El diagnóstico del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, es dramático: “la aplicación de la justicia es caótica, estamos en una verdadera Torre de Babel”.
En respuesta a la situación, ha emprendido un gran rediseño al interior de la entidad, para enfrentar con eficiencia la violación de los derechos humanos, la Ley de Justicia y Paz y la guerra contra la corrupción.
Habrá un giro importante en la orientación de las investigaciones, unas directivas muy claras de cómo deben funcionar los preacuerdos, el principio de oportunidad, todos estos mecanismos de lo que se ha llamado “justicia negociada”.
El Fiscal Eduardo Montealegre quiere hacer una rápida reingeniería en el ente acusador
¿Hay laxitud en el castigo?
Creo que ha habido un tratamiento caótico. No hay una unificación de criterios, por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la aplicación de justicia, en el tema de acuerdos, preacuerdos y principio de oportunidad.
El ciudadano tiene derecho a que los fiscales y los jueces interpreten unificadamente la ley. No puede ser que un fiscal tenga una interpretación y en el mismo caso, otro juez interprete de manera distinta. Ese sistema de funcionamiento viola la Constitución, porque consagra privilegios. Vamos a expedir unas directivas muy claras sobre cómo deben manejarse los acuerdos, los preacuerdos, las sentencias anticipadas, el principio de oportunidad, con unos criterios generales.
¿Hay ruedas sueltas en la Fiscalía?
Yo no diría que hay ruedas sueltas. Pero sí creo que debemos avanzar en criterios que unifiquen la interpretación de instituciones fundamentales, sin irrespetar la autonomía de cada fiscal en cada caso. Nunca en el derecho hay fórmulas matemáticas. El derecho no es una lógica. El derecho, fundamentalmente es hermenéutica, interpretación de la ley. Y habrá un margen de discrecionalidad del funcionario al momento de aplicar en los casos concretos.
¿Cada quien aplica los castigos a su manera?
Hay grandes diferencias de interpretación, no solamente al interior de la Fiscalía sino también con los jueces de control de garantías, que han cumplido una labor muy importante. Ellos son el juez constitucional dentro del proceso penal.
Uno de los grandes defectos que tiene el sistema acusatorio, que ha sido un gran avance que yo defiendo, es esa dispersión de criterios en la interpretación de la ley. Insisto en que el ciudadano tiene derecho a que un mismo caso se resuelva con los mismos derechos de interpretación, cualquiera que sea, desde que sean razonables y le garanticen al ciudadano la igualdad.
¿Dónde se concentra el tratamiento caótico de que hablamos?
Hay diversidad de interpretaciones al interior de la Fiscalía, al interior de los jueces y fundamentalmente al interior de los jueces de control de garantías. La rama Jurisdiccional no se ha apropiado lo suficiente del rediseño constitucional de la Carta del 91. Hay caos en la interpretación de criterios, en muchas formas de la aplicación de justicia.
No es concebible que la suerte de un ciudadano la estemos echando a los dados, dependiendo de a qué fiscal o juez le toque interpretar la ley. Hoy tenemos mucho caos. Todavía no hemos logrado que se decante el sistema acusatorio, para que transitemos por unas mismas vías de interpretación.
¿Cuántos fiscales tiene la institución? ¿Cómo es el aparato de la Fiscalía?
La Fiscalía General de la Nación, tiene cerca de 24 mil funcionarios. De esos 24 mil, son cerca de 200 o 250, no sé la cifra exacta, de libre nombramiento y remoción. Los demás, son funcionarios de carrera.
¿Una Torre de Babel?
En la interpretación de la ley sí es una Torre de Babel. Creo que la Fiscalía debe seguir avanzando en su reorganización. Como dice el poema “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.
¿Quiénes son responsables del caos de que hablamos?
El país implementó hace cerca de 10 años un sistema acusatorio, que no estaba afianzado o arraigado en la cultura jurídica colombiana. Estamos hablando de una convergencia entre dos formas de pensamiento, dos culturas jurídicas distintas. Obviamente esa nueva implantación de figuras jurídicas que no pertenecían a nuestra cultura, ha creado una verdadera torre de babel.
¿Qué reparos tiene a la reforma a la justicia que cursa en el Congreso?
Me parece que hay dos temas que no son afortunados en la reforma a la justicia. El primero, el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado como los Magistrados de las Altas Cortes, el Procurador, el Contralor, e incluso el Fiscal General de la Nación, porque ese diseño afecta la garantía institucional de la independencia judicial. Me parece que en ese punto no es acertado.
¿Por qué es tan sensible la epidermis de los militares, cuando les dicen que los van a investigar en la Fiscalía?
Creo que ha hecho falta una clara delimitación de ámbitos de competencia entre la Fiscalía y la justicia penal militar. Yo soy partidario de que las graves violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, crímenes durante el conflicto, deben ser siempre competencia de la Fiscalía y de la justicia ordinaria. También soy partidario de que lo que es propiamente violaciones al DIH, es decir, la típica muerte de alguien, actor del conflicto en un combate legítimo por la fuerza pública y sin que existan extralimitaciones en el ejercicio de esa función, que esos hechos sí sean determinados por la justicia penal militar.
