conseguía enviarle ocasionalmente dineros a su familia, para apoyar en su manutención.
Había viajado porque una de sus amigas de infancia en Dibulla (Guajira), Johaina Padilla, había conseguido estabilidad en Aruba con su esposo Benjamín Castro.
Allá Alcides conoció a Benjamín y se hicieron muy amigos. Vivían en Oranjestad en un barrio donde reside una amplia colonia colombiana. Buscaban una mejor oportunidad laboral y más dinero para su sostenimiento y el de las familias en su país natal. Benjamín no dejaba de relatar sus anécdotas del pasado, cuando se dedicó al fútbol y estuvo a punto de hacer parte de un equipo profesional. Su origen humilde, y tal vez falta de suerte, no le permitieron ascender en su sueño y lo dejaron en la pobreza, hasta cuando salió del país.
En esos recuerdos recibió una llamada. Primos de Ángelo habían conocido noticias desde Aruba.
-¿Cómo está tu papá?-, le preguntó uno de sus familiares por teléfono.
-Bien, muy bien-, respondió.
-¿Estás seguro?
-Sí, claro. ¿Por qué?
-Tómalo con calma, pero en Aruba están dando noticias de dos colombianos muertos, y uno de ellos aparentemente es Alcides.
“Colgué el teléfono y busqué a mi hermana. Le pedí que llamara a mi papá o le escribiera un mensaje a su celular. Nunca contestó. Luego recibí más llamadas de personas con familiares en Aruba que se enteraron de la noticia. Es que ese hecho se difundió como pólvora porque es una isla que no está acostumbrada a balaceras de esa magnitud. Al revisar las noticias de los medios de Aruba, confirmamos que era mi papá”, recordó a KienyKe.com Ángelo Peralta.
Consiguió un vuelo para Aruba, aprovechó que tenía vigente su visa schengen, y al día siguiente voló hacia Oranjestad.
(Archivo) Alcides Peralta, colombiano muerto en Aruba durante un operativo policial.
Al llegar al aeropuerto fue tratado como sospechoso delincuente. Lo llevaron solo a una habitación privada, estudiaron todas sus pertenencias, lo desnudaron para revisar su cuerpo y le pidieron argumentar por qué tenía visa de la comunidad europea. Al aclarar todo, pudo salir camino al Consulado de Colombia en esta región de las Antillas Menores.
Ese día, 23 de febrero, el entonces Ministro de Justicia de Aruba, Arthur Dower, acompañado del director del cuerpo policial dijeron que la operación del día anterior buscaba desarticular una organización de tráfico de drogas, y que por tanto, felicitaban a los efectivos que sin escatimar esfuerzos consiguieron neutralizar a los presuntos narcos. Minutos después, el entonces procurador de la isla cuestionó el exceso de fuerza, y confirmó a la opinión pública que las dos personas que murieron no estaban armadas. Pidió una investigación, y poco después fue destituido.
Los periodistas se lanzaron contra el ministro y el director policial, cuestionando por qué no se habían visto ni armas ni droga cuando concluyó la operación. Solo ocho días después, el Gobierno emitió un comunicado que incluía la fotografía de un maletín con droga, supuestamente incautado del vehículo. La prensa, nuevamente cuestionó la veracidad de esa versión. Pidieron actas de la fiscalía sobre el levantamiento de los cuerpos y la inspección a la escena de los hechos. Esos documentos no se hicieron aquel día, tampoco se divulgaron a los medios.
A pesar de la seguidilla de incongruencias, Ángelo Peralta solo buscaba la repatriación del cuerpo de su padre y de Benjamín. En el Consulado le explicaron que el Gobierno Colombiano no podría facilitarle recursos para devolver el cadáver su papá, pues este tipo de auxilios no los cubre la nación. “Me dicen que si no hay recursos, consideren la opción de incinerar los cuerpos allí o enterrarlos en Aruba. Esa fue la solución de ellos”, recuerda.
Luego del Consulado, Peralta se dirigió al Ministerio Público de Aruba para reclamar los cadáveres. Le informaron ese 24 de febrero que los cuerpos estaban siendo sometidos a una necropsia y que dicho trámite “duraría mucho tiempo”. Resignado, Ángelo salió y pensó en adelantar otros trámites necesarios.
“Salí de allá a las 3 de la tarde. Pero a las 3:30 recibí una llamada de una funeraria donde me dijeron: señor Peralta, lo acompañamos en su dolor pero queremos informarle que ya tenemos preparado todo para prestarle los servicios funerarios. Ya tenemos el cuerpo de su padre”.
Los periódicos en Aruba destacaron en sus impresos que la policía descargó sus municiones contra dos sospechosos desarmados.
Desconcertado, lo primero que pensó Ángelo fue que se trataba de una trampa, y que quizá querían asesinarlo. Dos días después seguía recibiendo llamadas de la funeraria. Intentó volver a la Fiscalía para confirmar si los cuerpos aún los tenían en custodia, y así se lo informaron.
“Quedé con la duda y me fui para la funeraria. Me llevé la sorpresa de que efectivamente allá estaban los cuerpos desde el 23 de febrero en horas de la noche. Me pareció muy sospechoso todo”.
Al parecer, había un afán de “alguien” para que repatriaran los cuerpos, al punto que ni siquiera habían informado a la Fiscalía sobre su traslado a la funeraria. Ángelo también notó que los cadáveres tenían suturadas las múltiples heridas. “El protocolo internacional de medicina forense dice que no se pueden suturar las heridas de bala porque luego no se puede determinar el calibre de la bala, ni orificio de entrada ni salida ni distancia de disparo”. Consiguió con afán el dinero para devolverse a Colombia, y en su país natal pidió investigar los cuerpos. La repatriación fue a finales de febrero. Obtuvo préstamos por casi 40 millones de pesos para pagar los gastos, tanto en Aruba y Colombia, de un crimen que le dejaba más sospechas que certezas.
El video que demostró la torpeza policial
Ángelo Peralta no tenía dudas de que su papá había sido asesinado con sevicia. Que era una clase de ‘falso positivo’ para Aruba y que el mejor homenaje a su memoria sería conseguir esclarecer lo que sucedió ese 22 de febrero, y limpiar su nombre.
Tras apoyarse con abogados en Colombia, Ángelo viajó a las Antillas tres meses después. Consiguió asesoría legal allí y unos pocos videos, grabados por curiosos ese día. Algunas de las grabaciones, hechas con celular, fueron puestas en Youtube o enviadas a medios de comunicación insulares.
Pidió apoyo de la Cancillería en Colombia, y se reunió en mayo de 2012 con Álvaro Calderón, funcionario encargado de asuntos consulares. “Esa fue la única reunión que tuvimos. Allí simplemente me dicen que sí consideraban que en el caso de mi papá hubo un abuso de fuerza, que fueron acribillados y que procedieron mal. Me explican que como país, el Ministerio sólo puede enviar una nota muy formal al Gobierno de Aruba para que diera explicaciones. Esas explicaciones jamás las contestó el gobierno de Aruba”, asegura.
Entonces comenzó, él solo, una batalla jurídica contra todo un gobierno. Inicialmente recopilaron las pruebas, pero solo conseguían la fe de la prensa que confirmaba que jamás se encontró droga o armas en el auto, y después escasos videos grabados en baja calidad que develaban el salvaje tiroteo contra el Daihatsu Terios y sus ocupantes.
Como una ayuda del cielo, Ángelo conoció a líderes de oposición de Aruba que sabían de unos videos, en alta calidad, que registraron de inicio a fin todo el torpe operativo policial. Eran las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial, y al obtenerlos Peralta se hizo de su prueba reina.
Era evidente que Alcides y Benjamín jamás intentaron agredir a los uniformados. También quedó claro que un policía, por error, había soltado un disparo. Su torpeza detonó la desmedida arremetida oficial, pues creyeron que estaban bajo fuego. Finalmente, jamás se muestra la incautación del famoso maletín con drogas. La verdad estaba aflorando ante sus ojos.
En enero de 2013, ante un tribunal de Aruba, Ángelo Peralta instauró una acción penal contra el gobierno isleño por homicidio contra su padre y daño a su buen nombre.
Un poco antes, en septiembre de 2012, el Departamento de Relaciones Exteriores de Aruba emitía una carta al cónsul de Bogotá en la Isla, Tarquino Pacheco, en el que -luego de una investigación-, reconocían la torpeza de sus hombres y el uso exagerado de la fuerza. Además aceptaban que los colombianos no llevaban armas.
No obstante, con algo de cinismo, el gobierno de Aruba advirtió que no veía motivos para enjuiciar a los miembros del equipo de arresto porque, “quien disparó primero de forma accidental no alcanzó a nadie”, así que no podría ser acusado de homicidio. Y que los otros miembros que dispararon “emplearon sus armas bajo suposición comprensible de defensa necesaria de su vida”. Sin ofrecer disculpas, los arubeños aseguraban que el operativo fue auspiciado por la DEA de Estados Unidos.
"Tengo dolor con la Cancillería de Colombia"
El 18 de junio de 2014, el Tribunal de Aruba emitió veredicto favorable al ciudadano colombiano. Por primera vez en la historia de la isla, se condenó al Gobierno local como responsable del asesinato de dos colombianos, con excesos de fuerza, y exigió a las autoridades policiales y administrativas reparar el daño, simbólica y económicamente, a las familias de las víctimas.
“Lo que más espero es la reparación simbólica. Algo que me dé la tranquilidad de escuchar disculpas públicas, no a puerta cerrada, por el crimen de mi papá”.
En la actualidad, Ángelo estudia con asesoría de abogados internacionales los montos que podrán exigir como reparación monetaria y las notas para concretar el perdón público.
La cancillería de Aruba emitió un documento en el que reconocían el exceso de fuerza y la torpeza policial en el operativo en el que murieron dos colombianos.
“El otro dolor que tengo es con la Cancillería -dice Ángelo- porque cuando un ciudadano extranjero es asesinado en Colombia, el gobierno de ese país inmediatamente activa todo para ponerle el dedo a nuestras autoridades y que respondan. Cuando las víctimas son colombianos en el exterior, nunca hay exigencia de la Cancillería”.
Para conocer su versión, KienyKe.com confrontó al director de Asunto Consultares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Calderón, a través de un cuestionario de cinco preguntas puntuales, pero él se abstuvo de responderlas. En cambio, su despacho remitió un documento llamado Ayuda de Memoria sobre el caso Aruba, en el que destacan paso a paso, día a día, las actuaciones de la diplomacia colombiana en este proceso.
Según reza la bitácora, desde el día siguiente a la muerte de los colombianos, el consulado de Bogotá en Oranjestad pidió un informe detallado a las autoridades para confirmar la identificación de las víctimas y las circunstancias de sus decesos.
Oficios del 26 de marzo y 17 de abril insistían a las autoridades en conocer investigaciones imparciales para "obtener claridad sobre los motivos, razones que condujeron a las autoridades locales a un operativo de las dimensiones que se dieron". El gobierno de Aruba evadía responder a Colombia, y nuestro país debió insistir con posteriores notas verbales que se emitieron en mayo y junio.
(Lea la Ayuda de Memoria de la Cancillería, como respuesta a Kienyke.com por el caso Peralta-Aruba)
Entre las respuestas emitidas, está la carta del Departamento de Relaciones Exteriores de Aruba en la que reconocían los excesos de fuerza de sus oficiales, aunque los justificara en una operación antidroga que había-supuestamente- decomisado una cantidad de alucinógenos.
La Cancillería asegura que sí conoció la sentencia de la Corte de Aruba de hace un mes, y que ha estado en contacto con Ángelo Peralta. "El Consulado ha solicitado de manera oficial conocer el auto de manera oficial y así poder hacerle seguimiento al proceso civil de carácter administrativo que emitió el juez, el cual admite el uso abusivo de la fuerza y abre el camino para que la familia sea indemnizada", prometen. "Una vez tengamos el dictamen oficial, la Cancillería realizará el seguimiento correspondiente y realizará las gestiones que correspondan para que se cumpla lo mencionado en el dictamen del proceso civil de carácter administrativo", concluyen.
En uno de sus viajes y trámites ante la isla, Ángelo tuvo la oportunidad de reunirse con Mike Eman, el primer ministro de Aruba. Le mostró el video, que confirmaba el exceso contra su padre, y el gobernante reconoció el error. “Me dio un abrazo, y a puerta cerrada pidió perdón. Prometió que me iba a ayudar a esclarecer lo que había ocurrido. Nunca más me llamó”. Tras esta condena del Tribunal de Justicia de Aruba, Ángelo está pendiente del teléfono por si el premier isleño recuerda su promesa de perdón y decide llamarlo.
Twitter: @david_baracaldo




