De los nueve hijos de Carmen, dos fueron asesinados. Uno de ellos murió cuando regresaba de una faena de pesca. El otro, dice ella, “debe estar muerto porque lo desaparecieron en diciembre pasado y fue como si la tierra se lo hubiera tragado”.
Su drama lo cuenta sentada en un pasillo de la casa de encuentro Heriberto Correa Reyes, de la Diócesis de Buenaventura, adonde llegó el pasado 18 de septiembre con sus hijos y otras 17 familias que fueron desplazadas tras el enfrentamiento de las Farc con un grupo al que los lugareños llaman “paramilitares”, en el barrio Alberto Lleras Camargo, de la Comuna 3 de Buenaventura.
Carmen habitaba una calle de esta comuna conocida como La Fortaleza, hoy desolada por la disputa territorial entre estas dos agrupaciones ilegales. Ella no sabe cuál, pero cree que uno de los dos bandos le arrebató a sus hijos. La Fortaleza es vecina del barrio Lleras que le roba terreno al mar. Sus 47 palafitos son de tablas y plásticos, y para acceder a ellas hay que serpentear sobre “andenes” de tres o cuatro listones, casi todos podridos.
En el barrio Lleras ocurrieron 120 homicidios entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2011.
Cuarenta y cuatro de estas endebles viviendas quedaron abandonadas el pasado 16 de septiembre cuando presuntos milicianos de las Farc ingresaron a ellas y las ocuparon por la fuerza durante dos días. Luego, cuenta Carmen y otros afectados, un grupo de paramilitares se enfrentó con los milicianos, los sacaron y tomaron posesión de las casas, despojando nuevamente a sus dueños. Los echaron del barrio acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Sólo tres habitantes se resistieron a salir a pesar de las amenazas de muerte que han recibido.
“Esa noche la violencia fue tal que no hubo muertos gracias a que todo el mundo salió corriendo sin llevar consigo ni siquiera la ropa. Entraron con machetes y fusiles y acabaron con todo”, recuerda Carmen. Colchones, camas, armarios, ropas, enseres, electrodomésticos: lo que no fue robado, fue quemado o destrozado a machetazos.
Esta barbarie fue documentada en un informe elaborado por una misión de verificación integrada por la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Buenaventura, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN). La misión escuchó en La Fortaleza graves denuncias de violación de los derechos humanos y de posible connivencia entre paramilitares y la fuerza pública.
El comandante de la Policía de Buenaventura, coronel Héctor Triviño, dice que sus hombres hicieron un procedimiento en La Fortaleza para capturar a unos presuntos milicianos, quienes luego quedaron en libertad -no especificó por qué- y que hay allí un trabajo de inteligencia que busca capturar a quienes están alterando el orden público.
Esa zona tiene presencia del Frente 30 de las Farc y de una agrupación conocida como ‘La Empresa’. Es una banda conformada por unos 250 hombres que delinque en el puerto para “Los Hermanos Comba”. “La mayoría de los cabecillas son ex paras”, reveló un investigador. Está enfrentada con miembros del Frente 30 de las Farc y algunos milicianos del Frente Manuel Cepeda, por las rutas de cocaína. “Esta guerra entre la gente de ‘Los Comba’, que se libra también en Cali y el norte del Valle; en Buenaventura tiene tintes aún más complejos, porque aquí se trabaja para el mejor postor y hay casos de ex guerrilleros que se volvieron paras o al revés”, expresó el coronel.
El sacerdote Agustín Herrera, director de la casa de encuentro Heriberto Correa Reyes, mostró su preocupación porque en medio de esta disputa las mujeres, quienes son consideradas el trofeo que hay que alcanzar, son las principales víctimas. El religioso relata el caso de una niña de 14 años de La Fortaleza, acosada sicológica y sexualmente por miembros de los bandos en confrontación. “La niña y su madre finalmente fueron obligadas a salir de su casa”, dijo el padre Herrera.
Y así también lo señala la madre de la menor, quien contó que estaba en su casa con su hija cuando encapuchados entraron con machete en mano y con palabras tan hirientes como los jalones de pelo que les dieron, mientras el mar golpeaba las tablas que forran esas dos piezas donde ella y su hija comían, dormían y cocinaban. “Estuvimos a punto de morir”, recuerda.
La zona tiene presencia del Frente 30 de las Farc y de una agrupación conocida como ‘La Empresa’.
Según cifras de la Personería Distrital, este año 494 familias (unas 1.976 personas) han declarado su condición de desplazados en Buenaventura. Según la personera Ingrid Arroyo, este registro incluye a los desplazados “gota a gota”, aquellos que por amenazas o por otras dinámicas del conflicto salen de sus barrios en grupos pequeños o por familias.
Las víctimas de La Fortaleza se niegan a regresar, pese a la insistencia de la Alcaldía. “Si volvemos nos matan”, dice Olga, otra de las afectadas. La mujer y el resto de los desplazados de esa calle dicen que sus victimarios se aposentaron en sus viviendas y los amenazaron para que no regresaran.
De los 120 homicidios ocurridos en Buenaventura entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2011, al menos 20 tuvieron lugar en el barrio Lleras. Es tal el miedo de estos desplazados, afirma el padre Agustín Herrera, que han rechazado el apoyo de la administración distrital para que retornen a sus hogares. “Son muchas violencias las que enfrentan estas personas. Creo que la mayor de todas es la miseria en la que viven, las deplorables condiciones de salubridad”, dice el sacerdote.
Olga asegura que, a pesar de vivir allí y en semejantes condiciones desde hace más de 30 años, los habitantes deben pagar por los servicios de agua, luz, alumbrado público, recolección de basuras y alcantarillado, que no se prestan.
Pero los hombres armados no solo asedian el barrio Lleras. La Inmaculada, un asentamiento de la Comuna 5 de Buenaventura ha sido golpeada por los violentos. Un segundo informe elaborado por la Defensoría del Pueblo relata la manera como están intrincados Farc y los paramilitares una disputa a muerte que golpea a los ciudadanos del común. “En cuanto los guerrilleros salieron, los paramilitares entraron a las tres viviendas y las desvalijaron. Botaron la ropa y los enceres al mar y desbarataron las paredes para buscar unas supuestas armas; amenazaron de muerte a los propietarios de las viviendas acusándolos de colaborar con la guerrilla y los desplazaron. Las viviendas fueron destruidas”.
La sensación de temor generalizada obligó a los pobladores del barrio a mantenerse encerrados en sus casas durante tres días, sometidos a limitaciones alimenticias y de comunicación y a soportar el sonido de la balas por los enfrentamientos que continuaban en las calles. 14 familias fueron desplazadas y siete viviendas destruidas. Los pobladores fueron afectados emocional y sicológicamente, en especial personas de avanzada edad y niños y niñas quienes por temor desistieron de regresar a las aulas.
Cinco personas, que habían sido reportadas como desaparecidas, fueron encontradas muertas flotando en las zonas de bajamar entre enero y septiembre. Varios de los cadáveres tenían muestras de violencia y tortura, según la Policía.
La iglesia católica, en cabeza del obispo Héctor Epalza no se cansa en llamar a frenar la violencia. Todos coinciden en que la presencia y acciones de las organizaciones armadas ilegales van en aumento en Buenaventura. Los pobladores del Lleras y La Inmaculada son unos de los que más sufren, a quienes les siguen robando la vida, la paz y las viviendas a sus pobladores.
*Reporteros de Colombia es una iniciativa de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el CINEP/Programa por la Paz. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. www.reporterosdecolombia.net
