Hasta hace una semana estaba claro que el candidato que representaría el gobierno colombiano para ser juez de la Corte Penal Internacional sería el expresidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez. La canciller, María Ángela Holguín, le había pedido la hoja de vida a tres juristas: Camila Botero, actual relatora de la OEA para la Defensa de la Libertad de Expresión; Eduardo Cifuentes, exmagistrado de la Corte Constitucional, y Augusto Ibáñez, magistrado de la Sala Penal. Santos hizo las primeras movidas para buscar esa posición para Colombia en la reunión de la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York.
La balanza se inclinaba a favor de Ibáñez, el único penalista de la terna, quien tiene un gran reconocimiento internacional. De hecho, participó en la redacción del Estatuto de Roma, que le dio origen a la Corte penal Internacional. El único obstáculo de Ibáñez en la carrera hacia la candidatura tenía nombre propio: Álvaro Uribe Vélez. Sus enfrentamientos fueron de público conocimiento. Era claro que Uribe haría lo que estuviera en sus manos para impedir su postulación, una decisión exclusiva del resorte presidencial.
Lo más seguro es que el presidente Juan Manuel Santos haya optado por no casar una nueva pelea con Uribe, quien siempre ha visto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en especial a los de la Sala Penal, como amenazas. Lo cierto es que Santos no se la jugó por Ibáñez, decisión que puede costarle el puesto a Colombia en la Corte Penal Internacional, ya que por más calidades que tenga Cifuentes, le falta lo más importante para ejercer este cargo: ser penalista.
