La ex fiscal delegada ante la Corte Ángela María Buitrago reconstruyó al detalle lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 y tomó decisiones drásticas. Revisó más de 1.500 horas de imágenes y audios de noticieros de televisión y radio, así como decenas de archivos fotográficos de los periódicos que formaban parte de la hoja de ruta con que descifró las claves que encerraban los misterios del Palacio de Justicia. El expediente le llegó accidentalmente, pero ella decidió quitarle la venda a este traumático hecho de la historia del país.
Una mujer que antes de llegar a la Fiscalía en 2005, en la época de Mario Iguarán, era una abogada litigante y profesora de Derecho penal y probatorio de la Universidad Externado, cuyo hobby era cantar, como lo hacía desde que era una niña en el colegio Calasanz Femenino, donde hizo el bachillerato. De su abuelo Mario Ruíz, quien fue senador y embajador en Roma, debió de llegarle su interés por el sector público y su compromiso con las causas que asumiera. Y así lo hizo sin pensar en las consecuencias políticas de sus decisiones cuando acusó al gobernador de Meta Edilberto Castro, al ex director de Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, al ex director del DAS Jorge Noguera y a unos cuantos políticos comprometidos con paramilitares.
Pero el del Palacio de Justicia, un caso vivo en la memoria colectiva pero dormido en los estrados judiciales, fue su gran desafío. Durante horas enteras revisó las imágenes de televisión, entre las que se encontraban aquellas que enfocaban el reloj de la Catedral Primada de Bogotá marcando la hora exacta de los sucesos. Las repetía y volvía a ver intentando identificar a los ex trabajadores del Palacio, los ex magistrados y las empleadas que servían los tintos, en un esfuerzo por ubicar con precisión quiénes entraban y quiénes salían de la edificación. En los videos Buitrago vio salir del Palacio a personas que, de manera extraña, aparecieron muertas dentro de la propia edificación o en la morgue de Bogotá.
Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años de cárcel por las ordenes que dio como Coronel hace 27 años.
La información judicial que existe alrededor de la toma por el M-19 y la retoma del Palacio por las fuerzas militares se le debe Ángela Buitrago. Entró en las guarniciones militares para investigar decenas de documentos que se hallaban casi tirados en el piso y ordenó una inspección judicial a la casa y la oficina del ex coronel Alfonso Plazas Vega, quien como director de la Escuela de Caballería lideró la retoma del Palacio.
Allí aparecieron los rastros de acciones militares dirigidas por él que se convirtieron en pruebas clave para deshilvanar la secuencia de los hechos y que la llevaron a descubrir la responsabilidad del coronel y la cúpula del Ejército de la época en la desaparición de once personas que salieron con vida de la edificación. La bitácora de las acciones de la Escuela de Caballería al mando de Plazas, videos con escenas de integrantes del Ejército disparando al Palacio, incluidos los cuatro Rockets que ocasionaron varias muertes de civiles. Con ellos se resolvía la incógnita del incendio que se produjo en la noche del 6 de noviembre en la biblioteca de la Corte, ocasionado por un error del Ejército, que lanzó un proyectil explosivo en vez de uno perforador.
Los investigadores encontraron además un informe con fecha del 11 de noviembre de 1985 que indicaba que algunos rehenes habían salido con vida del Palacio a las 12:30 del fatídico 7 de noviembre, cuya versión iba en contravía con los informes oficiales que se habían divulgado y que el país conocía. Plazas Vega había guardado con esmero todo ese material, tal vez como recuerdo de lo que para él constituía un éxito militar, sin calcular que 25 años después se convertirían en piezas procesales contra sí mismo.
Esto dijo el coronel Plazas Vega después de la retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985.
Fue la fiscal Buitrago quien construyó judicialmente el emblemático caso de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado a quien su esposa, Ana María Bidegain, y un grupo de sus amigos cercanos entre los que se encontraba el periodista Germán Castro Caycedo, identificaron cuando salía con vida del Palacio, saltando en su pie derecho y bajo custodia militar.
La fiscal escudriñó, incluso, en los archivos personales de Plazas Vega, donde encontró un informe de la sección de Caballería del Ejército que revela la entrada a Palacio de un grupo de contraguerrilla, cosa que siempre fue negada por los militares. El dato resultaba revelador porque ese grupo guardaba relación con el B2, famoso grupo de inteligencia del Ejército que al parecer llevó a los desaparecidos a la Escuela de Caballería, donde fueron torturados.
Esa fue la clave para encausar la investigación que terminó comprometiendo al coronel Plazas Vega. En julio de 2007, Buitrago lo acusó por el crimen de los desaparecidos. Y tiempo después llegó lo impensable: dictó medidas de aseguramiento a los generales Iván Ramírez y Jesús Armando Arias Cabrales, lo mismo que al mayor retirado Fernando Blanco, el capitán Óscar William Vásquez y los sargentos Ferney Causallá y Antonio Jiménez Rubay, con lo cual cerró el caso. Sin embargo, le pesa una única frustración: no haber logrado que su equipo investigador ubicara los restos de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
La ex Fiscal Ángela María Buitrago aspira a ser elegida personera de Bogotá. Tiene el respaldo del Partido Verde.
El esfuerzo de investigación de la ex fiscal Buitrago, que acaba de ratificar una vez más el Tribunal Superior de Cundinamarca, terminó castigado por su superior de entonces, Guillermo Mendoza Diago, cuando de manera inesperada le solicitó su renuncia señalándola de haber entregado precarios resultados judiciales frente al cúmulo de procesos que tenía a su cargo.
Buitrago no dijo nada. Regresó con discreción a su oficina de abogada litigante en un vetusto edificio del centro de Bogotá que ha ocupado durante 17 años y donde la encontraron un grupo de colegas suyos que la animaron a presentarse como candidata a la personería de Bogotá. Una entidad que reclama una mano férrea después del fracasado paso de Francisco Rojas Birry, quien ejerció con laxitud el control disciplinario de la alcaldía del destituido Samuel Moreno Rojas. Ángela María Buitrago no piensa hacer nada distinto de presentar su hoja de vida y responder las preguntas de los concejales del Distrito. Ni lobby ni intrigas ni promesas, sino con rectitud, el único comportamiento que conoce.
