Matías y Joaquín juegan descalzos alrededor de un improvisado pesebre ubicado debajo del puente de la calle 116 con carrera novena, en un exclusivo sector del norte de Bogotá. Allí comparten ese espacio con otros 52 niños y 68 adultos, provenientes de Meta, Casanare, Sucre, Nariño y Putumayo, caracterizados por la afluencia de grupos armados al margen de la ley.
“Me gustaba más cuando estaba en el campo, pero acá tengo más amigos”, dice uno de los niños, quien desde hace dos meses vive con su hermano de siete años y su mamá en una pequeña carpa.
En un principio eran mirados con recelo por los habitantes del sector pero poco a poco se han ganado la generosidad de quienes llaman "los ricos". “Ellos tienen dinero y no por eso deben ser considerados como malas personas”, advierte Pedro Nel Cardona, representante de Asociación de Campesinos Víctimas del Conflicto, líder de la toma.
Los adultos tratan de rezar la novena, propiedad de los niños. Cardona dice que mientras esta época es la más feliz para el resto de los colombianos, con un suspiro, dice, “para nosotros no hay Navidad, hay dolor de patria campesina”. Explica que decidieron escoger esa zona por su cercanía con la sede diplomática de la Unión Europea. “Aquí todas las embajadas quedan cerca y es un espejo de lo que es la realidad nacional”.
Además advierte que se encuentra amenazado y que actualmente en el país existen seis millones de víctimas. Sostiene que no entiende por qué en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba, no se ha permitido la vocería ni representación de las víctimas del conflicto.
Otra de las niñas del lugar, Mariela, de 16 años, cuenta que le tocó salir de San Agustín, Huila, después que fuera asesinado su hermano y recibiera amenazas para que no se denunciara el hecho. Dice que jamás pensó que tuviera que vivir así por dos meses. Su familia tiene una finca y podía vivir ahí cómodamente.
Promesas incumplidas
La niña dice que el Gobierno no ha cumplido sus promesas de darles un lugar dónde vivir y un sustento para mantenerse fuera de sus lugares de origen. Muchas de las personas que se encuentran ahí tuvieron que huir para no permitir que los menores de edad fueran reclutados por lo grupos armados ilegales. “A mí me raptaron en Honda, Tolima, un niño de 9 años”, dice Esteban Sánchez, mientras muestra la foto de su hijo. Aún espera saber dónde está o por lo menos qué le pasó.
Diariamente reciben tres comidas dadas por la Alcaldía de Bogotá y además tres veces por semana se acercan estudiantes de licenciatura de la Universidad Pedagógica a realizar actividades recreacionales y académicas a los niños para que su formación no se vea alterada.
Los desplazados se asean con agua que les regala la gente del sector y otros aprovechan una pequeña fuente de agua. Aseguran que no se irán del lugar hasta que el Unidad de Protección a Víctimas les cumpla lo que les prometió cuando denunciaron los hostigamientos por parte de los grupos armados y tuvieron que abandonar sus tierras.
Las carpas en las que viven en su mayoría fueron donadas por empresas del sector como Presto y Direct TV. Pedro Nel sostiene que no cree en el proceso de paz por dos razones: no admite la participación de las víctimas y siempre existirán ramificaciones de grupos subversivos. “En el proceso con las paras, ahora son Rastrojos, Los Ubareños y demás. Con la guerrilla va a ser similar”, dice Cardona.
El grupo de personas indica que el gobierno no ha hecho efectiva la Ley de Víctimas y que les han incumplido en temas como el acceso a créditos para vivienda, educación y restitución de tierras. “No hemos recibido ningún beneficio, no hay reparación integral, ni indemnizaciones por vía administrativa”, afirmó Cardona.
Antes de la toma, la mayoría de las personas vivía en el barrio Patio Bonito. No obstante, aseguran que el Gobierno les incumplió por más de un año luego de dar sólo 600.000 pesos por familia. Les cerraron unos comedores comunitarios, no les entregaron los subsidios para vivienda, que tampoco cuentan con cupos escolares para sus hijos en los colegios del sector y que los procesos para restitución de tierras se encuentran paralizados.
En noviembre pasado la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) señaló que han atendido a estas personas desde que iniciaron el plantón, los desplazados aseguran que sólo han revivido más promesas incumplidas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Cardona, pese a que está amenazado por su liderazgo entre los campesinos, no tiene ninguna protección del Estado.
Trata de descansar sólo de día, porque teme ser asesinado en la noche mientras duerme. Por ahora los desplazados siguen debajo del puente en el exclusivo sector. “Nos quedaremos hasta que seamos escuchados y atendidos”, finalizó Cardona.
Promesas incumplidas
La niña dice que el Gobierno no ha cumplido sus promesas de darles un lugar dónde vivir y un sustento para mantenerse fuera de sus lugares de origen. Muchas de las personas que se encuentran ahí tuvieron que huir para no permitir que los menores de edad fueran reclutados por lo grupos armados ilegales. “A mí me raptaron en Honda, Tolima, un niño de 9 años”, dice Esteban Sánchez, mientras muestra la foto de su hijo. Aún espera saber dónde está o por lo menos qué le pasó.
Diariamente reciben tres comidas dadas por la Alcaldía de Bogotá y además tres veces por semana se acercan estudiantes de licenciatura de la Universidad Pedagógica a realizar actividades recreacionales y académicas a los niños para que su formación no se vea alterada.
Los desplazados se asean con agua que les regala la gente del sector y otros aprovechan una pequeña fuente de agua. Aseguran que no se irán del lugar hasta que el Unidad de Protección a Víctimas les cumpla lo que les prometió cuando denunciaron los hostigamientos por parte de los grupos armados y tuvieron que abandonar sus tierras.
Las carpas en las que viven en su mayoría fueron donadas por empresas del sector como Presto y Direct TV. Pedro Nel sostiene que no cree en el proceso de paz por dos razones: no admite la participación de las víctimas y siempre existirán ramificaciones de grupos subversivos. “En el proceso con las paras, ahora son Rastrojos, Los Ubareños y demás. Con la guerrilla va a ser similar”, dice Cardona.
El grupo de personas indica que el gobierno no ha hecho efectiva la Ley de Víctimas y que les han incumplido en temas como el acceso a créditos para vivienda, educación y restitución de tierras. “No hemos recibido ningún beneficio, no hay reparación integral, ni indemnizaciones por vía administrativa”, afirmó Cardona.
Antes de la toma, la mayoría de las personas vivía en el barrio Patio Bonito. No obstante, aseguran que el Gobierno les incumplió por más de un año luego de dar sólo 600.000 pesos por familia. Les cerraron unos comedores comunitarios, no les entregaron los subsidios para vivienda, que tampoco cuentan con cupos escolares para sus hijos en los colegios del sector y que los procesos para restitución de tierras se encuentran paralizados.
En noviembre pasado la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) señaló que han atendido a estas personas desde que iniciaron el plantón, los desplazados aseguran que sólo han revivido más promesas incumplidas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Cardona, pese a que está amenazado por su liderazgo entre los campesinos, no tiene ninguna protección del Estado.
Trata de descansar sólo de día, porque teme ser asesinado en la noche mientras duerme. Por ahora los desplazados siguen debajo del puente en el exclusivo sector. “Nos quedaremos hasta que seamos escuchados y atendidos”, finalizó Cardona.
