En las entrañas de la selva colombiana y atrincherados para restringir el ingreso a sus resguardos, los pueblos indígenas del país buscan refugios para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19 en sus territorios y echan mano de sus conocimientos ancestrales para enfrentar la pandemia.
Las comunidades indígenas, que representan el 4,4 % de la población colombiana (1.905.617 de habitantes), han establecido una estrategia de prevención nacional que incluye, entre otras medidas, el bloqueo de vías permitiendo únicamente el ingreso de vehículos que transporten alimentos y productos de primera necesidad para su subsistencia.
“La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones específicas: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó a Efe Ángel Jacanamejoy, secretario general de las Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia.
La guardia indígena, un organismo de defensa de los derechos, el territorio y la autonomía de las comunidades étnicas, se organizó desde La Guajira hasta el Amazonas para impedir el ingreso de personas ajenas a las poblaciones como turistas, visitantes de instituciones privadas, delegados de ONG o cooperantes internacionales.
Las primeros en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan pueblos como los arhuacos, kogis,wiwas o kakuamos, quienes pidieron al Gobierno que prohibiera el ingreso de turistas al Parque Nacional Tayrona, uno de los grandes atractivos de Colombia.
La medida se extendió por casi todo el país y los pueblos fueron cerrando poco a poco sus fronteras, advirtiéndole al Gobierno de las necesidades de muchas de sus comunidades, algunas de ellas sin un acceso al agua que garantice su higiene para evitar el contagio.
Contingencia para una bomba de tiempo
La comunidad indígena es uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19, pues según un informe del 2016 del Ministerio de Salud, las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa de muerte en estas poblaciones.
Además, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de la mitad de esta población vive bajo la línea de pobreza y más del 40 % se encuentra en la pobreza extrema, lo que dificulta su acceso a servicios básicos tan necesarios para enfrentar la pandemia.
Por esa razón, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) puso en marcha un plan de contingencia para “evitar que la pandemia llegue y se propague en los territorios indígenas” de la mano del personal de salud, los médicos tradicionales, la guardia indígena y estructuras del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
La estrategia, articulada con autoridades nacionales, pretende fortalecer los sistemas de medicina tradicional de los pueblos a través de sus plantas, usos y costumbres, y gestionar con el Gobierno la ayuda humanitaria para que las comunidades puedan recibir alimentación, prevención y agua potable.
Hoy más que nunca, los indígenas promueven la práctica de sus conocimientos ancestrales, de su propia medicina y de los rituales con los que se conectan con la naturaleza para ahuyentar, dicen ellos, a los espíritus.
Las comunidades incluyeron entre sus medidas de prevención danzas ancestrales y bebedizos con plantas medicinales como sahumerio, ruda, romero y manzanilla, a los que les han atribuido propiedades sagradas.
“Todo esto hace parte de un gran fortalecimiento de la espiritualidad como el elemento que históricamente nos ha permitido ser fuertes física y emocional”, detalló Jacanamejoy.
Por su parte, los indígenas Nukak, en el departamento del Guaviare, solicitaron al Gobierno nacional dotaciones de alimentos y medicamentos para aislarse en sus reservas ecológicas, muchas de ellas erigidas en las montañas del país.
Sin embargo, la solución implica riesgos mayores para muchos de ellos, pues algunas de estas reservas se encuentran bajo el control de grupos armados y otras han sido devoradas en las últimas semanas por incendios forestales.
Hostigamientos y asesinatos
Las hostilidades contra las comunidades indígenas no cesan en Colombia, a pesar de que el Gobierno decretó una cuarentena obligatoria de 19 días para controlar la propagación de la pandemia que ya ha dejado más de 1.000 casos de contagio.
“Durante estas últimas semanas se han venido registrando de manera permanente hostigamientos a los municipios del norte del Cauca, especialmente en Toribío”, dijo a Efe el consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias.
Arias agregó que desde sus viviendas, las comunidades escuchan “ráfagas de disparos que al parecer son por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos de las insurgencias”.
Al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa, entre ellos 13 de sus autoridades, fueron asesinados el año pasado en el convulso departamento del Cauca, según un informe publicado en febrero por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“En medio de las medidas de confinamiento continúan los asesinatos y persecuciones por parte de grupos armados irregulares. Es una situación recurrente que sucede en todo el país”, denunció Jacanamejoy.
El consejero mayor de la ONIC aseguró que “esta situación pone en grave riesgo, sobre todo, a la Guardia Indígena que es la que está ubicada en todos los puntos de control en los resguardos indígenas para contener la propagación del COVID-19”.
Por eso insistió en el llamado a los grupos armados para que cesen las hostilidades contra estas comunidades y así ellos puedan “dedicarse a contener el ingreso de la pandemia a los territorios”.
“El genocidio contra los pueblos indígenas se ha convertido en la peor pandemia nuestra en estos últimos años”, denunció el consejero mayor.
Hacinamiento en Cúcuta
La ONIC también denunció que una comunidad del pueblo Yukpa, asentada en el barrio El Escobar de la ciudad fronteriza de Cúcuta, se encuentra en alto riesgo de propagación tras confirmarse dos casos positivos de coronavirus en su seno, situación agravada por el hacinamiento de unas 250 personas.
Por las condiciones de hacinamiento en las que viven cientos de habitantes en la capital del departamento de Norte de Santander, el Ejército militarizó el miércoles una barriada de la capital para garantizar el cumplimiento de la cuarentena nacional y controlar el ingreso de migrantes por las trochas informales en la región.
Los indígenas Yukpa, reconocidos por la Corte Constitucional como víctima colectiva del conflicto armado, han migrado de sus asentamientos, ubicados en la Serranía del Perijá, a esta parte de la frontera colombovenezolana por razones humanitarias.
“Estamos muy preocupados porque esta es una comunidad indígena de una condición de vulnerabilidad extrema, una condición que de por sí ya venía con una situación de salud precaria”, dijo a Efe Luis Fernando Arias.
Las autoridades indígenas estiman que 115.774 familias en 16 departamentos son susceptibles de ser afectadas si continúa el patrón de contagio del virus en el país, razón por la que reclaman al Gobierno priorizar las medidas en sus comunidades y evitar que el coronavirus sea otra de sus múltiples amenazas.
