Son las siete en punto y en Ciudad de Panamá el bochorno diurno es reemplazado por la refrescante brisa nocturna. La tenue luz de las farolas alumbra la Avenida Central desde el Parque Santa Ana hasta la Plaza 5 de Mayo, corazón del antiguo epicentro comercial suplantado por grandes malls. Los almacenes cierran sus puertas y vendedores ambulantes empacan su mercancía. Kathe,* una caleña de 33 años vestida de blue jeans, sandalias y blusa violeta, corre estrujándose para alcanzar el bus que la llevará a su casa. El escenario cambia velozmente y la calle queda solitaria. Los bares de las callejuelas alternas encienden las luces de neón. Se ofrecen otros servicios y aparecen otros clientes.
A las nueve de la noche un carro de la policía se estaciona frente a la plaza. Dulce Ana, una panameña de 55 años, está atenta a los movimientos del patrullero. Ella representa a su país en la Red Trasex, organización que aboga por los derechos de las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Ahora, vestida de rosa y blanco, con los labios pintados de rojo y el cabello recogido en una cola de medio lado, le hace señas a su amiga colombiana, Mary, para llamarle la atención sobre la patrulla. Mary es una bumanguesa de 49 años cuyo vestido azul cielo, sandalias plateadas y ojos maquillados a tono con la ropa no disimulan el cansancio de jornadas exhaustivas, que desde hace ocho meses empiezan a las siete de la mañana. Durante el día realiza oficios varios en un edificio del Casco Viejo y en la noche trabaja en los antiguos andenes comerciales de la ciudad.
Punto de partida
Mary huyó de Colombia hace nueve años tratando de escapar de la violencia de La Gabarra, corregimiento de Tibú situado en la selvática región del Catatumbo en jurisdicción del Departamento de Norte de Santander, considerada como “zona roja” debido a la presencia de las Farc y a la posterior incursión del paramilitarismo. Para ella ese lugar significaba el espacio de subsistencia de su familia. Pero una noche de noviembre de 2001 vio su existencia amenazada por las masacres paramilitares de los últimos meses de ese año. Le tocó huir, ocultarse en el agua entre las madreselvas y los animales nocturnos, esperar el cese del fuego y al amanecer salir de su escondite, observar los cadáveres tirados en el piso y escuchar la orden de un comandante paramilitar que gritaba a los conductores que llegaban con mercancías: “Levántenlos, desocupen los camiones y sáquenlos de aquí”. La embargó el miedo porque entendió que si continuaba viviendo allí terminaría en alguna fosa común. Empacó sus maletas y llegó a Panamá en diciembre de ese mismo año, acurrucándose cada vez que escuchaba el ¡pom! ¡pom! de la pólvora navideña. No sabía que su historia de vida la hacía merecedora del estatus de refugiada.
Según el DANE, Panamá es el sexto destino elegido por los emigrantes colombianos.
Un año después, en diciembre de 2002, Kathe esperaba en el aeropuerto panameño de Tocumen por un piloto amigo de su familia que le prestaría los 500 dólares requeridos por las autoridades de migración para entrar al país. Traía como equipaje un neceser con un par de blusas y un pantalón. En Buenaventura había dejado sus documentos y libros, a su novio y algunas amistades. En Panamá su familia esperaba ansiosa a la hija terca que no quería abandonar Colombia, a pesar de las amenazas contra su vida. Ella y su hermano se desempeñaban como líderes comunales y apoyaban algunas de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, que en Buenaventura se recrudeció a mediados de los años noventa. En septiembre de 2002 empezaron a llegar las amenazas de los grupos paramilitares. La familia decidió partir. Kathe, sin embargo, se negó a hacerlo y continuó con su labor, apoyada por una comunidad eclesiástica que la albergó un par de meses. Pero una noche la amenaza se materializó y la chica fue agredida físicamente. Temerosa y previendo otro ataque, decidió huir.
El camino de la legalización
Mediante la Ley 5 de 1977 Panamá ratifica el tratado firmado por las Naciones Unidas en la Convención de Ginebra de 1951, que establece los parámetros internacionales básicos del refugio. La Oficina Nacional para la Atención del Refugio (ONPAR) es la entidad estatal encargada de evaluar y aceptar las solicitudes. A los aspirantes se les entrega un certificado que evidencia su estatus durante el proceso de “Procedimiento a Trámite”, pero no reciben ayuda gubernamental ni se les permite trabajar. Moverse en la ilegalidad para sobrevivir parece ser la única opción. El Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) es una organización no gubernamental que brinda apoyo jurídico a las personas refugiadas. Según un funcionario del centro, que pidió reserva de identidad: “el no tener derecho al trabajo los coloca en una situación de vulnerabilidad que se manifiesta en conductas justificables pero no legalmente aceptables, como prostitución y hurto. Otras veces son explotados laboralmente”.
Kathe conocía el tratado de 1951 y sabía que su situación la calificaba para solicitar el refugio. Se asesoró del CEALP, presentó su solicitud en ONPAR, habló con el cónsul colombiano en Panamá y se acogió al programa. Trabajó ilegalmente durante el “Procedimiento a Trámite”, casi siempre en empresas que le pagaban menos del mínimo. No faltó el acoso sexual de algún jefe y el consiguiente despido ante su negativa. En esa época la Comisión de Elegibilidad, que toma la decisión sobre los admitidos en el trámite de refugio, se reunía una o dos veces en el año. Ella soportó esa situación de explotación laboral durante un año, y en 2004 obtuvo por fin el carnet de refugiada, un estatus que le permite dar clases en una fundación para niños de escasos recursos ubicada en el Casco Viejo, y además la seguridad de saber que sus derechos son reconocidos oficialmente. En su cotidianidad sobrelleva los estigmas de la gente, que relaciona el término “refugiada” con “fugitiva”, las complicaciones en las ventanillas del servicio público cada vez que muestra su identificación y ese extraño sentimiento, mezcla de nostalgia por lo que dejó atrás y de felicidad de saberse viva y tener la posibilidad de construir una existencia segura y digna.
Según las cifras, 15 mil personas invisibles requieren el refugio panameño pero desconocen el procedimiento exigido para obtenerlo.
La experiencia de Mary ha sido diferente. Hace parte de las 15 mil historias invisibles de personas que, según las cifras presentadas en el año 2010 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), requieren el refugio panameño pero desconocen el procedimiento exigido para obtenerlo.
“Yo hubiera podido pedir refugio pero no me dijeron que esa posibilidad existía. Nadie me informó, nadie sabía. Entonces me encontré con este hombre”, relata Mary. Él se llama Lucio. Ella lo conoció hace ocho años, cuando todavía creía que legalizarse en Panamá era un proceso fácil. No había sido estafada por tramitadores y abogados. Lucio prometió ayudarla con los papeles y Mary aceptó su oferta. Iniciaron una relación sentimental que ella imaginaba terminaría en matrimonio y le permitiría legalizar por esa vía su estatus. Pero no fue así. Con el paso del tiempo su situación cambió. No consiguió permiso de trabajo ni visa de casada con panameño, no tenía los recursos para montar una empresa y desconocía la figura del refugio. Su visa de turista se venció y ella se convirtió en otra extranjera que transita por Ciudad de Panamá, se esconde y dobla las esquinas al divisar una patrulla policial. De la legalidad a la ilegalidad, aprendió los códigos de la noche y la calle: actitud valiente, sentidos aguzados y ojos bien abiertos por si acaso las luces rojiazules aparecen en escena.
“Huyendo de la violencia me encontré otra violencia”, se queja Mary en el parque, con la mirada atenta mientras habla de su vida. Su ansiedad tiene nombre propio porque no sólo se esconde de la patrulla. Lucio la violenta desde hace varios años: “Una vez le dejó un ojo morado y otra vez le tiró un café hirviendo en un restaurante”, afirma Dulce Ana al corroborar el relato de su amiga. La médica que la atendió cuando él le fracturó la nariz le aconsejó a Mary demandarlo. Pero ella, trabajadora sexual, inmigrante ilegal, no tiene ese derecho. La deportarían de inmediato, y aunque ella dice amar a Colombia, no puede volver porque no tiene dónde llegar. Por eso ha sufrido en silencio esa situación de violencia. La doctora Dora Whiteman de Da Costa, psiquiatra que atiende semanalmente a trabajadoras sexuales en el Centro de Salud de El Chorrillo, sostiene que este caso no es excepcional: “Por no ser llevadas a Migración y deportadas a su país de origen, las mujeres ilegales callan y los abusos quedan ocultos entre las calles de la ciudad, invisibles en los registros”.
En las noches, el parque Santa Ana se convierte en un epicentro de prostitución.
Hace nueve meses Mary no tuvo dinero para pagar la coima o soborno y dos policías la condujeron a Migración. Su hija, que vive en Panamá y tiene visa de trabajo, pagó 600 dólares, la multa mínima exigida para que no deportaran a su madre. La abogada Myrna López Yuras, que atiende diariamente consultas jurídicas de inmigrantes en la Fundación Casa Latinoamericana, explica que, generalmente, a los albergues son llevadas las personas que no tienen dinero para pagar la coima: “los más pobres de los pobres”. Una semana después de salir del albergue y experimentar en carne propia la privación de la libertad, la requisa minuciosa en la reja de entrada, el hacinamiento y el control de llamadas telefónicas y visitas, el gobierno aprobó el proyecto de registro migratorio “Panamá Crisol de Razas”. Mary y aproximadamente siete mil personas más de diferentes nacionalidades recibieron, por 765 dólares, el carnet que les permite transitar por el país durante dos años, mientras logran organizar su estatus migratorio. Para Didacio Camargo, director de Información y Relaciones Públicas del Servicio Nacional de Migración, “Este proceso es un adelanto en las relaciones internacionales, así como una colaboración con las personas de escasos recursos que desean continuar transitando de forma legal en el país”. Pero Antonio Domínguez, ex director del Servicio, afirma que esta campaña de legalización “Es una gran estafa porque ese carnet no suma para la residencia. Las personas no tienen permiso de trabajo y en dos años su situación volverá a la vulneración, mientras Migración ha ingresado a sus arcas millones de dólares”.
Aunque Mary tiene la satisfacción de sentir su existencia legalizada por primera vez en muchos años y logró conseguir un empleo temporal de medio tiempo, gracias a un amigo que la contactó con los arquitectos de una de las construcciones del Casco Viejo, aún debe aguzar sus sentidos. Apenas tiene un año para organizarse, conseguir permiso de trabajo y un estatus migratorio definitivo. Ella lo sabe y ha decidido hacer de este período una etapa de ahorro. Por eso duplica su jornada laboral, saliendo en las noches en busca de ingresos adicionales. No tiene estatus como bailarina de espectáculo –categoría migratoria otorgada a las trabajadoras sexuales–, porque los dueños de los burdeles prefieren a mujeres jóvenes. Mientras un establecimiento maneje a las mujeres y garantice la salubridad y seguridad del servicio, su oferta de prostitución es un negocio legal en Ciudad de Panamá. Para Mary, que se dedica al trabajo sexual con sus propios recursos y a título personal, la situación es diferente. Para ciertos sectores intolerantes y violentos, personas como ella son consideradas como objetos de “limpieza social”. Su historia no es la única.
Entre 2007 y 2010, 987.734 personas colombianas ingresaron a Panamá por el aeropuerto de Tocumen con visa de turista, pero esta cifra no da cuenta de las entradas ilegales. De las rutas del Darién (Sapzurro-Puerto Obaldía, Bahía Solano-Jaqué y Ungía-Paya) no se tienen datos exactos, pues la mayoría de las personas entran por allí clandestinamente y sin portar documentos. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo del Darién, se estima que en esa provincia fronteriza viven alrededor de 830 Protegidos Temporales Humanitarios (PTH), 259 solicitantes de refugio y 958 refugiados colombianos.
Entre 2007 y 2010, 987.734 personas colombianas ingresaron a Panamá por el aeropuerto de Tocumen con visa de turista. Esta cifra no da cuenta de las entradas ilegales.
Mujeres como Kathe legalizaron su estatus mediante la figura humanitaria del refugio. Otras, gracias a su condición económica, lo hicieron con la visa de rentas propias o la visa empresarial. Algunas obtuvieron la visa de casada con panameño, la del acuerdo Marrakech, la visa de trabajo, la visa de estudiante o la de artista.
Según un informe del DANE presentado en la Cancillería de Colombia, Panamá es el sexto destino elegido por los emigrantes colombianos. Mientras que un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestra que en 2008, 252.353 colombianos residían en Panamá, un informe elaborado por la ong Conexión Colombia sostiene que en enero de 2010 esa cifra había rebajado a 115.000 y que las mujeres constituían el 51% de ese total.
Según una funcionaria de ONPAR, quien pidió reserva de identidad, en ese mismo año se aprobó un 10% del total aproximado de 600 solicitudes de refugio: “La aprobación alza durante las Comisiones de Elegibilidad, en donde los casos vienen filtrados”. El consulado colombiano por su parte atiende un promedio diario de 80 casos, entre trámites de pasaportes, pasados judiciales y atención de situaciones de delincuencia o violaciones de derechos. Pero estas cifras no incluyen a las personas indocumentadas.
Como en el caso de Kathe, muchas colombianas se enfrentan a la explotación laboral y el abuso de poder. Otras son presa de redes de trata de personas y servidumbre sexual, según la investigación que adelantan la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo de Panamá con el objetivo de establecer un proyecto de ley de protección a las víctimas. O bien, son estafadas y coimadas, como ocurre con Mary. Estos abusos que enfrentan cotidianamente las personas inmigrantes no aparecen relatados en los informes oficiales. Como afirma el cónsul colombiano en Panamá, Mauricio Cuervo, “Las leyes de migración están muy bien formuladas para proteger a los ciudadanos panameños. Los 180 días de permiso como turista pasan rápido. Cuando menos piensan, nuestros compatriotas están ilegales, vulnerables y huyendo de la autoridad. Esas personas no solicitan ayuda”.
* Nombre cambiado por razones de seguridad.
* Reporteros de Colombia es una iniciativa del Medios para la Paz, CINEP/Programa por la Paz y la Pontificia Universidad Javeriana. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. www.reporterosdecolombia.net
Según el DANE, Panamá es el sexto destino elegido por los emigrantes colombianos.
Un año después, en diciembre de 2002, Kathe esperaba en el aeropuerto panameño de Tocumen por un piloto amigo de su familia que le prestaría los 500 dólares requeridos por las autoridades de migración para entrar al país. Traía como equipaje un neceser con un par de blusas y un pantalón. En Buenaventura había dejado sus documentos y libros, a su novio y algunas amistades. En Panamá su familia esperaba ansiosa a la hija terca que no quería abandonar Colombia, a pesar de las amenazas contra su vida. Ella y su hermano se desempeñaban como líderes comunales y apoyaban algunas de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, que en Buenaventura se recrudeció a mediados de los años noventa. En septiembre de 2002 empezaron a llegar las amenazas de los grupos paramilitares. La familia decidió partir. Kathe, sin embargo, se negó a hacerlo y continuó con su labor, apoyada por una comunidad eclesiástica que la albergó un par de meses. Pero una noche la amenaza se materializó y la chica fue agredida físicamente. Temerosa y previendo otro ataque, decidió huir.
El camino de la legalización
Mediante la Ley 5 de 1977 Panamá ratifica el tratado firmado por las Naciones Unidas en la Convención de Ginebra de 1951, que establece los parámetros internacionales básicos del refugio. La Oficina Nacional para la Atención del Refugio (ONPAR) es la entidad estatal encargada de evaluar y aceptar las solicitudes. A los aspirantes se les entrega un certificado que evidencia su estatus durante el proceso de “Procedimiento a Trámite”, pero no reciben ayuda gubernamental ni se les permite trabajar. Moverse en la ilegalidad para sobrevivir parece ser la única opción. El Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) es una organización no gubernamental que brinda apoyo jurídico a las personas refugiadas. Según un funcionario del centro, que pidió reserva de identidad: “el no tener derecho al trabajo los coloca en una situación de vulnerabilidad que se manifiesta en conductas justificables pero no legalmente aceptables, como prostitución y hurto. Otras veces son explotados laboralmente”.
Kathe conocía el tratado de 1951 y sabía que su situación la calificaba para solicitar el refugio. Se asesoró del CEALP, presentó su solicitud en ONPAR, habló con el cónsul colombiano en Panamá y se acogió al programa. Trabajó ilegalmente durante el “Procedimiento a Trámite”, casi siempre en empresas que le pagaban menos del mínimo. No faltó el acoso sexual de algún jefe y el consiguiente despido ante su negativa. En esa época la Comisión de Elegibilidad, que toma la decisión sobre los admitidos en el trámite de refugio, se reunía una o dos veces en el año. Ella soportó esa situación de explotación laboral durante un año, y en 2004 obtuvo por fin el carnet de refugiada, un estatus que le permite dar clases en una fundación para niños de escasos recursos ubicada en el Casco Viejo, y además la seguridad de saber que sus derechos son reconocidos oficialmente. En su cotidianidad sobrelleva los estigmas de la gente, que relaciona el término “refugiada” con “fugitiva”, las complicaciones en las ventanillas del servicio público cada vez que muestra su identificación y ese extraño sentimiento, mezcla de nostalgia por lo que dejó atrás y de felicidad de saberse viva y tener la posibilidad de construir una existencia segura y digna.
Según las cifras, 15 mil personas invisibles requieren el refugio panameño pero desconocen el procedimiento exigido para obtenerlo.
La experiencia de Mary ha sido diferente. Hace parte de las 15 mil historias invisibles de personas que, según las cifras presentadas en el año 2010 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), requieren el refugio panameño pero desconocen el procedimiento exigido para obtenerlo.
“Yo hubiera podido pedir refugio pero no me dijeron que esa posibilidad existía. Nadie me informó, nadie sabía. Entonces me encontré con este hombre”, relata Mary. Él se llama Lucio. Ella lo conoció hace ocho años, cuando todavía creía que legalizarse en Panamá era un proceso fácil. No había sido estafada por tramitadores y abogados. Lucio prometió ayudarla con los papeles y Mary aceptó su oferta. Iniciaron una relación sentimental que ella imaginaba terminaría en matrimonio y le permitiría legalizar por esa vía su estatus. Pero no fue así. Con el paso del tiempo su situación cambió. No consiguió permiso de trabajo ni visa de casada con panameño, no tenía los recursos para montar una empresa y desconocía la figura del refugio. Su visa de turista se venció y ella se convirtió en otra extranjera que transita por Ciudad de Panamá, se esconde y dobla las esquinas al divisar una patrulla policial. De la legalidad a la ilegalidad, aprendió los códigos de la noche y la calle: actitud valiente, sentidos aguzados y ojos bien abiertos por si acaso las luces rojiazules aparecen en escena.
“Huyendo de la violencia me encontré otra violencia”, se queja Mary en el parque, con la mirada atenta mientras habla de su vida. Su ansiedad tiene nombre propio porque no sólo se esconde de la patrulla. Lucio la violenta desde hace varios años: “Una vez le dejó un ojo morado y otra vez le tiró un café hirviendo en un restaurante”, afirma Dulce Ana al corroborar el relato de su amiga. La médica que la atendió cuando él le fracturó la nariz le aconsejó a Mary demandarlo. Pero ella, trabajadora sexual, inmigrante ilegal, no tiene ese derecho. La deportarían de inmediato, y aunque ella dice amar a Colombia, no puede volver porque no tiene dónde llegar. Por eso ha sufrido en silencio esa situación de violencia. La doctora Dora Whiteman de Da Costa, psiquiatra que atiende semanalmente a trabajadoras sexuales en el Centro de Salud de El Chorrillo, sostiene que este caso no es excepcional: “Por no ser llevadas a Migración y deportadas a su país de origen, las mujeres ilegales callan y los abusos quedan ocultos entre las calles de la ciudad, invisibles en los registros”.
En las noches, el parque Santa Ana se convierte en un epicentro de prostitución.
Hace nueve meses Mary no tuvo dinero para pagar la coima o soborno y dos policías la condujeron a Migración. Su hija, que vive en Panamá y tiene visa de trabajo, pagó 600 dólares, la multa mínima exigida para que no deportaran a su madre. La abogada Myrna López Yuras, que atiende diariamente consultas jurídicas de inmigrantes en la Fundación Casa Latinoamericana, explica que, generalmente, a los albergues son llevadas las personas que no tienen dinero para pagar la coima: “los más pobres de los pobres”. Una semana después de salir del albergue y experimentar en carne propia la privación de la libertad, la requisa minuciosa en la reja de entrada, el hacinamiento y el control de llamadas telefónicas y visitas, el gobierno aprobó el proyecto de registro migratorio “Panamá Crisol de Razas”. Mary y aproximadamente siete mil personas más de diferentes nacionalidades recibieron, por 765 dólares, el carnet que les permite transitar por el país durante dos años, mientras logran organizar su estatus migratorio. Para Didacio Camargo, director de Información y Relaciones Públicas del Servicio Nacional de Migración, “Este proceso es un adelanto en las relaciones internacionales, así como una colaboración con las personas de escasos recursos que desean continuar transitando de forma legal en el país”. Pero Antonio Domínguez, ex director del Servicio, afirma que esta campaña de legalización “Es una gran estafa porque ese carnet no suma para la residencia. Las personas no tienen permiso de trabajo y en dos años su situación volverá a la vulneración, mientras Migración ha ingresado a sus arcas millones de dólares”.
Aunque Mary tiene la satisfacción de sentir su existencia legalizada por primera vez en muchos años y logró conseguir un empleo temporal de medio tiempo, gracias a un amigo que la contactó con los arquitectos de una de las construcciones del Casco Viejo, aún debe aguzar sus sentidos. Apenas tiene un año para organizarse, conseguir permiso de trabajo y un estatus migratorio definitivo. Ella lo sabe y ha decidido hacer de este período una etapa de ahorro. Por eso duplica su jornada laboral, saliendo en las noches en busca de ingresos adicionales. No tiene estatus como bailarina de espectáculo –categoría migratoria otorgada a las trabajadoras sexuales–, porque los dueños de los burdeles prefieren a mujeres jóvenes. Mientras un establecimiento maneje a las mujeres y garantice la salubridad y seguridad del servicio, su oferta de prostitución es un negocio legal en Ciudad de Panamá. Para Mary, que se dedica al trabajo sexual con sus propios recursos y a título personal, la situación es diferente. Para ciertos sectores intolerantes y violentos, personas como ella son consideradas como objetos de “limpieza social”. Su historia no es la única.
Entre 2007 y 2010, 987.734 personas colombianas ingresaron a Panamá por el aeropuerto de Tocumen con visa de turista, pero esta cifra no da cuenta de las entradas ilegales. De las rutas del Darién (Sapzurro-Puerto Obaldía, Bahía Solano-Jaqué y Ungía-Paya) no se tienen datos exactos, pues la mayoría de las personas entran por allí clandestinamente y sin portar documentos. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo del Darién, se estima que en esa provincia fronteriza viven alrededor de 830 Protegidos Temporales Humanitarios (PTH), 259 solicitantes de refugio y 958 refugiados colombianos.
Entre 2007 y 2010, 987.734 personas colombianas ingresaron a Panamá por el aeropuerto de Tocumen con visa de turista. Esta cifra no da cuenta de las entradas ilegales.
Mujeres como Kathe legalizaron su estatus mediante la figura humanitaria del refugio. Otras, gracias a su condición económica, lo hicieron con la visa de rentas propias o la visa empresarial. Algunas obtuvieron la visa de casada con panameño, la del acuerdo Marrakech, la visa de trabajo, la visa de estudiante o la de artista.
Según un informe del DANE presentado en la Cancillería de Colombia, Panamá es el sexto destino elegido por los emigrantes colombianos. Mientras que un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestra que en 2008, 252.353 colombianos residían en Panamá, un informe elaborado por la ong Conexión Colombia sostiene que en enero de 2010 esa cifra había rebajado a 115.000 y que las mujeres constituían el 51% de ese total.
Según una funcionaria de ONPAR, quien pidió reserva de identidad, en ese mismo año se aprobó un 10% del total aproximado de 600 solicitudes de refugio: “La aprobación alza durante las Comisiones de Elegibilidad, en donde los casos vienen filtrados”. El consulado colombiano por su parte atiende un promedio diario de 80 casos, entre trámites de pasaportes, pasados judiciales y atención de situaciones de delincuencia o violaciones de derechos. Pero estas cifras no incluyen a las personas indocumentadas.
Como en el caso de Kathe, muchas colombianas se enfrentan a la explotación laboral y el abuso de poder. Otras son presa de redes de trata de personas y servidumbre sexual, según la investigación que adelantan la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo de Panamá con el objetivo de establecer un proyecto de ley de protección a las víctimas. O bien, son estafadas y coimadas, como ocurre con Mary. Estos abusos que enfrentan cotidianamente las personas inmigrantes no aparecen relatados en los informes oficiales. Como afirma el cónsul colombiano en Panamá, Mauricio Cuervo, “Las leyes de migración están muy bien formuladas para proteger a los ciudadanos panameños. Los 180 días de permiso como turista pasan rápido. Cuando menos piensan, nuestros compatriotas están ilegales, vulnerables y huyendo de la autoridad. Esas personas no solicitan ayuda”.
* Nombre cambiado por razones de seguridad.
* Reporteros de Colombia es una iniciativa del Medios para la Paz, CINEP/Programa por la Paz y la Pontificia Universidad Javeriana. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. www.reporterosdecolombia.net
